El presidente Enrique Peña Nieto y los líderes de los principales partidos políticos pusieron solemnemente fin el martes a la primera crisis del Pacto por México con la firma de un anexo al acuerdo que impide el uso electoral de los programas sociales. El añadido suscrito en el Palacio Nacional de la capital mexicana acaba con un impasse que comenzó hace más de tres semanas al anunciar el Partido Acción Nacional (PAN) su salida del pacto por el intento de compra de votos por parte del PRI en el Estado de Veracruz a través del programa Cruzada contra el Hambre, una de las iniciativas sociales más ambiciosas del nuevo Gobierno. El amago del PAN hizo que se suspendiese la presentación de la reforma financiera, que finalmente será anunciada la mañana de este miércoles.
Todos los líderes políticos celebraron este martes la vigencia del Pacto por México, su capacidad para llegar a acuerdos y el vigor de la democracia mexicana, pero los 11 compromisos firmados en el anexo —sobre limpieza, transparencia y equidad en los procesos electorales y sanciones para quienes violen estos principios— ya están recogidos en la Constitución y las leyes mexicanas. Lo que no ha impedido que las prácticas clientelares de los partidos formen parte de la cultura política nacional. Como dijo tras la firma el presidente del PRI, César Camacho Quiroz, “la evidencia demuestra que la tentación es la misma [para todos los partidos] y existen denuncias de todos los colores”.
Tras desvelar el escándalo de Veracruz el pasado 17 de abril, el PAN exigió la destitución de Rosario Robles, secretaria de Desarrollo social, y que se investigase la implicación de Javier Duarte, el gobernador priista de Veracruz. México celebra elecciones locales el próximo 7 de julio en 14 Estados. Días después el presidente echó leña al fuego al aconsejarle a Rosario Robles en un acto público que desoyese las críticas. “Rosario, no te preocupes”, le dijo.
El caso parece ahora cerrado, tras la destitución de siete funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y del secretario de Finanzas del Estado de Veracruz, y el Pacto por México salvado, al haberse privilegiado, como dijo Peña Nieto este martes, “el interés superior de la nación”. “Estamos decididos a transformar México y sabemos que solo se logrará a través del entendimiento y la responsabilidad compartida”, añadió.
Por su parte, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, advirtió a Peña Nieto que “al empeñar su palabra, empeña su investidura presidencial”. Y el presidente del PAN, Gustavo Madero, subrayó que “competir y denunciar no son acciones excluyentes, sino complementarias”.
La superación de la crisis deja, no obstante, algunas secuelas. La oposición puede celebrar que ha elevado el coste político de las viejas prácticas del PRI, pero a costa de aparcar probablemente sine die el programa Cruzada contra el Hambre, que pretendía beneficiar en una primera etapa a 7,4 millones de mexicanos pobres, al haberse convertido ahora en un campo minado para el poder ya que será sometido a un estricto escrutinio público, y de inflar el pacto por la reforma de México al establecer el precedente y quizá el incentivo de ir añadiéndole cláusulas en función de las crisis coyunturales que se presenten en el futuro.
En cualquier caso, fruto del restablecimiento del consenso entre las fuerzas políticas será la presentación el miércoles de la reforma financiera cuyo principal objetivo es facilitar y abaratar los créditos de los bancos a los hogares y a las pequeñas y medianas empresas, actualmente sometidas a unas tasas de interés mucho más altas —entre el 12% y el 25% en este país— que en Brasil (entre el 8% y el 10%) o Estados Unidos (entre el 4% y el 6%).
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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