Es la pugna que no cesa. Casi parece eterna. Los políticos conservadores de Florida siguen usando todos los resquicios legales para contrarrestar las medidas aperturistas que el Gobierno de Barack Obama lleva poniendo en práctica con Cuba desde el comienzo de su mandato. No admiten que el nuevo sistema, tras más de medio siglo de presión inútil, abra espacios de libertad, y argumentan que ayuda a mantener el régimen castrista. Es el interminable tira y afloja por una revolución que, a duras penas, sigue en pie casi tres generaciones después.
La historia, aunque repetida, tiene matices insólitos. Último acto. Salida del primer barco en 50 años de Miami hacia La Habana con una carga de mercancía humanitaria básica permitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) y el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Todo supuestamente legal. Pero la congresista cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen, presidenta republicana del Comité de Relaciones Exteriores, envió una carta a la OFAC quejándose del permiso y pidiendo una investigación sobre la posible violación de la ley Helms-Burton del embargo a Cuba.
El Ana Cecilia tuvo que esperar un día fondeado antes de entrar en el puerto habanero porque le faltaban dos formularios, pero no estadounidenses, sino requeridos por Cuba. Su ruta será semanal o quincenal, dependiendo de los envíos. Salió el miércoles del pequeño puerto del río Miami, un guiño a su curiosa bandera de Bolivia, país sin mar y que solo tiene navegación fluvial y lacustre, y regresó el sábado sin más problemas. Apenas llevó esta vez un contenedor y pareció simbólico, una prueba, pues el grueso de los viajes y remesas a Cuba se hacen por avión. Por barco, hasta ahora, solo llegaban de Estados Unidos los productos agrícolas pagados al contado, una de las muchas rendijas del embargo.
Mario Díaz Balart, otro de los congresistas republicanos del sur de Florida, intentó cerrar el grifo de los viajes hace unos meses y volver a las restricciones de la etapa del presidente George W. Bush. Pero fracasó. David Rivera ha sido el último representante del exilio cubano más conservador en llegar a la ofensiva tras la retirada del más veterano Lincoln Díaz Balart, hermano de Mario. Se ha convertido en el más activo paladín anticastrista, y eso que no acaban de quedar claras algunas de sus actividades económicas personales, denunciadas reiteradamente por The Miami Herald y El Nuevo Herald. No contesta a ninguna de las acusaciones y solo repite que se trata de calumnias. Pero nunca se ha querellado contra los rotativos.
Sin embargo, su particular huida hacia adelante contra Cuba es imparable. Tampoco consiguió frenar los viajes a la isla desde Florida, al ser de competencia federal. Se lo negó un juez, como el que ya ha paralizado otra ley estatal que trataba de prohibir contratos a empresas con negocios en Cuba, promovida por dos parlamentarios locales de la línea dura. Pero Rivera, inasequible al desaliento, sí ha logrado una restricción a los viajes religiosos y culturales, y la ha emprendido nada menos que con la Ley de Ajuste Cubano. Opina que permitir el regreso a la isla un año y un día después de conseguir la residencia en EE UU gracias a la ley es un abuso. Según su proyecto, el que lo hiciera antes de cinco años, plazo tras el que se puede obtener la ciudadanía estadounidense, perdería ese estatus. Pero ahora la mayoría de exiliados no son ya refugiados políticos, sino económicos. Llegan a Estados Unidos muchos más gracias a la lotería de visados o a la reunificación familiar. Y ayudar a la familia que queda en Cuba es clave, aunque existan también otros fines deleznables. Por encima de todo está la libertad de movimientos, algo que ha cercenado el castrismo durante más de medio siglo. Raúl, un viejo exiliado, pero no inmovilista, dice con indignación: “Gente como Rivera, al final del día, son como los Castro”.
Rivera también logró introducir una cláusula en una ley sobre gastos de Defensa que prohíbe a las compañías que hacen negocios con Cuba —al igual que con otros países considerados patrocinadores del terrorismo, como Siria, Sudán e Irán—, tener contratos con ese departamento. No se le escapa una.
Cerca de 400.000 cubanos viajan anualmente a la isla desde Estados Unidos. Entre ellos están los llamados mulas, a los que se paga el viaje para que lleven mercancías y dinero. Es, sin duda, el soporte de la maltrecha economía cubana. Si se suman las donaciones y los permitidos viajes religiosos y humanitarios, se calcula que entre todos dejan en la isla más de 4.000 millones de dólares al año. La crítica del exilio duro es que se “alimenta al monstruo”, pero en los últimos tiempos la interpretación es distinta. Se ha creado un auténtico mercado paralelo, lo que, unido a los últimos permisos de pequeños negocios, ha llevado al Gobierno cubano a subir los aranceles prácticamente al doble a partir del próximo 3 de septiembre.
Las tiendas estatales han bajado sus ventas, porque llega casi todo de Miami. Las remesas alimentan ya más al pueblo que se trata de rescatar. Son el oxígeno para que la libertad estalle. Por ello, aún tiene menos sentido la cerrazón de los congresistas conservadores, que siguen sin admitir el nuevo estilo de juego abierto propuesto por Obama. “Es insólito tanto cerrilismo”, dice, con gesto cansado, Raúl. “Será porque les interesa seguir así otros 50 años, viviendo de la presión a trozos sin solucionar nada. Pero, claro, sirven al electorado de los que aún se creen en los años sesenta y también viven del mismo cuento. Tan inútil, salvo para ellos”.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
No comments:
Post a Comment