El asesinato de un matrimonio de latifundistas, víctimas de un ataque incendiario en la localidad de Vilcún, a 680 kilómetros al sur de Santiago de Chile, ha instalado el conflicto indígena en su momento más complejo de los últimos cien años y el nivel de violencia del crimen, inédito en las últimas décadas, ha impulsado a la clase política a explorar un acuerdo nacional para frenar la disputa entre mapuches y agricultores por el control de las tierras de la región de la Araucanía.
Un grupo de encapuchados, que todavía no ha sido identificado, entró en la madrugada del viernes 4 de enero en la casa de la hacienda Lumahue. El predio pertenecía a Werner Luchsinger, de 75 años, y su esposa Vivian Mackay, de 69, miembros de una de las familias de terratenientes más reconocidas de la zona. El matrimonio estaba durmiendo en el segundo piso de la vivienda, según ha reconstituido la prensa local. El anciano enfrentó a los atacantes en la escalera, alcanzó a usar su arma de fuego y recibió un golpe que lo dejó inconsciente, de acuerdo a uno de los primos de la víctima. La mujer se hallaba en el dormitorio y alcanzó a llamar por teléfono a uno de sus cuatro hijos y a Carabineros para pedir ayuda. A los pocos minutos, sin embargo, ambos fallecieron por asfixia. Las primeras pericias establecieron que los atacantes vertieron líquidos combustibles y luego prendieron fuego.
“Es una barbarie incomprensible”, dijo José Andrés Luchsinger, uno de los hijos de las víctimas.
El Gobierno de Sebastián Piñera anunció querellas por la Ley Antiterrorista, una disposición polémica dictada en 1984, durante la dictadura, que castiga con penas altas algunos homicidios, secuestros, incendios y detonación de artefactos explosivos. “Los vamos a perseguir donde estén y no vamos a parar hasta encontrarlos”, señaló el ministro del Interior, Andrés Chadwick. Desde el día del crimen, se han registrado cinco nuevos atentados en la zona.
La aplicación de la ley ha generado un debate intenso entre el Ejecutivo y la oposición que —aunque condena el asesinato y también utilizó la normativa en casos de violencia en la Araucanía durante el Gobierno de Michelle Bachelet— considera un exceso invocarla en esta ocasión. “El Gobierno debe ser sensato y no caer en un frenesí represivo”, dijo el presidente de los socialistas, Osvaldo Andrade. La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fríes, consideró que recurrir a la Ley Antiterrorista “vulnera el debido proceso”. “Es la hora de la política, no de la guerra”, indicó.
El crimen de Vilcún, sin embargo, ha logrado que la clase política, al margen de las diferencias, haya comprendido la urgencia de encontrar soluciones definitivas al conflicto de la Araucanía que no ha podido ser resuelto por ningún gobierno en los últimos 20 años, pese a la consecutiva cesión de tierras a los mapuches. El lunes, en el Palacio de La Moneda, los presidentes de todos los partidos políticos se reunieron con Chadwick para buscar en conjunto una solución.
El doble crimen coincidió con la conmemoración del quinto aniversario de la muerte del activista mapuche Matías Catrileo y la policía encontró en la hacienda panfletos alusivos a su figura. El universitario, de 23 años, murió mientras participaba en la ocupación de la finca Santa Margarita de la familia Luchsinger. La justicia estableció que un carabinero que colaboraba en el desalojo le disparó por la espalda. Según la familia del joven muerto, es “irresponsable y racista que, sin contar con todos los antecedentes de cómo ocurrieron los hechos, se califiquen a priori como forma de reivindicación mapuche”.
De las 1.798 comunidades mapuches, 42 están en conflicto. Los indígenas reclaman las tierras ancestrales, derecho de agua, autonomía y, entre otras peticiones, la protección de sus lugares sagrados. Pequeños grupos radicales han incrementado sus acciones violentas en las últimas dos décadas para lograr que los actuales dueños de los predios vendan al Estado y, de esa forma, los terrenos se devuelvan a las comunidades indígenas. Los incidentes, según la información publicada por el periódico La Tercera, han aumentado entre un 76% en la región de la Araucanía entre 2009 y 2012.
La policía maneja vagas pistas sobre los autores del crimen. Los investigadores han detenido a dos sospechosos: Celestino Córdova Tránsito, de 26 años, y su hermano José, de 30. El primero, un curandero mapuche, fue sorprendido la misma noche del asesinato en una finca cercana y caminaba herido. De acuerdo a carabineros, Luchsinger le disparó antes de fallecer en el incendio. El segundo arrestado, según los fiscales, fue sorprendido en su vivienda con ropajes que lo vinculan con el atentado de Vilcún.
La principal organización radical, Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), negó el martes tener alguna vinculación con el asesinato y acusó a los responsables de “demonizar al pueblo mapuche en su conjunto y deslegitimar sus reivindicaciones”. La agrupación comandada por Héctor Llaitul, que cumple 50 días de huelga de hambre en prisión, recordó que algunos dirigentes de las localidades de Ercilla, Vilcún y Lleu Lleu abandonaron la CAM en 2010 y que, desde entones, “no existe relación política ni orgánica de dichas personas” con el grupo.
Los líderes de las comunidades mapuches también condenaron el ataque. “Todos tenemos derecho a recordar a nuestros seres queridos, en especial cómo murió Matías Catrileo, pero no cometiendo atentados donde hay vidas de por medio. Yo, como dirigente, lo rechazo”, señaló el portavoz de la comunidad Wente Wilcún Mapu, Luis Melinao. “Gran culpa de lo que ha pasado es del Estado”, añadió.
El historiador Jorge Pinto Rodríguez, especialista en el conflicto mapuche y Premio Nacional 2012, señaló que la situación de la Araucanía se remonta a 140 años atrás cuando “el Estado arrebató tierras que empobrecieron a las comunidades”. El académico de la Universidad de la Frontera explicó a radio Cooperativa que en las últimas cuatro décadas el problema se agudizó con la llegada de las trasnacionales que no lograron generar puestos de trabajo: “Es una región castigada y no ha podido levantarse”.
El profesor apuntó dos hechos cruciales para comprender lo que sucede en el sur de Chile: “Un discurso antiindigenista impresentable en el que impera una falta de respeto por la diversidad”. Sobre las tierras en disputa, que los agricultores defienden por conservar los títulos de propiedad, Pinto recalcó que “a comienzos de siglo fueron adquiridas por algunos terratenientes mediante procesos fraudulentos”.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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