La empresa Tanta Linen and Oils era considerada hasta 2005 una de las joyas del sector público industrial egipcio. Gracias a la fabricación de una amplia gama de productos, desde hilaturas de lino a aceites para pinturas, sus 1.500 trabajadores generaron aquel año unos beneficios de 2,3 millones de euros. Siete años después, sus fábricas ofrecen un imagen espectral. Todas cerraron sus puertas. Ultrajada por una privatización corrupta, descuartizada por un capitalismo mafioso, e ignorada por una revolución inacabada, las tribulaciones de esta compañía constituyen una metáfora de la historia reciente de Egipto.
“No sólo han acabado con una empresa modélica, y han arruinado las vidas de cientos de obreros, sino que han puesto a todo un sector de rodillas. Nosotros proporcionábamos bienes intermedios a buen precio a multitud de fábricas egipcias, sobre todo talleres textiles. La privatización fue un desastre”, denuncia el obrero Hisham Abu Zeit. Este sindicalista lideró a sus compañeros a una victoria improbable en su cruzada contra las redes clientelares del antiguo régimen.
Apenas dos años después de la adquisición de la compañía por un inversor saudí, la mitad de las plantas de producción fueron clausuradas, y el número de trabajadores se redujo a 750. Además, los obreros perdieron un 15% de su sueldo mensual —unos 80 euros—, pues estaba vinculado a unos beneficios empresariales en caída libre. Fue esta pésima gestión y no las convicciones de tipo ideológico lo que llevó a los obreros a movilizarse en 2009 para pedir su renacionalización, ocupando durante medio año la entrada de la Asamblea Popular. El Gobierno hizo caso omiso de sus peticiones, por lo que presentaron una demanda judicial.
“Finalmente comprendimos la lógica perversa del inversor. No estaba interesado en el progreso de la empresa. Pretendía ir cerrando plantas poco a poco, ya que su verdadero objetivo era vender los terrenos de las fábricas, situados en una zona urbana en crecimiento”, explica Abu Zeit.
Tanta Linen and Oils fue vendida por 83 millones de libras (unos 12 millones de euros), pero se estima que su valor real era al menos diez veces superior. Tan sólo el precio del terreno que ocupaba su edificio principal ascendía a unos 60 millones de libras.
“La naturaleza de las privatizaciones de la era Mubarak muestran hasta qué punto el sistema se había convertido en una cleptocracia en la que sólo prosperaban los funcionarios corruptos y aquellos inversores imbuidos de la cultura del pelotazo. Los trabajadores, la sociedad en su conjunto, siempre perdíamos”, remacha Abi Zeit, expulsado hace tres años del sindicato oficialista por su rebeldía.
Abu Zeit se cobró su venganza en el verano del 2010: un tribunal estimó que la privatización había sido fraudulenta, ordenó su renacionalización y condenó a dos años de cárcel al inversor saudí. El Gobierno de Mubarak se negó a acatar el veredicto, y en su lugar, ofreció a cada trabajador una compensación de 50.000 libras (unos 6.200 euros) a cambio abandonar sus reivindicaciones. El sindicato oficialista aceptó el acuerdo, pero Abu Zeit y otros ocho trabajadores se negaron, y presentaron una nueva demanda.
La dura lucha en los tribunales y en las calles, así como el contacto con activistas y abogados despertó la conciencia política de Abu Zeit. Para él, ya no sólo estaban en juego los derechos laborales de los obreros de la ciudad de Tanta, sino el futuro de un país entero que se hundía bajo el peso de “la corrupción de un banda de mafiosos”. En aquellas fechas, otros millones de egipcios llegaron a esa misma conclusión. En sus corazones estaban ya sembradas las semillas de la rebelión, que el 25 de enero haría brotar el célebre lema: “Dignidad, libertad, y justicia social”.
El furor revolucionario no llegó a la Tanta Linen and Oils, donde en enero del año pasado ya sólo quedaban 250 trabajadores, los más dóciles. No obstante, en septiembre de 2011, los tribunales reabrieron la pugna por el futuro de la empresa al concluir que el pacto patrocinado por el Gobierno era ilegal, insistiendo en que la compañía debía renacionalizarse.
“Este último medio año, el Gobierno no ha hecho nada para aplicar la sentencia. No es de extrañar, porque los mismos altos cargos que se embolsaron millones con las privatizaciones fraudulentas, continúan en sus puestos. Estamos en el limbo”, afirma con amargura Dalia Moussa, asistente de Jaled Ali, el abogado que defendió a los obreros de Tanta, y cuya popularidad le ha empujado al ruedo de las presidenciales.
De los cerca de 130 procesos judiciales contra privatizaciones ilegales, los tribunales ya se han pronunciado en siete, siempre dando la razón a los demandantes. Pero el hecho de que ninguno de sus veredictos se haya aplicado es un testimonio más de la debilidad de una revolución como la egipcia, que consiguió descabezar el antiguo régimen pero dejó intactos sus órganos vitales.
El Gobierno cuenta con el apoyo de algunos expertos que temen que el remedio legal a las privatizaciones fraudulentas aún empeore la delicada salud de la economía egipcia. “El Estado no tiene dinero para capitalizar estas empresas. En lugar de nacionalizarlas, sería mejor llegar a acuerdos con los inversores en los que se compense al Estado por las pérdidas sufridas, y se priorice la inversión para modernizar las empresas”, sostiene Mohamed Farid, empresario y fundador del partido neoliberal Egipcios Libres .
Además, Farid argumenta que la renacionalización podría ahuyentar la inversión extranjera en un momento en el que la economía egipcia la necesita como agua de mayo. Una vez más, la moral de la justicia revolucionaria choca con los fríos dictados del pragmatismo. El frenazo que supuso la Revolución para varios sectores económicos clave, sobre todo el turismo, ha llevado este año al país al borde de la recesión. Su déficit público se acerca al 9%, un porcentaje similar al español , y sus bonos tienen una calificación de B, sólo algún peldaño por encima de Grecia.
No obstante, lo más preocupante es la disminución acelerada de sus reservas de divisas. Para mantener a flote la libra, el Banco Central ha quemado la mitad de sus reservas en 2011, por lo que algunos economistas prevén que Egipto podría ser incapaz de sufragar sus vitales importaciones de cereales en otoño. Por esta razón, el Gobierno negocia con urgencia un préstamo con el FMI, así como fondos de ayuda bilaterales con las petromonarquías del Golfo.
Todos estos dilemas, intereses contradictorios, y luchas de poder son los que heredará el primer Gobierno civil que asuma el poder una vez concluida la transición, prevista para finales del mes de junio. Dalia Moussa se muestra escéptica: “Los Hermanos Musulmanes son capitalistas hasta los tuétanos, ellos no traerán la justicia social que nos robó el antiguo régimen”.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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