Los maestros disidentes de Guerrero han anunciado este viernes que harán una pausa en sus movilizaciones en protesta por la reforma educativa. La medida da oxígeno al Gobierno de ese Estado al suroeste de México y respiro también al presidente Enrique Peña Nieto, que ha enfrentado una semana de complejas acciones violentas.
Un sector de los docentes ha protagonizado durante los últimos días una escalada de tensión en México. Cercos al Congreso estatal, incendio de las sedes de los partidos políticos y bloqueo de carreteras en Guerrero ponen contra las cuerdas al Gobierno de Enrique Peña Nieto y a su reforma educativa, que el PRI considera una herramienta básica para la modernización del deteriorado sistema educativo mexicano.
"A raíz de todo esto que ha pasado acabamos de tomar una determinación con el movimiento. Hacemos una pausa, suspendemos las acciones masivas, mantenemos nuestro plantón [acampada] en la Ciudad de Chilpancingo, de aquí hasta el 1 de mayo. Vamos a dar esos días de diálogo", ha declarado este viernes Gonzalo Juárez, dirigente de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) a la cadena mexicana Televisa.
El Ejecutivo había optado hasta ahora por la espera. Solo el jueves, tras una jornada de auténtica batalla campal en Chilpancingo, capital de Guerrero, advirtió de que tomaría medidas contra los insurgentes con el envío de agentes federales. El Gobierno guerrerense, por su parte, ordenó la aprehensión de dos de los líderes de la CETEG, aunque durante las siguientes horas ambos hablaron para distintas cadenas de televisión. Uno de ellos, precisamente, es Juárez.
En los últimos días se ha cuestionado la participación de grupos externos a los maestros en los actos de protesta vandálicos. Este jueves, el gobernador de Morelos y también coordinador de la Comisión de Educación de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Graco Ramírez Abreu expuso “que lo que está ocurriendo en Guerrero no es una protesta de maestros”. En su opinión, “ahí hay una estrategia claramente planteada donde se vincula la presencia de guerrilla, con las famosas Policías Comunitarias y con grupos de vandalismo político”. Ramírez Abreu indicó también que ante situaciones como las registradas en Chilpancingo, “con agresiones a legisladores e inmuebles de partidos políticos, se debe actuar como se hizo contra la dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo”.
En esta línea, el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, aseguraba el jueves durante una entrevista en Milenio TV que “existen elementos que permiten confirmar que sí hay fuerzas externas al movimiento magisterial, que por supuesto, les están aportando financiamiento”. “Detrás del movimiento magisterial hay cosas muy extrañas”, ha añadido, “porque puede ser que lo mantengas una semana o tres días, pero mantener un movimiento durante más de 50 días, movilizando a miles, a cientos, dándoles desayuno y comida. Tenemos elementos, pero no quisiera darlos a conocer, porque entorpecería lo que junto con la parte federal estamos investigando”, señaló. Aguirre reconoció que no cuenta con elementos para sostener que la guerrilla se encuentra detrás del movimiento magisterial, pero sí se trata de una conjunción de movimientos sociales, incluso, de otras entidades. “No solamente son los maestros”, ha dicho.
El pasado 7 de abril el grupo de autodefensa de Guerrero, movimientos paraestatales organizados para impartir justicia allí donde las autoridades no llegan, asumió públicamente las demandas de los profesores: “La lucha de los maestros es una lucha del pueblo, por la defensa de la educación gratuita y en este momento de represión al magisterio, nuestra institución también es agredida, porque con la represión se niega el derecho a la manifestación de las ideas”, aseguraba en un comunicado.
Los maestros opositores a la norma –la primera reforma constitucional del sexenio del nuevo PRI- están en contra de que la estabilidad y los ascensos dependan de sus méritos profesionales y de los resultados de un sistema de evaluación independiente. Aseguran que la propuesta viola sus derechos laborales y atenta contra la gratuidad de la enseñanza. La reforma también anuncia un censo de escuelas y de maestros, algo que todavía no existe en México.
Las protestas –que se han extendido, con menos virulencia, a Estados como Oaxaca y Michoacán- las protagonizan los educadores vinculados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), un sindicato disidente al principal, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El anuncio de la reforma de Peña Nieto en diciembre advertía de que habría pulso, sobre todo, con este último, el más grande de América Latina, con más de un millón de miembros, que organiza habitualmente paros y movilizaciones cuando se tocan sus intereses. En febrero, el desafío aumentó con la detención de Elba Esther Gordillo, la Maestra. Desde entonces, el SNTE mantuvo un perfil bajo y fue la CNTE la que tomó las calles.
México figura en el último lugar en el Informe Pisa de 2009 de los 34 países integrantes de la OCDE, y los Estados de Guerrero y Oaxaca están entre los que sufren mayores problemas de baja escolaridad.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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