Cristina Fernández huye hacia adelante

Que Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández multiplicaron su fortuna por siete desde que el primero puso el pie en la Casa Rosada como presidente es un hecho avalado por sus respectivas declaraciones de patrimonio. En 2003 declararon el equivalente a 1,2 millones de euros y cinco años después acumulaban 8,5 millones repartidos entre varios bancos y 23 inmuebles. Pero que Kirchner evadió dinero negro de Argentina para depositarlo en paraísos fiscales a través de su amigo el constructor Lázaro Báez nunca se probó. Hubo rumores y una denuncia interpuesta en 2008, pero nunca se demostró nada. El pasado 14 de abril, el periodista Jorge Lanata recuperó el tema con el testimonio televisivo de dos personas que involucraban a Lázaro Báez con Néstor Kirchner y con el lavado de 55 millones de euros distribuidos en paraísos fiscales a través de más de 40 sociedades interpuestas. El programa batió récords de audiencia aquel domingo, pero la presidenta, Cristina Fernández, no dijo nada. Leonardo Fariña y Federico Elaskar, los dos gestores que involucraron a Lázaro Báez, se desdijeron de sus acusaciones, aunque eso no evitó que Báez interpusiera una denuncia contra ellos. Varios diputados de la oposición denunciaron a su vez el caso ante los tribunales. Pero pasaban los días y las semanas sin que Báez fuera imputado por nada. El domingo 28 de abril, el periodista Jorge Lanata, quien trabaja en el Grupo Clarín, volvió sobre el asunto en su programa televisivo y lanzó el guante: —Estoy enfrente de cinco millones de personas diciendo que la presidenta encubre maniobras de corrupción. Por favor, díganos y pruébenos que estamos equivocados. Si es mentira, Cristina, todo lo que estamos diciendo, dígaselo a la gente. Fernández no contestó. Pero el viernes 3 de mayo el fiscal Guillermo Marijuan, tras volver de unas vacaciones, imputó a Báez por lavado de dinero y emitió un dictamen de seis hojas en el que criticaba el trabajo de quienes le habían reemplazado en el caso por no pedir que se investigara buena parte de lo denunciado “vaya a saber con qué propósito”. El caso llega en medio de la reforma judicial que el Gobierno de Argentina se ha propuesto aprobar sin el consenso de la mayor parte de la oposición y con el informe en contra de la relatora especial de la ONU para la independencia de los jueces y abogados, Gabriela Knaul. Esta jueza brasileña exhortó el pasado 30 de abril al Gobierno argentino a que, en aras de la independencia judicial, reconsidere las dos medidas que más rechazo han planteado en la oposición: la reforma del Consejo de la Magistratura —el órgano de gobierno de los jueces— y los límites impuestos a las medidas cautelares que amparan a las personas contra disposiciones del Estado. La reforma del Consejo prevé aumentar sus miembros de 13 a 19. De ellos, 12 integrantes tendrán que inscribirse en las papeletas de los partidos políticos y ser elegidos mediante voto popular. La relatora de la ONU calificó esta medida como una “politización” de la justicia sin precedentes en ningún país. Por su parte, el ministro argentino de Exteriores, Héctor Timerman, emitió un comunicado en el que expresaba su “enérgica protesta” ante el informe de la ONU, calificó la petición de la relatora como “insólita actitud” y la acusó de “falta de imparcialidad, mesura y equilibrio” en su mandato. La funcionaria de la ONU insistió en una entrevista concedida al diario La Nación en que la reforma pone en riesgo la democracia, y añadió que el año pasado solicitó por carta al Gobierno poder acudir en misión oficial. “No me respondieron ni sí ni no. Estoy todavía esperando”, señaló. Hay cuestiones, como las críticas a la politización de la justicia, que el Gobierno rechaza de forma frontal y otras que intenta no mencionar siquiera. La inflación, por ejemplo, se ha convertido en tabú. El miércoles 24 de abril trascendió una entrevista en la que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, empezó a trastabillarse cuando una periodista griega le preguntó sobre la inflación. El ministro pidió que se cortara la entrevista y dijo: “Me quiero ir”. Seis días después, la presidenta compareció en un acto público junto a Lorenzino y bromeó: “¿Ven? No se quiere ir”. Pero siguió sin mencionar la inflación. Las cifras oficiales hablan de una inflación en torno al 10%. Y las extraoficiales, alrededor del 23%. Los bancos ofrecen un 14% de interés a quien deposite sus pesos en una cuenta corriente. Pero hay quien confía más en la rentabilidad y solidez de los dólares. Cristina Fernández emprendió en junio una campaña para pesificar la economía. Aseguró que ahorrar en pesos era más rentable que hacerlo en dólares. Quiso predicar con el ejemplo y convirtió en pesos los tres millones de dólares que tenía a plazo fijo. Pero de poco sirvió. El dólar paralelo se cotizaba entonces a 5,94 pesos y ahora ha rozado el techo de los 10, en lo que algunos han bautizado ya como el dólar Messi. La inflación puede desgastar al Gobierno. Las denuncias de corrupción, también. Y de hecho, la imagen positiva de Cristina Fernández disminuyó diez puntos desde que se emitió el programa de Lanata, según la encuesta publicada ayer por el bisemanario Perfil. Pero el principal objetivo declarado del Gobierno es mantener las cifras del desempleo a raya. Y ahí sus logros son innegables. A pesar de que el crecimiento decayó desde 2011 más de cinco puntos, el paro se mantiene en un 7,3%, casi cuatro veces menos que en España (27%), muy inferior al de la zona euro (12,2%) y solo algo mayor que el de Brasil (5,7%) y Chile (6,2%). Esa lucha contra el desempleo es un factor determinante para que Cristina Fernández mantenga hoy en día una imagen positiva del 50%. A pesar de todos sus silencios y estrategias de escape. Lissette Garcia RosasSinEspinas