Con la pompa habitual, Isabel II ha leído este miércoles en el palacio de Westminster el programa legislativo de su Gobierno para los próximos doce meses, en el que destaca un duro paquete de propuestas contra la inmigración. El tradicional discurso de la reina ha estado dominado casi más por las ausencias que por las presencias y por una interpretación política muy ligada a los problemas del primer ministro David Cameron con el ala euroescéptica de su partido y al auge del populista, antieuropeo y antiinmigración Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP).
El príncipe de Gales —acompañado por su esposa, la duquesa de Cornualles— ha asistido a la lectura del discurso de la reina por primera vez desde 1996, una novedad significativa en un momento en que Isabel II está reduciendo su carga de trabajo y delegando en el heredero de la Corona dada su avanzada edad. La monarca británica cumplió el mes pasado los 87 años.
Aunque la economía es en teoría la prioridad del Gobierno, la propuesta legislativa más importante ha sido el paquete de medidas contra la inmigración que la ministra del Interior, Theresa May, lleva meses preparando. Y entre las ausencias han llamado la atención la renuncia del Gobierno a establecer un precio único para el alcohol y para que el tabaco se venda en paquetes en blanco, que las malas lenguas atribuyen a que el líder del UKIP, Nigel Farage, es un conocido bebedor y fumador.
Pero la ausencia políticamente más significativa ha sido la de las medidas que May quería introducir para que la policía pueda acceder a la lista de direcciones visitadas por los internautas y a quién han enviado correos electrónicos, que se ha caído por la oposición de los liberales-demócratas, socios de coalición de los conservadores. El hecho de que esas propuestas legislativas no estuvieran en el discurso de la reina no significa, sin embargo, que el Gobierno no pueda llevarlas al Parlamento si lo considera conveniente.
La batería de propuestas para reducir o dificultar la inmigración se dirigen tanto a la procedente de países terceros como a la del interior de la Unión Europea, con el objetivo sobre todo de evitar una hipotética avalancha de ciudadanos de Rumanía y Bulgaria cuando en 2014 caduca el periodo transitorio que limita su derecho a trabajar en Reino Unido y otros Estados miembros.
Entre esas medidas destaca la controvertida propuesta de que los caseros estén obligados a asegurarse de que las personas a las que alquilan un piso residan de forma legal en Reino Unido. En una entrevista en el programa Today de BBC Radio 4, el ministro de Sanidad Jeremy Hunt fue incapaz de explicar qué ha de hacer un casero para cumplir esa obligación.
Otra propuesta controvertida es la de limitar el acceso de los inmigrantes —incluidos los de la UE— a los servicios y ayudas sociales, uno de los problemas a los que se ha agarrado el UKIP en su campaña contra los inmigrantes. Cameron quiere que pierdan el derecho a cobrar el desempleo si están seis meses sin buscar trabajo activamente o que tengan que esperar entre dos y cinco años para acceder a viviendas sociales. Estas medidas pueden ser contrarias a la legislación europea que prohíbe discriminar a los ciudadanos comunitarios por su nacionalidad. El Gobierno quiere también que los visitantes no comunitarios entren en el país con seguro médico o paguen la atención que reciben de la sanidad pública.
Otras propuestas legislativas importantes son la reforma del sistema de pensiones para introducir una pensión única y la reforma de la normativa sobre el cuidado de personas imposibilitadas que necesitan cuidados sociales.
Entre las 17 propuestas legislativas anunciadas no figuraba ninguna relacionada con la convocatoria del referéndum sobre la permanencia de Reino Unido en la UE, que Cameron ha prometido para 2017 si los conservadores ganan las próximas elecciones y que los euroescépticos de su partido quieren que se celebre antes de que acabe la legislatura. En una carta enviada la semana pasada a varios diputados conservadores y a la que ha tenido acceso The Telegraph, el primer ministro asegura que es imposible legislar ahora sobre el referéndum porque es una cuestión no incluida en los acuerdos de coalición y que no sería aceptada por los liberales-demócratas.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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