La larga audiencia preliminar en el caso de corrupción que enfrentaron los seis ex concejales y funcionarios destituidos de Bell, así como los ex administradores Robert Rizzo y Angela Spaccia, pudo haber sido la antesala de un proceso judicial que podría demorar varios meses o hasta más de un año, según los abogados defensores de los acusados.
En dicho proceso se encontrarán, por un lado, experimentados exfiscales y abogados criminalistas que intentarán demostrar la inocencia de sus clientes y una oficina de fiscales empecinadas en mandar a la cárcel a ocho exfuncionarios de esta ciudad plagada de un escándalo salarial.
"El juicio será un proceso muy diferente, uno muy largo, y esto [la audiencia preliminar] es solo el primer paso", expresó James Spertus, un experimentado exfiscal federal que fungió por varios años como vicepresidente de la Asociación de Productores de Películas de América (MPAA) y que se encargará de demostrar la inocencia de Rizzo.
Apenas esta semana, se ordenó que Rizzo enfrente un juicio, luego de tres semanas de audiencia preliminar, por 54 acusaciones que van desde malversación de fondos públicos, falsificación de documentos hasta conflicto de interés.
En ese caso le acompañarán su ex asistente Spaccia y los ex concejales Óscar Hernández y Luis Artiga.
Varias semanas atrás, el mismo juez, había ordenado a Hernández y Artiga, así como a los ex concejales Teresa Jacobo, George Mirabal, George Cole y Víctor Bello, enfrentar al jurado por malversación de fondos públicos por aceptar jugosas compensaciones de comités que tenían poco o nada de trabajo.
En total son 61 cargos los que la Procuraduría ha presentado contra los ocho acusados, y se espera que un gran jurado pueda dictaminar cargos adicionales o que la misma fiscalía archive nuevos delitos a Rizzo y Spaccia. Tanto los fiscales como los abogados defensores estiman que debido al volumen de evidencia y la cantidad de cargos, el proceso podría demorar varios meses o hasta más de un año.
"Ahora tienes a una fiscalía dándose el lujo de una oficina llena de investigadores hacienda alegatos", expresó Spertus, quien ha defendido a clientes acusados de fraude, lavado de dinero, crímenes fiscales, ofensas de narcóticos y hasta fraude postal.
"Este fiscal es uno de los mejores, pero es normal que la fiscalía ponga a su mejor equipo en estos casos", agregó.
El jurista del que hace mención Spertus es el experimentado abogado, graduado de la escuela de Leyes de Loyola, Sean Hassett, quien recibió de la Procuraduría el liderazgo para demostrar que Rizzo y compañía desfalcaron más de 5 millones de dólares en Bell.
Hasset ha sido el responsable de llevar a juicio y lograr la sentencia de 16 meses de cárcel que obtuvo el año pasado la ex alcadesa de Temple City, Judy Wong, acusada de aceptar dinero a cambio de favorecer la construcción de un centro comercial.
Pero aunado a Spertus y Hasset, un selecto grupo de juristas deberá debatir ante un panel civil si los alegatos de corrupción contra los ocho acusados son fundamentados por la ley.
"Este es un juicio puramente político. La gente que debería estar siendo procesada no está en el banquillo de los acusados", opinó Stanley A. Friedman, abogado de Óscar Hernández, quien también es un exfiscal federal que se especializa ahora en crímenes de "cuello blanco".
Spaccia, Jacobo y Cole, al igual que Rizzo y Hernández, han traído al tribunal abogados con gran experiencia en las cortes como exfiscales federales.Russel Petti, defensor de Spaccia, es un exfiscal que ha trabajado en casos de narcóticos, evasión de impuestos y lavado de dinero, entre otros, mientras que Daniel Dixon, que representa a Jacobo, trabajó como asistente del procurador general de Estados Unidos, en la división criminal.
Michael Fitzgerald, abogado de Cole, es otro antiguo jurista de la Procuraduría Federal, que incluso fue parte del panel que examinó los casos de corrupción en la división Rampart.
Artiga, por su parte, buscó a George MgDesyan, un experimentado abogado criminalista que ha representado a miembros de la Mafia Mexicana y que en 2007 ganó los seis casos que tuvo en corte, incluyendo uno de intento de homicidio, según la revista Daily Journal.
Alex Kessell, un abogado criminalista, representa a George Mirabal, y Leo Moriaty, otro abogado de Garden Grove, al exconcejal Víctor Bello.
La próxima comparecencia de los seis ex concejales está programada para el 18 de marzo y la de Rizzo, junto a los otros tres acusados, para el 24 del mismo mes.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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