El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció este miércoles que el jefe de la agencia tributaria del país, Steve Miller, ha dimitido con motivo del escándalo por la discriminación fiscal contra grupos conservadores. Obama se dirigió a los ciudadanos desde la Casa Blanca en un intento por atajar las críticas hacia su Administración, inmersa también en otras crisis por el atentado en Bengasi y las acusaciones de espionaje a la agencia de noticias Associated Press.
Obama aseguró que “los ciudadanos tienen todo el derecho a estar enfadados” por el trato discriminatorio al que el Internal Revenue Service (IRS), el organismo encargado de la recaudación de impuestos, sometió a grupos políticos conservadores. “No toleraré este tipo de comportamiento en ninguna de las agencias gubernamentales, pero mucho menos en el IRS”.
El mandatario estadounidense reiteró, como hiciera el pasado lunes, que la agencia debe operar bajo unos estándares de “integridad absoluta” y que las prácticas discriminatorias denunciadas por una investigación del Inspector General son “intolerables e inexcusables”. Las autoridades federales han abierto una investigación de las prácticas de la agencia tributaria por discriminar en contra de grupos políticos conservadores, sometiéndolos a un mayor escrutinio que al resto.
La Administración Obama ha adoptado tres medidas de manera inmediata para responder al escándalo. El presidente explicó a los ciudadanos que la primera de ellas era la dimisión del jefe del IRS, Steve Miller, “porque lo más importante es recuperar la confianza en la agencia”. Obama ha encargado al secretario del Tesoro, Jack Lew, que implemente también las recomendaciones del Inspector General para “garantizar que este tipo de comportamiento no vuelve a producirse” y ha prometido plena colaboración con el Congreso en sus indagaciones. “Se trata de un problema que tiene solución y a todos nos interesa solucionarlo”, aseguró.
El Fiscal General, Eric Holder, afirmó este miércoles ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes que todos los responsables deberán rendir cuentas por sus errores. Holder calificó las acciones de "escandalosas e inaceptables" y ha ordenado una investigación para determinar si se han cometido delitos criminales. “No se centrará en ningún partido, esta no es una cuestión de ideologías. Todo aquel que haya incumplido la ley, deberá responder por ello. El fiscal General aseguró además que las pesquisas no estarán limitadas a la oficina de Ohio donde se supervisaban las solicitudes, sino que irá "hasta donde nos lleven los hechos".
Según una auditoría encargada al Inspector General del Gobierno, el Internal Revenue Service (IRS), encargado de la recaudación de impuestos, varió el nivel de escrutinio al que somete a las organizaciones en función de su orientación política. El IRS identificó a grupos conservadores que llevasen en su título las palabras “Tea Party” o “patriota” y les exigió más documentación y justificaciones para poder acogerse a la exención de impuestos que solicitaban.
Además de la investigación que llevará a cabo el FBI, Obama ha encargado al secretario del Tesoro, Jack Lew, que “haga rendir cuentas a los responsables por sus errores” y se apliquen las recomendaciones de los investigadores “para impedir que esta conducta no se vuelva a repetir”. Sin embargo, numerosas voces han acusado a Obama de haber llegado tarde -el informe fue adelantado el pasado viernes por la prensa- y de emplear términos poco contundentes.
“El Gobierno federal debe actuar de manera que merezca la confianza de los ciudadanos, especialmente el IRS”, afirmó este martes en un comunicado. “Debe aplicar la ley de manera justa e imparcial, y sus empleados deben actuar con una integridad impecable. El informe demuestra que algunos de los empleados del IRS suspendieron en esto”.
“Mi pregunta no es quién va a dimitir, mi pregunta es quién va a ir a la cárcel por este escándalo”, declaró el miércoles el republicano John Boehner, portavoz de la Cámara de Representantes. Otros conservadores han acusado directamente a los responsables del IRS, que en un primer momento declararon haber conocido el escándalo cuando los medios informaron de los resultados de la auditoría, de conocer estas prácticas hace más de un año y de no comunicarlo al Congreso cuando pidieron explicaciones.
Ambas cámaras legislativas han abierto un total de cuatro investigaciones de los procedimientos de la agencia tributaria. A pesar de que se trata de un organismo independiente, sus administradores deben responder ante la autoridad del secretario del Tesoro, por lo que los republicanos exigen que la Casa Blanca aclare hasta qué punto conocía estas prácticas y por qué no ha reaccionado hasta ahora.
El republicano Marco Rubio ha acusado a la Administración Obama de ir aún más lejos, empleando el gobierno “como un instrumento político para atacar a sus enemigos, dificultando que los ciudadanos digan aquello que no les gusta”, según declaró Rubio en el Senado. El senador republicano alegó que los escándalos de Bengasi, la agencia AP y el IRS responden a “una cultura de intimidación” instaurada en la Casa Blanca.
Los auditores concluyeron que a comienzos de 2010, el IRS “comenzó a emplear criterios inadecuados” para identificar las organizaciones que solicitan exenciones de impuestos. A pesar de las medidas tomadas por la agencia, advierten, ésta “deberá hacer más para que los ciudadanos puedan confiar en que las solicitudes no sufren ningún retraso injustificable y son tratadas con imparcialidad”.
El comisario del IRS, Steven Miller, reconoció esta semana en el diario USA Today que “se cometieron errores, pero que en ningún momento se pueden atribuir a motivaciones partidistas”. Miller alega que la agencia debió responder a un aluvión de peticiones entre 2010 y 2012, coincidiendo con una nueva normativa para la financiación de grupos políticos.
Los auditores concluyeron que de un total de las 296 solicitudes por parte de grupos políticos, se aprobaron 108 y otras 28 fueron retiradas. Ninguna de ellas fue rechazada, pero 160 organizaciones debieron esperar, a veces, hasta tres años para obtener una respuesta. Un 15%, además, contenía los términos “Tea Party” o “patriota”. La investigación atribuye el retraso a “una gestión ineficiente, la aplicación de criterios inapropiados, retrasos innecesarios y solicitudes de documentación superflua”.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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