Diez medidas por una Unión Europea más transparente

«La transparencia no es algo etéreo y ajeno a la actividad diaria de las instituciones europeas», advierte José Carlos Cano Montejano, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y autor del informe «Transparencia en la Unión Europea: evolución y perspectivas». Los europeos ven a la UE como una extraña y distante maquinaria burocrática. Algo peligroso, si tenemos en cuenta que «más del 70% de las leyes que afectan a muchos aspectos de la vida cotidiana de la gente procede de Bruselas», de acuerdo con el estudio que acaba de publicar el «think tank» Foro Europa Ciudadana. El informe denuncia que la opacidad comunitaria está acrecentando la desconfianza ciudadana hacia la Unión. «La transparencia ha estado ausente de la labor de las instituciones europeas durante décadas. Durante mucho tiempo no han existido mecanismos para articularla ni ninguna voluntad política para su aplicación», afirma Cano. Con todo, el profesor reconoce que se han adoptado al respecto algunas medidas muy positivas: se ha elaborado el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, se ha aprobado la Iniciativa Europea a favor de la Transparencia y se ha creado el Registro de Transparencia. Pero en cualquier caso, cree que «todavía hay mucho camino por recorrer». La solución a muchos de los problemas que afligen a la Unión no es menos Europa, sino más Europa. Pero menos opaca. Y por esta razón, José Carlos Cano propone en su informe diez medidas por unas instituciones comunitarias más transparentes. Se trata de una decena de propuestas que persiguen, por ejemplo, un mayor control del efecto «revolving door» (incorporación de exfuncionarios y expolíticos a empresas con intereses en sectores en los que anteriormente legislaron) o un mayor conocimiento por parte del ciudadano de quiénes reciben el dinero en ayudas de la UE. Las «Diez propuestas por la transparencia en Europa» del profesor Cano son las que siguen: 1. La inscripción en el Registro de Transparencia debería ser obligatoria. También para los representantes de intereses que sólo actúan esporádicamente con las instituciones comunitarias. Al respecto, Cano aconseja que el sistema europeo se fije en el estadounidense, en concreto, en la «Lobbying Disclosure Act de 1995, que dio un paso decisivo a la hora de restringir y acotar con claridad qué debe entenderse como “lobbyist”, y la Honest Leadership and Open Government Act de 2007, que enfatiza y clarifica las obligaciones de transparencia a las que tienen que someterse los grupos de interés». Con todo, el profesor reconoce que «el sistema europeo no puede caer en el detalle de la legislación de Estados Unidos, donde se llega a matizar entre si un grupo de interés ha organizado una cena sentada o un buffet, siendo este último aceptable, mientras que la cena no es admisible». No se conoce el número exacto de «lobbies» presentes en Bruselas, pero como señala Cano, «el Informe Stubb afirma que la cantidad de personas que trabajan en el ámbito de la mediación de intereses es de unos 15.000, y los grupos de interés alrededor de 2.500». El autor del informe recomienda también la inscripción obligatoria para los entes y organizaciones regionales y locales. 2. Todas las instituciones y agencias comunitarias deberían estar sometidas al Registro de Transparencia. 3. Hay que incentivar la cultura de la transparencia desde las propias instituciones. Cano propone que se ofrezca a las entidades que se registren voluntariamente algunas ventajas como, por ejemplo, «información complementaria sobre las consultas e iniciativas legislativas de forma temprana y más allá de la información básica, que sería la que estaría disponible para el público en general». 4. La redacción de los cuestionarios de las consultas de la Comisión Europea debe ser más transparente. «No basta con preguntar de forma genérica y poco concreta», afirma el profesor. 5. La Secretaría del Registro de Transparencia debe tener un papel más activo en el proceso de acreditación. Este órgano debería tener un mayor poder de control sobre la información presentada y comprobar «que los documentos presentados se corresponden con los requisitos contables, financieros y legales vigentes», propone Cano. 6. La información de carácter económico en el Registro de Transparencia sólo debería ser accesible para los funcionarios de la Comisión y del Parlamento Europeo. Esta medida solucionaría los reparos de algunas entidades a la hora de inscribirse. 7. Tanto la Comisión como el Parlamento deberían hacer pública la relación de reuniones, solicitudes, consultas, opiniones y contribuciones presentadas en los procesos legislativos. 8. Es necesaria una regulación más estricta del llamado «revolving door», «de tal manera que un funcionario comunitario […] no pueda participar ni directa ni indirectamente durante un período relevante de tiempo en nada en que hubiese participado en su calidad de miembro de la Comisión Europea», explica el profesor. 9. Los ciudadanos deberían poder conocer sin ninguna restricción quiénes son los receptores de las ayudas que otorga la Unión Europea, como los subsidios y fondos comunitarios (estructurales, de la política agraria común, de cohesión...). Cano denuncia que en la actualidad sólo se tiene un conocimiento parcial y disperso de quién recibe dinero de la UE, lo que puede generar controversia. 10. Los eurodiputados también deberían estar sometidos a criterios de transparencia. El profesor pide que se haga pública la «información relativa a qué reuniones y contactos ha mantenido durante el proceso de elaboración de una propuesta legislativa». Lissette Garcia RosasSinEspinas