El expresidente Leonel Fernández y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) solicitaron a la fiscal Yeni Berenice Reynoso disponer el archivo definitivo de la querella presentada en su contra por el exfisal Guillermo Moreno el 24 de enero. En el escrito de reparos de 87 páginas, depositado anoche en el despacho de la fiscal, sostienen que los hechos imputados no constituyen infracción penal, en virtud de lo establecido en el artículo 281 del Código Procesal Penal, numeral 6. El referido artículo 281, numeral 6 dispone: “El ministerio público puede disponer el archivo del caso mediante dictamen motivado cuando: Es manifiesto que el hecho no constituye una infracción penal”.
Indican los abogados que el archivo definitivo se fundamenta en el principio de legalidad penal, que se expresa en el conocido aforismo “nullum crimen, nula poena sine lege previa”, consagrado en el artículo 4 del Código Penal.
“Las conductas atribuidas al doctor Leonel Fernández y Funglode no constituyen crimen de violación de la Constitución, prevaricación, perjurio, concusión, el delito de mezclarse con asuntos incompatibles con su calidad y lavado de activos, ni el de incremento patrimonial derivado de actividades ilícitas”, afirman.
La petición de archivo definitivo fue hecha a través de los abogados doctores Abel Rodríguez del Orbe, Radhamés Jiménez Peña y licenciados Olivo Rodríguez Huertas, Juan Antonio Delgado, Ramón Emilio Núñez N., y Miguel Ernesto Valerio Jiminián.
Los abogados sostienen que en la querella se narran situaciones sobre patrocinios otorgados a Funglode por instituciones estatales, de manera específica el Banco Central, Indotel, entre otras. Sobre ese particular suponen que el dinero de esta institución gubernamental no es ilícito por estar en el presupuesto de la misma, consignado y auditado por los órganos correspondientes del Estado.
“Esta situación, al igual que el caso anterior, nos plantea un caso de delito imposible, y hace risible la querella en lo atinente al ilícito de lavado de activos”, alegan.
“Esto no merece explicación alguna, pues el dinero en este caso era pagado directamente por la institución pública, por lo que una vez más haría de una institución del Estado el agente de lavado de activos”, añadieron.
Indican que otra modalidad de supuesto lavado de activos era el pago de realización de estudios académicos a funcionarios públicos por parte de instituciones del Estado dominicano.
Esta situación es más extraña aún en cuanto al lavado de activos. Ello porque en esta situación el dinero era del presupuesto de la institución pública para educación de sus funcionarios, explican los abogados.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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