Los ecos de la tragedia de Iguala han llegado a la ONU. El Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, en su último informe sobre México, lanza un varapalo a las investigaciones “tardías y deficientes” emprendidas por la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014. En una inesperada vuelta de tuerca, la ONU pide un “replanteamiento general” de las pesquisas en consonancia con el análisis de un grupo internacional de expertos que ha puesto en duda las tesis oficiales. Como remate, el informe solicita que se permita a dichos especialistas interrogar a los militares presentes esa noche en Iguala, un punto rechazado por el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto y que es visto como una agresión por el intocable estamento militar mexicano.

México es una tierra poblada de espectros. Más de 23.000 desaparecidos desde 2006 han convertido al país en una enorme tumba sin nombre. Y los intentos de cerrarla no han funcionado. “La impunidad generalizada perdura como un patrón crónico y favorece la perpetración de desapariciones forzadas”, sostiene Naciones Unidas.
A lo largo de 300 páginas, el comité revisa los trabajos iniciados y prometidos por el Estado mexicano desde que en 2011 giró visita al país. El resultado es desolador. Aunque advierten algunos avances, los expertos de Naciones Unidas sostienen que prevalece la misma “situación deteriorada” que hace cuatro años. No hay, a su juicio, un diagnóstico ni una admisión del problema al más alto nivel. “Esta falta de reconocimiento cabal se evidenció de manera cruda con la desaparición de forzada de 43 estudiantes normalistas de Iguala en septiembre de 2014 y las investigaciones tardías y deficientes que le siguieron”, destaca la ONU, antes de entrar de lleno en la última y feroz polémica en torno a este caso y que tiene como protagonista al Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Internacional de Derechos Humanos.

Estos especialistas, tras una revisión de seis meses, no solo han solicitado la apertura de nuevas líneas de investigación, haciendo tambalear el cierre del caso, sino que han detonado una bomba de relojería al asumir el trabajo de un perito internacional, el peruano José Torero, que niega que en el basurero de Cocula se hubiese incinerado a los normalistas, tal y como sostiene la Procuraduría General de la República. Esta conclusión tiene efectos sísmicos. La hoguera de Cocula es el punto conclusivo de las confesiones de los sicarios detenidos. Pero si no hubo tal fuego, sus declaraciones tampoco serían ciertas, por lo que, como en un árbol contaminado, colapsaría el núcleo de la versión oficial.

Ante esta andanada, los investigadores de la Procuraduría se han mantenido firmes. Aunque sin hacerlo público por la orden presidencial de evitar cualquier crispación en un caso de alta volatilidad emocional, en privado sostienen que sus conclusiones vienen avaladas por 487 informes periciales, 386 declaraciones, 114 detenidos, 95 líneas telefónicas intervenidas y un sinfin de registros. Es más, consideran que el dictamen del perito internacional parte de un supuesto, la necesidad de 800 kilos de madera para quemar un solo cuerpo, rechazado por colegas de más prestigio y fácilmente refutable.

Ante la polémica, el grupo de trabajo de la ONU, sin dejar de aplaudir la política de mano tendida de Peña Nieto, se ha alineado con sus colegas del GIEI y pide un “replanteamiento general” de la investigación de Iguala. En este contexto, también respalda que se permita interrogar al personal militar presente aquella noche en la ciudad, un punto de extrema sensibilidad y cuya sola mención levanta ampollas en un generalato poco acostumbrado a rendir cuentas al poder civil.

Con esta doble petición, la pelota se sitúa en la pista de Peña Nieto en un momento altamente delicado. La semana próxima se cumplirá un año de la matanza y las heridas abiertas por aquella tragedia aún no se han cerrado. Los padres rechazan la investigación oficial y las encuestas muestran que una mayoría de la población sigue escéptica. En un entorno de fuerte erosión, el Gobierno se enfrenta a su mayor enemigo: la desconfianza. Y a la constatación de que en Iguala, para muchos mexicanos, aún es noche.


Lissette García

RosasSinEspinas