El Tribunal de la República francés ha decidido hoy investigar a la nueva directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, por abuso de autoridad, en relación con su antiguo cargo de ministra de Economía. La extitular de la cartera está acusada de favorecer al empresario francés Bernard Tapie, un exministro de izquierda que cambió de facción para apoyar a Nicolas Sarkozy en las elecciones presidenciales en 2007, en una batalla legal con un banco que pertenecía al Estado.
La sucesora de Dominique Strauss-Kahn al frente del FMI desde hace apenas un mes, por su parte, rechaza cualquier acusación y niega haber sacado provecho de la contienda.
Según la acusación, Lagarde abusó de su autoridad como ministra al aprobar un pago de 285 millones de euros de fondo público a Tapie en su batalla contra el banco Crédit Lyonnais, que por aquel entonces todavía pertenecía al Estado. El magnate había acusado a la entidad financiera de haberle defraudado en 1993, al vender una participación en la empresa productora de ropa deportiva Adidas.
Pese a haber perdido el juicio, el magnate decidió recurrir la sentencia. Unos meses después, Christine Lagarde intervino en el caso para imponer un arbitraje privado, que se pronunció a favor de Tapie. La acusación considera este procedimiento, frecuente en el mundo de las empresas, "no apto" al caso, donde estaban en juego los intereses del Estado.
El Tribunal de la República, la institución encargada de investigar a los miembros del Gobierno en el ejercicio de sus funciones, se ha reunido esta mañana a partir de las 09.00 en París, tras haber aplazado la decisión el pasado mes de julio.
El juicio contra Lagarde puede durar varios años. Si es condenada, la directora del FMI se puede enfrentar a hasta cinco años de cárcel y una multa de 75.000 euros.
El caso de Christine Lagarde se sitúa en el marco de una serie de escándalos que están golpeando a la clase política francesa en los últimos meses. Tras la detención de Strauss-Kahn en Nueva York por supuesto intento de violación el pasado mes de mayo, en junio dos exempleadas acusaron al secretario de Estado de Función Pública, Georges Tron, de acosarlas sexualmente.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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