Autoridades federales investigaron 10,538 tiendas de armas sospechosas de realizar transacciones dudosas, entre ellas la empresa Western Firearms, ubicada en la ciudad de Bell, la única en California ligada a la recuperación de armas que fueron utilizadas en crímenes cometidos en México.
Según un reporte de la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), casi la mitad de las tiendas auditadas reportó algún tipo de violación a los códigos de seguridad para la venta de armamento y 67 fueron clausuradas por serias deficiencias.
La infracción más común fue la venta de armas a compradores a los que no se les verificó correctamente los antecedentes penales, seguido por las transacciones de venta con personas indocumentadas o incapacitadas para obtener un arma de fuego así como operaciones de ventas múltiples no reportadas.
Aurelio López, propietario Western Firearms, dijo que su empresa no está ligada a las bandas de criminales y afirmó desconocer cómo 60 armas que fueron vendidas en su tienda terminaron en manos de asesinos al otro lado de la frontera.
"Todas nuestras ventas son legales, tenemos 40 años en el negocio y nunca habíamos enfrentado una situación de este tipo. No es nuestra culpa que después esas armas terminen en manos de maleantes", recalcó López.
Parte del armamento investigado fue recuperado en crímenes ocurridos en el estado de Coahuila, donde la mayoría procedía de tiendas al otro lado de la frontera.
Inmigrante originario de Guanajuato, López expresó que para él fue una sorpresa conocer que el equipo que había vendido se hubiera recuperado en crímenes ocurridos en su tierra.
"Llegaron los federales, inspeccionaron toda nuestra tienda y no encontraron nada. El arma que sale de aquí es legal, pero una vez afuera la gente las vuelve ilegales", dijo.
López aseguró que en varias ocasiones ha tenido que negar ventas de armamento de hasta varios miles de dólares por sospechas de que sus compradores podrían estar ligados a las redes de tráfico de armas.
"Cuando mi hijo me llama y me dice que hay un hombre sospechoso que busca tres o cuatro rifles yo de inmediato le digo, ‘cancela la venta, cancélala’... Para mí es preferible no venderles esas armas a saber que al rato resultan en crímenes", destacó.
Cabe destacar que el número de comercios bajo escrutinio federal es apenas una raquítica parte del volumen de distribuidores de armas y municiones que existen en todo el país, el cual el año pasado alcanzaba la cifra de 119,556 establecimientos.
Un agente de la oficina de ATF dijo, bajo condición de anonimato porque tienen prohibido dar declaraciones a la prensa, que la agencia no cuenta con el personal para realizar inspecciones anuales a todas las tiendas.
"No tenemos agentes suficientes. Estamos operando con el mismo número de agentes por años y las transacciones van en aumento" destacó.
Al cierre del año fiscal 2010, el número de tiendas de armas (119,556) subió en más de 2.5% en comparación con el 2009, mientras que en todo el país operan únicamente 789 oficiales para la investigación de comercios (Industry Operations Investigator IOI, por sus siglas en inglés), es decir a cada agente le corresponderían más de 150 auditorias por año.
Según el informe del ATF, los 10,538 establecimientos de armas inspeccionados a lo largo del 2010 se seleccionaron basados en investigaciones de inteligencia donde se les vinculaba al apoyo de delitos violentos.
Las autoridades también fiscalizaron tiendas cuyas armas fueron recuperadas en crímenes ocurridos en México y establecimientos con múltiples transacciones de armas en corto tiempo, así como aquellas que no habían sido inspeccionadas en más de cinco años.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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