Con la presidencia de Estados Unidos en el alero, una mayoría de jueces del Tribunal Supremo mostraron ayer de forma inequívoca sus dudas sobre la autoridad del Gobierno para obligar a los ciudadanos a adquirir un seguro de salud, la piedra angular de la reforma sanitaria de Barack Obama, la obra cumbre de su gestión. Todavía queda una jornada de audiencias y, probablemente, varias semanas de reflexión antes de conocerse un veredicto, pero parece anticiparse un terremoto político de graves consecuencias.
Los nueve jueces del Supremo escucharon ayer argumentos sobre el aspecto más controvertido de la ley: la obligación a disponer de un seguro –con ayudas públicas a quien lo precise- o pagar una multa si no se hace. El principal abogado del Estado, Donald Verrilli, sostuvo que esa imposición es imprescindible para la sostenibilidad del sistema y está basada en el apartado de la Constitución que la da al Gobierno federal la potestad de regular el comercio. El abogado de los 26 estados que han denunciado a la Administración central, Paul Clement, defendió que obligar a los ciudadanos a comprar cualquier cosa, aunque sea un seguro de salud, es anticonstitucional porque viola los derechos individuales más básicos.
Cinco de los nueve jueces que integran el más alto tribunal –los cinco de tendencia conservadora- formularon o hicieron comentarios a lo largo de la sesión que muestran con bastante claridad sus simpatías con la posición de los denunciantes. Los otros cuatro magistrados, de tendencia progresista, sostuvieron, por el contrario, una línea de argumentación muy similar a la del Gobierno. Si se mantiene ese división, la reforma sanitaria sería paralizada por el Supremo, al menos su apartado principal, precisamente el que garantiza la cobertura universal.
Algunos expertos no descartan que los comentarios escuchados en la sesión de ayer sean parte de una estrategia deliberada de parte de los jueces para obtener mejores argumentos, por lo que sería imprudente llegar a conclusiones precipitadas sobre la decisión final. Pero la persistencia con la que los magistrados conservadores, incluido el más moderado de todos ellos, Anthony Kennedy -en quien estaban depositadas casi todas las esperanzas de Obama- se quejaron del intento de intromisión por parte del Gobierno en la actividad privada, no parece un indicador muy halagüeño para el presidente.
Kennedy sostuvo que el mandato de un seguro médico equivale a obligar a los ciudadanos a hacer algo que no quieren hacer. “Esto cambia la relación entre el Gobierno y los individuos de una forma fundamental”, dijo. “El Gobierno tiene muy difícil la justificación” de esta medida, advirtió.
En sus manos, pese a todo, está la suerte de este caso. Los otros jueces conservadores fueron aún más rotundos en sus críticas al seguro obligatorio. Antonin Scalia lo comparó con la posibilidad de forzar a los ciudadanos a comprar brócoli o a hacerse socios de un gimnasio, y precisó que “se supone que el Gobierno federal no es un Gobierno con todos los poderes sino con poderes limitados”. Samuel Alito manifestó que “este mandato es obligar a la gente a entregar un importante subsidio a las compañías de seguros”. John Roberts, presidente del tribunal, quien procuró estar más comedido, se preguntó, igualmente, si el Gobierno podría llegar a exigir a la gente poseer un teléfono móvil con el argumento de eso facilitaría la actuación de los servicios de socorro en caso de una emergencia. Todos ellos coincidieron en que si se le permite al Gobierno imponer un seguro de salud, no hay razón para no permitirle después cualquier otra cosa. El quinto juez de esa tendencia, Clarence Thomas, mantuvo su costumbre, desde hace seis años, de no formular preguntas, pero está considerado el más conservador de todos ellos y nadie duda de cuál será su posición final.
Del lado progresista, Stephen Breyer, recordó que el Gobierno central está autorizado a actuar en diferentes asuntos protegidos por la Constitución, y puso como ejemplo la limitación de velocidad en las carreteras o la existencia de un banco central. La jueza Sonia Sotomayor defendió la obligación a tener un seguro sobre la base de que “no es posible adquirirlo cuando se necesita”, por ejemplo en el momento en el que alguien tiene que ser atendido en el servicio de urgencias de un hospital. La jueza Ruth Ginsburg sostuvo que aquellos que no están asegurados están transfiriendo el gasto a los que sí tienen un seguro, puesto que en algún momento necesitarán atención médica, y que esto crea una situación injusta que la reforma de Obama intenta resolver. La jueza Elena Kagan admitió que, con el seguro obligatorio, se produce el efecto de subsidiar a las compañías para atender a los enfermos, pero añadió que eso se equilibra adecuadamente cuando la persona cae enferma y “el subsidiador se convierte en subsidiado”.
El veredicto no está previsto hasta el mes de junio. Queda tiempo para que los jueces discutan estos argumentos. A la espera de la sesión de mañana, incluso podría llegarse a una decisión intermedia: mantener la reforma pero rechazar el seguro obligatorio. Es difícil anticipar cómo se podría sostener la ley y la cobertura universal en esas condiciones. Tampoco es fácil predecir cómo podría Obama sobrevivir a un desastre de ese calibre. Todas las opciones, desde la más catastrófica –el impeachment- hasta la más optimista –un reencuentro con sus bases para revitalizar la candidatura presidencial- están hoy abiertas.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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