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Hugo Carvajal tras su liberación en Aruba

Publicado Por:Lissette Garcia ~ 0 comments


A Estados Unidos no le ha sentado bien la decisión de Holanda de permitir que el exjefe de inteligencia venezolano Hugo Carvajal fuera liberado el domingo en Aruba. Carvajal ha logrado regresar a Caracas, zafándose así de la extradición que Washington buscaba para juzgar por narcotráfico al antiguo hombre de confianza del fallecido presidente Hugo Chávez.

La portavoz del Departamento de Estado, Jennifer Psaki, afirmó el lunes que el Gobierno de Barack Obama está “profundamente decepcionado” por la decisión tomada en La Haya -la política exterior de Aruba, una excolonia holandesa, sigue estando ligada a los Países Bajos-. Carvajal es un “narcotraficante con orden de búsqueda” para cuya captura Washington había realizado una “petición legítima de arresto en conformidad con el tratado de extradición entre EE UU, Holanda y Aruba”, recordó el Departamento de Estado.

En este sentido, Washington dijo cuestionar el argumento de inmunidad diplomática esgrimido por Holanda, un estrecho aliado de EE UU, porque a su juicio ha sido usado “más allá de las normas internacionales establecidas”, sostuvo.

La BBC citó el lunes a una portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores holandés según la cual se llegó a la conclusión de que Carvajal “sí goza de inmunidad”, puesto que estaba a la espera de recibir el visto bueno de La Haya para asumir como cónsul general de Venezuela en Aruba. La fuente explicó a la cadena británica que Holanda considera que a Carvajal, que fue detenido el jueves en Aruba a petición de la justicia de EE UU, se le debía aplicar el artículo 13 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.

Dicho artículo establece que “hasta que se le conceda el exequátur , el jefe de oficina consular podrá ser admitido provisionalmente al ejercicio de sus funciones. En este caso le serán aplicables las disposiciones de la presente Convención”.

Carvajal, alias El Pollo, fue uno de los colaboradores más cercanos de Hugo Chávez. EE UU lo incluyó en 2008 en la denominada Lista Clinton del Departamento del Tesoro, que ordena la congelación de bienes en territorio estadounidense a extranjeros vinculados al tráfico de drogas, además de prohibir a los ciudadanos norteamericanos realizar transacciones comerciales con ellos.

Según el Departamento del Tesoro, Carvajal usó su puesto como jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGIM) para proporcionar “ayuda material” a las actividades narcotraficantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La portavoz oficial manifestó además la “preocupación” de Washington por las “informaciones creíbles” recibidas, según las cuales -dijo- “el Gobierno de Venezuela amenazó a los gobiernos de Aruba, Holanda y otros para obtener este resultado”.

“Ésta no es la manera en que se deberían tratar cuestiones legales”, subrayó Psaki, que aseguró que EE UU “continuará sus esfuerzos para lograr que Carvajal responda ante la justicia”.

Aunque la portavoz no detalló las presuntas presiones, The Wall Street Journal afirma que desde la detención de Carvajal, Venezuela habría amenazado a Aruba con cerrar su servicio de vuelos comerciales con la isla, entre otros asuntos. Caracas también habría amenazado con cerrar la refinería que mantiene en la vecina Curaçao, también holandesa, con lo que se habrían perdido 8.000 empleos.

Pese a la protesta oficial de Washington, analistas de diverso signo coinciden en considerar la liberación de Carvajal como una muestra de una falta de interés real del Gobierno de Barack Obama por actuar contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro, con el que está intentando recomponer discretamente una vía de diálogo.

La liberación de Carvajal “facilitará al Gobierno de Obama seguir ignorando el régimen corrupto y represivo en Venezuela”, escribió el antiguo subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega, en The New York Post. En cambio, un defensor habitual de Caracas como Mark Weisbrot, codirector del Center for Economic and Policy Research (CERP), consideró que la fallida extradición de Carvajal constituye “otro intento de la derecha dura por dinamitar las relaciones diplomáticas con Venezuela”.





Lissette Garcia


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