“Prefiero tener trabajo que libertad de expresión. ¿De qué me sirve la libertad si no puedo dar de comer a mi familia?”, espeta D., un funcionario. Ese temor pesa sin duda en el respaldo al régimen de muchos de los 1,5 millones de empleados de la Administración. Pero incluso sus salarios podrían peligrar ante la creciente presión de las sanciones internacionales contra Siria, que están a punto de agravarse con una decisión de la Liga Árabe. Tanto las autoridades como economistas independientes denuncian que están afectando a la población más que a las élites.
“Estados Unidos y los europeos han llegado a la conclusión de que la mejor forma de doblegar a Siria es a través de las sanciones económicas”, declara el gobernador del Banco Central sirio, Adib Mayaleh. El hecho de que los países árabes estén a punto de sumarse al cerco económico no cambia su percepción. “Se han convertido en instrumentos de americanos y europeos”, aduce desestimando el aislamiento de Siria.
“Su pretexto es que se trata de sanciones contra el régimen, pero el efecto lo sufre la población”, asegura. “El boicot a las exportaciones de petróleo ha reducido nuestros ingresos de divisas y eso nos impide importar productos básicos como azúcar, harina o medicinas”, explica.
En las tiendas de Damasco aún no se percibe la escasez, pero los sirios están reduciendo los gastos. Salvo los ultramarinos, la mayoría de los comercios están vacíos. “En casa hemos dejado de comprar ropa y todo lo que no sea esencial”, admite un padre de familia con dos niños en edad escolar. Su sueldo da justo para salir adelante, pero quienes pueden ahorrar están comprando dólares, lo que ha disparado el mercado negro de divisas.
“Es estúpido pensar que se castiga al régimen, cuando éste paga el salario de una cuarta parte de la población activa, financia las infraestructuras y subvenciona a los agricultores”, concurre Jihad Yazigi, editor del boletín económico The Syria Report. Este economista independiente se refiere a las sanciones generales, no a las que tienen por objetivo personalidades concretas del régimen. “Si disminuyen los ingresos, el Gobierno recortará los gastos y no va a hacerlo en la partida militar sino en la social y las infraestructuras”, explica.
Yazigi duda de que las sanciones por sí solas vayan a derribar al régimen de forma rápida. “Es una apuesta muy arriesgada”, apunta recordando cómo los 12 años de sanciones a Irak destruyeron el tejido social y contribuyeron al colapso de la sociedad tras la invasión. En cualquier caso, sus efectos se suman a la huida de los inversores y la desaparición del turismo (1.486 millones de euros al mes en una economía evaluada en 59.000 millones el año pasado) a resultas de la inseguridad.
De momento, el salario de D. no está en peligro, pero en una primera pista de que se está reduciendo el efectivo, Shell y Total, las dos principales petroleras que trabajan en el país, dijeron la semana pasada que el Gobierno no les está pagando. También el gasóleo de calefacción, un producto subvencionado, ha empezado a escasear, lo que ha elevado su precio de 15 libras sirias a entre 22 y 30 en el mercado negro. El malestar con el invierno a las puertas se refleja incluso en los controlados medios oficiales. Los más cínicos piensan que el Gobierno ha cerrado el grifo para castigar el respaldo a las protestas.
Las autoridades han denunciado sabotajes en el oleoducto Homs-Alepo. Además, quienes pueden permitírselo están comprando más de lo que necesitan ante el temor a que se interrumpa el abastecimiento. Y también hay quien se beneficia del precio subvencionado para revenderlo en los países vecinos donde multiplica varias veces su valor, un contrabando que muchos observadores están convencidos sólo es posible por la corrupción que plaga el sistema.
La corrupción es, a decir de los analistas, uno de los factores que ha alentado las protestas. El gobernador del Banco Central no niega que exista, pero relativiza su importancia. “Es tan sólo un eslogan para destruir el país”, asegura. Al argumento de que la liberación económica de los últimos años ha beneficiado tan sólo a unos pocos, responde que “eso no es exclusivo de Siria”.
“Nadie puede negar que este país ha cambiado de cara en los últimos diez años”, señala Mayaleh. El cambio se ve en los nuevos barrios, como Yaafur, que han surgido al noroeste de Damasco, o en el lujoso centro comercial de la calle Argentina. Pero si uno logra sortear los controles de las fuerzas de seguridad y adentrarse en la periferia noreste, el panorama es muy distinto en Saqba, Homoryah, Irbin o Harasta, donde hay protestas cada noche. En este tipo de barriadas "informales", sin urbanizar y sin servicios básicos, se estima que vive un 40% de la población urbana.
De ahí que en algunos sectores acomodados se refieran a los manifestantes como los Abu Shahata, literalmente padres de las chancletas, en referencia a la modestia de su calzado, que es también el más cómodo cuando hay que descalzarse cinco veces al día para rezar. “No son sólo ellos”, objeta una mujer que vincula la mayoría de los negocios que han florecido en la última década con Rami Makhluf, el cuñado del presidente. “No nos hemos desarrollado, nos hemos ramificado”, afirma bajando la voz.
El gobernador del Banco Central se muestra dispuesto a “hacer todo lo necesario” para frenar lo que el régimen vive como un complot exterior. Eso incluye la venta de reservas para mantener el precio de la libra, que desde que empezó la crisis ha perdido un 17% de su valor con respecto al dólar (de 47 a 55, en el mercado libre). Mayaleh confirma que la semana pasada vendieron 11 millones de euros y que seguirán haciéndolo “hasta que se acabe la crisis”. Asegura que aún disponen de 12.000 millones, cifra que algunos analistas consideran hinchada.
“Los sirios quieren una reforma no una revolución y la crisis está frenando esa reforma”, concluye el gobernador. Hace un año, la mayoría de los sirios hubiera estado de acuerdo. Ahora es creciente el número de voces que estiman los cambios propuestos por el régimen “demasiado poco, demasiado tarde”.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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