El primer ministro portugués, el conservador Pedro Passos Coelho, ya avisó hace un mes: el Estado portugués —que sobrelleva un progresivo y creciente recorte de servicios desde hace un año y medio— va a tratar de ahorrar 4.000 millones de euros más al año a base de adelgazar la función pública. Para buscar ideas de dónde hacerlo, el Ejecutivo portugués pidió un informe al Fondo Monetario Internacional (FMI) que, hecho público este jueves, ha desencadenado la polémica (y el miedo) en la población lusa, ya hecha a cortes y ajustes constantes y repetitivos. Los técnicos de la institución radicada en Washington aconsejan, entre otras medidas, despedir funcionarios, aumentar el horario laboral para los empleados públicos, reducir (más) las prestaciones por desempleo y recortar (aún más) las pensiones. Solo de este modo, aseguran, se llegará a esos 4.000 millones de euros de ahorro que el Gobierno liberal de Passos Coelho considera necesarios para reformar el Estado a fin de que, a su juicio, la sociedad portuguesa sea eficiente y competitiva.
Para empezar, los especialistas del FMI aseguran que el sistema portugués de protección social “está dirigido desproporcionadamente a los más ricos y los más viejos”. Y añade: “Empuja a los trabajadores más jóvenes para fuera mientras mantiene a los más viejos dentro”. Y para solucionar eso propone que el subsidio de desempleo, que ahora en Portugal dura 26 meses y que ya ha sufrido recortes, tenga menos duración y que, a partir del décimo mes, se reduzca aún más hasta pasar a ser simplemente el pago de un subsidio social de poco más de 400 euros.
El FMI también recomienda reducir el salario de los funcionarios en una cuantía que puede oscilar entre el 3% y el 7%, y deshacerse de hasta 120.000 empleados públicos (de un 10% a un 20%), centrándose, sobre todo, en profesores, profesionales sanitarios y funcionarios de baja cualificación. Además, los técnicos del Fondo recomiendan acabar con la, a su juicio, discriminación que sufre el resto de asalariados, que trabajan 40 horas semanales, con respecto a los funcionarios, cuya jornada semanal es de 35. Naturalmente, la igualación es por arriba: todos trabajarán 40 horas.
A juicio del FMI, el pago por consultas médicas (implantado ya en Portugal) podría incrementarse hasta llegar al tercio del gasto que suponga la prestación correspondiente. Ahora mismo, ir a urgencias en un sanatorio o en un hospital de Lisboa cuesta 20 euros. Si el Gobierno aceptara la explosiva sugerencia del FMI esta consulta de urgencias llegaría a costar casi 50 euros, según explicaba hoy el Diário de Notícias, que añade que una mamografía puede llegar a costar 15 euros y una consulta de médico de familia quedaría en los diez euros.
Los pensionistas, que en su gran mayoría han visto volatilizarse sus pagas extras, aún se verán peor. A juicio del FMI, para empezar, hay que subir la edad de jubilación de los 65 a los 66 años, reducir un 20% lo recibido por los pensionistas de la función pública e igualar —por abajo, evidentemente— el sistema de pensiones de todos los trabajadores a fin de ahorrar.
El informe ha levantado una considerable polvareda mediática. La izquierda acusa al Gobierno de Passos Coelho de desmantelar concienzudamente y pieza a pieza el país, y de instaurar una sanidad que va a costar más que un mero seguro privado. El secretario de Estado portugués, Carlos Moedas, ha aclarado que el informe “muy bueno y muy bien trabajado” será estudiado por el Gobierno, lo que no quiere decir que comulgue o no con sus medidas concretas.
De cualquier manera, el Gobierno, que en febrero piensa presentar a la troika (Comisión Europea, Banco central Europeo y el propio FMI) su propio plan de ahorro, ya se ha apuntado un punto con la exposición pública del informe al conseguir un objetivo evidente: que el país entero debate ya de dónde recortar 4.000 millones y que, quiera o no, se vaya haciendo a la idea de lo que le espera.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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