Más de 1.750 menores han muerto violentamente en incidentes vinculados con la guerra contra el crimen organizado desde 2007 hasta el pasado mes de marzo, según un informe de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), que subraya que esta estadística del horror continúa estable. El grupo de edad más afectado es el de los adolescentes entre 15 y 17 años y los Estados más peligrosos son Chihuahua –cuya tasa de homicidios de menores supera en cinco veces la media nacional, pese a que ha bajado en los últimos años-, Nuevo León, Guerrero, Sinaloa y Tamaulipas. Esta ONG calcula que entre 15.000 y 20.000 adolescentes son explotados por bandas criminales y carteles de la droga y que siete de cada diez menores asesinados lo son por armas de fuego.
Detrás de cada cifra hay una tragedia. Como el caso de Valeria, una niña de cuatro años desaparecida el pasado 1 de abril en la ciudad de Texcoco, en el Estado de México, y hallada días después en El Salvador o del chico de 13 años de Zacatecas cuyo cadáver con un tiro de gracia fue encontrado junto a otros cinco cuerpos en una carretera de ese Estado del norte del país, el pasado 28 de febrero. El muchacho había sido detenido el día 3 de ese mes en un operativo policial contra un grupo del crimen organizado y posteriormente liberado por la Procuraduría General de Justicia de ese Estado en razón de su edad sin protección de ninguna clase –su identidad fue revelada- y bautizado por los medios como el “niño sicario”. A sus asesinos solo les llevó unas semanas ejecutar su venganza.
Juan Martín Pérez García, director de REDIM, subraya que existe “una tendencia creciente hacia la explotación sexual de los menores así como en la desaparición de chicas adolescentes” y condena sin paliativos su criminalización como “niños sicarios” cuando en realidad son “víctimas de la narco explotación”. “Los tratan como a criminales. Actualmente en México no hay una sola institución que esté obligada a prevenir o atender a los niños de la violencia”.
Sin embargo, la tendencia se mantiene constante. Solo en el primer trimestre de este año han muerto 60 menores (19 en enero, 17 en febrero y 24 en marzo). El promedio mensual de defunciones fue de 15 en 2010, 20 en 2011, 24 en 2012 y 20 en lo que va de 2013. Además el 80% de los homicidios no se relacionan con un grupo delictivo específico por lo que su resolución suele quedar en la impunidad y al menos el 3% de ellas, según REDIM, son ocasionadas por las fuerzas de Seguridad.
El director de esta ONG lamenta la ausencia de datos oficiales sobre esta tragedia y el retraso de México en esta materia en comparación con otros países de América Latina. “Es imposible obtener esa información dada la fragmentación de las estadísticas oficiales. No hay coordinación como ocurre también en otras áreas de salud, educación o justicia. México firmó en 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU pero nos hemos quedado rezagados. A pesar de que actualmente hay dos iniciativas legislativas en este sentido en el Congreso, Bolivia, el segundo país más pobre de América Latina, tiene una ley de protección a la infancia más moderna que nosotros, que somos la segunda economía más grande del continente”.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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