El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha prometido hoy investigar exhaustivamente y castigar “con toda la fuerza de la ley” la matanza de 16 civiles, nueve de ellos niños, a manos de un sargento norteamericano, ocurrida en la provincia afgana de Kandahar el domingo de madrugada. En un intento de aplacar los ánimos de la población afgana, el secretario de Defensa estadounidense, Leon Panetta, añadió durante una visita a Asia central que los fiscales del Pentágono no descartan solicitar la pena de muerte para el soldado detenido.
“La matanza de civiles inocentes es algo atroz e inaceptable. No define cómo somos como país, y no representa a nuestras fuerzas armadas”, dijo este martes Obama en una conferencia de prensa en la Casa Blanca. “Le puedo asegurar a la ciudadanía norteamericana y a la ciudadanía afgana que investigaremos los hechos, hasta adonde estos nos conduzcan, y que nos aseguraremos de que todos los que se vieron implicados en ellos rinden cuentas con toda la fuerza de la ley”.
El secretario de Defensa viajó el lunes por la noche a Kirguistán, un país con el que está negociando la extensión del alquiler de una base aérea, que EE UU emplea para el transporte de tropas y material bélico a Afganistán y que es de crucial importancia para el Pentágono. A bordo de un avión militar, Panetta dijo que los fiscales militares están investigando el caso, y que podrían pedir la pena capital si al sargento detenido se le declara capacitado para ser sometido a juicio.
Otras fuentes del Pentágono revelaron el lunes en Washington que el sargento sufrió un accidente de coche en 2010 en Irak, y que se le diagnosticó una lesión cerebral. A pesar de ello, los médicos le consideraron apto para regresar al frente. Precisamente, el Ejército está investigando la base a la que está afiliado, Lewis-McChord, en el Estado de Washington, por sospechas de que sus médicos redujeron el número de diagnósticos de casos de estrés postraumático (uno de los efectos más comunes de servir en el frente) para ahorrar gastos.
La matanza tuvo lugar el domingo en el distrito de Panjwai, en la provincia de Kandahar, bastión talibán. Precisamente allí atacaron este martes los insurgentes a una delegación del Gobierno afgano que tomaba parte en los homenajes a las víctimas. En ella se encontraban Qayoom y Shah Wali Karzai, hermanos del presidente de la nación, y el general Shir Mohammed Karami, jefe del Estado Mayor del Ejército. Los rebeldes abrieron fuego y mataron a un soldado afgano. El lunes, los talibanes habían prometido vengar la matanza, y habían llamado a la insurrección de la población civil contra las tropas norteamericanas.
Jalalabad, al este del país, vio este martes las primeras manifestaciones de protesta en el país. Más de 400 estudiantes se concentraron al grito de “muerte a América”, prometiendo guerra santa contra los soldados norteamericanos. En la concentración quemaron una fotografía del presidente Obama, informa AFP. Una de sus reivindicaciones era que al sargento le juzgue la justicia afgana. Sin embargo, en virtud de un acuerdo de colaboración suscrito por Washington y Kabul, este sólo deberá rendir cuentas ante la justicia militar de EE UU.
El sargento fue trasladado a un centro de detención en otra base, en la capital de Kandahar. Fuentes militares aquí en Washington revelaron este martes que, hasta la fecha, el sospechoso se ha negado a hablar con los agentes de la división de investigaciones criminales del Ejército que investigan el caso, para no incriminarse. El pasado domingo se entregó a sus superiores en su base, después de haber aniquilado a las 16 personas y haber intentado quemar la mayoría de cadáveres.
El comandante al frente de las tropas de la OTAN en Afganistán, el general norteamericano John Allen, confirmó el lunes por la noche que el soldado abandonó la base en solitario, algo en lo que han insistido tanto la Casa Blanca como el Pentágono, para retratar el incidente como un acto anómalo y al margen del conjunto de las operaciones bélicas en el país. En la base se supo inmediatamente que el sargento había salido, y sus superiores crearon un equipo de búsqueda que no logró localizarlo antes de que culminara la masacre.
El Gobierno de Afganistán ha tratado de contener el resurgimiento del antiamericanismo, sólo un mes después de que la quema de coranes en la base aliada de Bagram provocara la ira de la población. Kabul compensó este martes a las familias de las víctimas. Por cada fallecido ha pagado 100.000 afganis (cerca de 1.500 euros). A los heridos les ha indemnizado con 50.000 afganis. La Casa Blanca tiene intención de ofrecer también compensaciones, aunque no ha concretado aun las cantidades ni a quién irán dirigidas.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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