El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, tiene desde este jueves una poderosa herramienta legal para negociar la paz con los grupos guerrilleros. Se trata de una ley con le permite sentarse en la mesa y ofrecerle a los insurgentes una salida política.
En la Casa de Nariño, sede del Gobierno, había satisfacción. “Gracias al Congreso por aprobación de normas que podrían permitir terminación del conflicto”, escribió en su cuenta de Twitter Santos. Sin embargo, aún no se conoce una respuesta de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) ni de ELN (Ejército de Liberación Nacional) para quienes en la práctica está dirigida la iniciativa parlamentaria y que fue impulsada con ahínco desde el legislativo.
Para llegar este punto han tenido que pasar ocho meses de intensos debates en el Congreso que ha aprobado el Marco Jurídico para la Paz. El trámite ha sido objeto de numerosas críticas, en especial de organizaciones de derechos humanos internacionales como Human Rights Watch, que exigían ser cuidadosas en no premiar a quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad. Por eso ha quedado claro que la norma permitirá, de manera transitoria, darle penas alternativas a los ilegales que no hayan cometido estas faltas y, en casos específicos, darles voz política. “No podrán ser considerados conexos al delito político los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad y genocidios cometidos de manera sistemática, y en consecuencia no podrán participar en política ni ser elegidos quienes hayan sido condenados y seleccionados por estos delitos”, dice uno de los incisos de la norma.
Esto significa, por ejemplo, que en el futuro jefes guerrilleros como Timoleón Jiménez, Timochenko, máximo líder de las FARC y sobre el que pesan acusaciones por secuestro y desapariciones, no podrá llegar a ser senador. O Nicolás Rodríguez alias Gabino, líder del ELN, tampoco podrá participar en elecciones para ser alcalde o gobernador en Colombia. Ambos, según la nueva norma, deberán ser investigados y sancionados por “todos los delitos” relacionados con crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.
Sin embargo, se abre la puerta para que otros insurgentes de estos movimientos sí lo hagan, como es el caso de Rodrigo Granda, quien es considerado el canciller de las FARC. Granda, hoy en la clandestinidad, fue liberado por petición del presidente francés Nicolas Sarkozy al Gobierno colombiano para enviarle una señal a las FARC y dejara en libertad a Ingrid Betancourt. A pesar de su importancia en la estructura de esta guerrilla él cumple, según la nueva norma, con los requisitos para llegar al Congreso.
De terminarse el conflicto en el país, el Gobierno puede suscribir acuerdos de paz con estos grupos insurgentes bajo la condición de que liberen a todos los secuestrados y excluyan a los menores de 18 años de sus filas.
Lo que también permitirá este marco legal, que ha sido una fijación del presidente Santos desde que llegó a la Casa de Nariño en agosto de 2010, es que a través de mecanismos de justicia transicional los ilegales que deciden abandonar la guerra reciban beneficios como la suspensión de la pena, penas alternativas y excarcelaciones. A cambio deben, no solo abandonar las armas, sino reconocer a sus víctimas, repararlas y decir la verdad.
Esto, justamente, es lo que más ha molestado al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, quien a través de su cuenta de Twitter ha criticado fuertemente al actual Gobierno, a quien apoyó para llegar a la Presidencia y de quien hoy es su más férreo opositor: “Por qué el Gobierno Santos estimula la impunidad y la elegibilidad política de cabecillas de FARC y ELN?”, fue uno de sus mensajes del pasado 11 de junio.
Sin embargo, el senador Roy Barreras, del oficialista Partido de La U y autor del proyecto, enfatiza que esta no es una ley de impunidad y olvido: “No le rebaja un día de cárcel a nadie, ni le regala beneficios a nadie. Hoy no hay condiciones para la paz, hoy lo que todos los colombianos sabemos es que se necesita mano dura del Estado para combatir a los violentos”.
El último paso para que la norma sea promulgada se dará este martes, cuando Cámara y Senado concilien las modificaciones que se le han hecho al proyecto.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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