El escándalo del espionaje ha contaminado uno de los escasos éxitos económicos que la Comisión Europea de Barroso pretendía dejar como legado. La desconfianza hacia Estados Unidos dificulta el acuerdo de comercio que ambas partes negocian esta semana en Bruselas. Aunque los responsables comunitarios se esfuerzan por mantener el perfil técnico de las discusiones, el ruido político las condiciona enormemente. Un nuevo escollo contribuyó la semana pasada a enrarecer el ambiente, al saberse que el máximo responsable de la negociación por parte de la UE, el comisario de Comercio Karel de Gucht, está acusado de haber ocultado a la Hacienda belga 1,2 millones de euros.
El acuerdo entre Europa y Estados Unidos está llamado a ser el mayor tratado comercial del mundo, pero su futuro pende de un hilo. Poco después de que el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, lo lanzara como un incentivo a la alicaída UE, con capacidad para generar un crecimiento adicional del 0,5% del PIB anual, las primeras revelaciones a mediados de año del espionaje masivo crisparon el arranque de euforia. Francia y otros Estados pidieron que se suspendiera el proceso hasta que Washington diera explicaciones, pero la mayoría, con Alemania a la cabeza, lo rechazó y las conversaciones se iniciaron formalmente en julio. París, además, temía que el tratado pusiera en peligro la protección pública que ese país otorga a su sector audiovisual.
Varios meses después, y pese a que las acusaciones de vigilancia electrónica han subido de tono, la postura más generalizada de los países miembros sigue siendo similar. "Es contraproducente vincular las dos cosas [el espionaje y el tratado comercial]. Saldrá en algún momento de la negociación, pero las competencias en materia de espionaje son de los Estados miembros", subrayan fuentes diplomáticas.
Pero ese pragmatismo de los países choca con algunas inquietudes en el seno de la Comisión —por ejemplo, de la vicepresidenta y responsable de Justicia, Viviane Reding— y, sobre todo, con el enfado del Parlamento Europeo ante el control que han ejercido los servicios de inteligencia estadounidenses sobre los datos de ciudadanos y líderes europeos. El presidente de este organismo, Martin Schulz, pidió antes de la última cumbre comunitaria, celebrada a finales de octubre, que se suspendieran los encuentros. Unos días antes, la Eurocámara había respaldado una resolución en la que advertía de que podría vetar el acuerdo por los numerosos episodios de espionaje atribuidos a Washington.
En este contexto, una delegación de técnicos de ambos bloques comerciales se reúne desde ayer y hasta el viernes en Bruselas para hablar de elementos tan aparentemente lejanos a ese debate como la forma de liberalizar la inversión y el comercio entre ambos lados del Atlántico. Esta segunda ronda de discusiones estaba prevista para la segunda semana de octubre, pero otro imprevisto —en este caso, el cierre de servicios públicos en Washington por la falta de acuerdo para ampliar el techo de deuda estadounidense— retrasó la misión.
Entretanto, los papeles del analista de la agencia de seguridad estadounidense Edward Snowden han revelado la interceptación con más trascendencia política para la UE: la que supuestamente ha afectado al móvil de la canciller alemana, Angela Merkel. El nerviosismo y la convicción de que la nueva regulación europea sobre protección de datos personales no estará lista en un futuro próximo llevaron a Alemania a plantearse incluir el intercambio de datos en la negociación comercial. "Nosotros no negociamos derechos fundamentales en un acuerdo comercial", rechazan de plano fuentes comunitarias ligadas al tratado.
Los servicios, la energía, las materias primas y las diferencias de regulación entre los dos bloques centran las conversaciones de esta semana. El debate se enfrenta también a los recelos de distintas ONG y organizaciones de consumidores, que temen que ese intento de homogeneizar los marcos regulatorios de los dos gigantes para fomentar los intercambios suponga rebajar el nivel de protección europea.
Por si las dificultades fueran escasas, un nuevo escollo irrumpió en el proceso el pasado viernes. Varios diarios publicaron que el comisario de Comercio, el belga Karel de Gucht, irá a juicio por un presunto fraude fiscal por el que las autoridades de su país le reclaman 900.000 euros. Aunque De Gucht no encabeza la negociación —lo hace el español Ignacio García Bercero, alto cargo de ese departamento—, el enredo tributario ensombrece la imagen de la delegación europea. Y aleja un tratado que se presenta clave para la recuperación en la UE.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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