El sacerdote Mario Orantes Nájera, de 48 años, condenado en 2001 a 20 de cárcel por el delito de “ejecución extrajudicial en grado de complicidad” por el asesinato del obispo Juan Gerardi, recuperará la libertad cerca de la medianoche de este viernes, tras ser beneficiado por la figura de redención de penas, que permite la excarcelación de los reos que hayan cumplido la mitad de su condena y acreditado buena conducta. Orantes, que este viernes por la mañana recibió la notificación de su liberación, reiteró su inocencia por la muerte del obispo y anunció que hablará con el arzobispo primado de Guatemala, Julio Vian, para ser incardinado a alguna parroquia y poder ejercer su ministerio. En relación al firme rechazo a su libertad expresado por la Organización de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), fundada por el malogrado obispo Gerardi, Orantes dijo que todos debemos respetar la ley y que la ODHA, que ejerció como acusación particular en el juicio, “no tiene nada que decir al respecto”. Por el asesinato del obispo Gerardi fueron condenados también tres militares: el coronel Byron Lima Estrada, de 78 años; su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, de 42, y el sargento, Obdulio Villanueva. Este último fue señalado como presunto autor material y murió decapitado en prisión el 12 de febrero de 2003, durante un motín protagonizado por las violentas pandillas juveniles conocidas como maras. Tras la liberación de Orantes, ya sólo permanece en prisión el capitán Lima Oliva. Su padre, el coronel Lima Estrada, recuperó su libertad en julio pasado tras acogerse, igualmente, a la figura de redención de penas. Orantes era coadjutor de Gerardi en la parroquia de San Sebastián, donde el prelado murió a golpes el 26 de abril de 1998. Dos días antes de su brutal asesinato, el obispo presentó su informe Guatemala: nunca más, una investigación sin precedentes de los crímenes ocurridos durante la guerra civil que ensangrentó este país centroamericano entre 1960 y 1996. De acuerdo al estudio, que documenta 54.000 casos de graves violaciones a los derechos humanos, el Ejército y los grupos paramilitares habían cometido el 90% de los crímenes. El templo de San Sebastián, en el centro histórico de la capital guatemalteca, se ubica a escasos 200 metros de la sede del desaparecido Estado Mayor Presidencial, cuerpo militar que de encargado de velar por la seguridad del presidente y su familia, degeneró a policía política encargada de la eliminación de reales o supuestos “enemigos del régimen”. El asesinato de Gerardi está considerado el primer crimen político de la posguerra guatemalteca y tanto la Iglesia Católica como los grupos humanitarios consideran que los autores intelectuales siguen impunes. Lissette Garcia RosasSinEspinas