Cuando Luigi Boria llegó de Caracas a El Doral, en 1989, allí solo había una autopista en el extremo este y otra en el oeste que atravesaban el condado de Miami-Dade, un vertedero de basura y no más de 15.000 habitantes. Entonces El Doral no era una ciudad, de acuerdo a la división territorial del Estado de Florida. Desde 2003 sí lo es: es la única ciudad donde la diáspora venezolana, que comenzó a emigrar a Estados Unidos, España y Colombia durante la última década, es mayoría.
A diferencia de la primera generación de cubanos que emigró al sur de la Florida tras el triunfo de la revolución de los hermanos Castro, los venezolanos de Miami y sus alrededores no añoran volver a su país. En agosto de 2011, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, que agrupa a la oposición al chavismo) tanteó este deseo con una encuesta: ante la pregunta de si regresarían a Venezuela si perdiera o ganara Chávez, el 95% de los venezolanos residentes en Miami dijo que no. “Ese resultado realmente nos impresionó. Aunque yo, en lo personal, tampoco regreso a Venezuela. A muchos venezolanos que estamos asentados aquí nos duele el país, queremos que se produzca un cambio democrático, pero nos quedamos en Estados Unidos”, dice Pedro Mena, que llegó a Miami como asilado en 2001 y en 2013 aspira a convertirse en ciudadano estadounidense.
“El problema no es nada más Chávez”, alega Patricia, una ingeniero civil que descarta el regreso. “Es la inseguridad, la situación económica, la falta de oportunidades. Eso no se arregla con un cambio de Gobierno”.
Los primeros venezolanos en llegar a El Doral eran empresarios, importadores que enviaban toda clase de mercancías a Venezuela, que aún compra en el extranjero cerca del 80% de los productos que consume. Ahora también viven allí abogados que trabajan de mesoneros; ingenieros que conducen taxis y ciudadanos de cualquier profesión que al llegar al aeropuerto de Miami dijeron: “Soy perseguido político” y con razones para hacerlo y sin ellas, tramitan ahora su asilo. “Todo cambió desde 2004, con la nueva emigración que ya venía huyendo del sistema radical social-comunista que se ha ido estableciendo en Venezuela”, dice Luigi Boria: caraqueño, contador, pastor religioso, concejal y actualmente en campaña para convertirse en alcalde de El Doral donde el 21% de los habitantes son venezolanos.
Los periódicos gratuitos que circulan en El Doral —El Venezolano, ABC de la Semana, Doral News, Hispanos Report— informan al detalle de la política local de Venezuela y los furiosos planes del “exilio” de Miami para participar en ella. “Human Rights Watch condena a Chávez”, “Chávez, te esperamos en La Haya”.
La oposición es aplastante mayoría entre los emigrados venezolanos de Florida; pero entre todos, no aportan grandes sumas de dinero a la campaña opositora en Venezuela. “No recibimos ayuda económica, la gente contribuye con sus donaciones en especie para los actos políticos que hacemos aquí: si necesitamos un autobús, recogemos dinero entre todos y pagamos el autobús…”, dice Pedro Mena, que hoy es secretario general en Florida de la MUD, la alianza de más de 20 partidos que eligió a Henrique Capriles como el candidato único que enfrentará Hugo Chávez en las presidenciales de octubre.
En enero, el Gobierno de Estados Unidos expulsó a la cónsul venezolana en Miami, acusándola de conspirar contra la seguridad nacional junto con los Gobiernos de Irán y Cuba. El presidente Hugo Chávez ordenó, como respuesta, el cierre del consulado de Venezuela en la ciudad, que a su vez servía de centro de votación a 20.000 electores. Ahora, quienes deseen participar en las elecciones venezolanas de octubre desde Florida deberán viajar 11 horas en coche hasta el consulado de Nueva Orleans. Bajo el eslogan “Todo sea por Venezuela”, una agencia de viajes de El Doral promociona paquetes por 259 dólares —transporte y dos comidas incluidas— para ir a votar; pero pocos disponen del dinero para pagarlo.
El capital venezolano, sin embargo, ha contribuido en mucho a la recuperación del mercado inmobiliario de Florida, uno de los Estados más afectados por la ola de desahucios que siguió al estallido de la crisis económica de 2010. Siete de cada diez clientes que contratan los servicios de la agencia inmobiliaria de la cubana Mercedes Guinot son venezolanos. “No son residentes. La mayoría vive todavía en Venezuela y dada la situación que se vive allá, la inseguridad, la inestabilidad, muchos quieren tener algo acá, por cualquier cosa que pueda suceder”, dice Guinot.
Parte de ese dinero que alimenta la economía de Miami son petrodólares de la revolución. Desde 2003 opera en Venezuela un férreo control de cambio que solo permite a cada venezolano comprar 400 dólares en efectivo y consumir 2.500 dólares a través de tarjetas de crédito por año, a precio preferencial, previa autorización oficial; y los empresarios privados solo pueden adquirir hasta 350.000 dólares mensuales, a una tasa superior al tipo de cambio oficial. El resto de las importaciones, en especial de alimentos, las monopoliza el Estado, que suele subcontratar a empresas de su entorno político. Esa boliburguesía, como se le llama comúnmente en Venezuela, y que llena los anaqueles de los mercados públicos de Venezuela con arroz, frijoles y leche de Estados Unidos, también ha buscado en Miami un plan B, sobre todo desde que el presidente Chávez se declaró enfermo de cáncer en junio de 2011. Algunos de ellos enfrentan cargos en la justicia local por manejos ilícitos de dinero: a finales de junio, cuatro hombres fueron arrestados por exportar, sin autorización, repuestos de aviones F-16 para la Fuerza Aérea de Venezuela.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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