“Las autoridades iraníes han intensificado sus medidas contra la libertad de expresión con una oleada de detenciones en los últimos meses que ha tenido por objetivo a abogados, estudiantes, periodistas, activistas políticos y sus familiares, minorías étnicas y religiosas, cineastas y gente con conexiones internacionales, en particular con medios extranjeros”, denuncia Amnistía Internacional (AI) en un informe que se hace público hoy, 'Nos han ordenado aplastarte: Aumento de la represión a la disidencia en Irán'.
El título está extraído de un comentario que le hizo un interrogador al periodista Ahmad Zeidabadi, detenido durante las protestas que siguieron a la reelección del presidente Mahmud Ahmadineyad en 2009. “Nos han ordenado aplastarte y, si no cooperas, podemos hacer lo que queramos contigo”, le dijo, según relató su esposa más tarde.
El texto analiza la creciente propensión al control, la censura y la vigilancia de la información a la que los iraníes pueden acceder bien a través de los medios tradicionales o de los electrónicos. Según la organización de derechos humanos, esa tendencia se ha incrementado significativamente ante las elecciones parlamentarias del próximo viernes y está contribuyendo al deterioro de los derechos humanos en Irán.
“Hasta 2009, antes de las elecciones, solía vivirse cierta relajación y [el régimen] permitía una mayor libertad de expresión que no estamos viendo en estos comicios”, explica a EL PAÍS Drewery Dyke, especialista en Irán de Amnistía, en conversación telefónica. Al contrario, “ahora las limitaciones que afectaban a las libertades de expresión y reunión han entrado en las salas de estar y los dormitorios de los iraníes a través de las medidas para controlar Internet”, añade.
“Hace apenas dos semanas se ha oficializado la unidad de ciberpolicía con capacidad de llevar a cabo detenciones, lo que significa acelerar y expandir las controles al ámbito privado”, señala el analista. Según recuerda el informe, esas restricciones fueron sancionadas en la Ley de Delitos Cibernéticos de 2009 que extiende a Internet y las publicaciones electrónicas los castigos del Código Penal y de la Ley de Prensa. No es mera teoría. AI ha documentado el caso de Ashkan Delanvar, el primero en ser juzgado bajo esa ley por facilitar antifiltros y enseñar a usarlos. Delanvar fue condenado a 10 meses de cárcel, pero ha huido de Irán y pedido asilo en Europa.
“Queremos decir a los nuevos diputados que esto no es tolerable y recordarles que dentro de dos semanas va a reunirse el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, apunta Dyke.
En su opinión, esas limitaciones envían un mensaje claro que ha venido reforzado por lo que considera un “hecho preocupante”, la extensión de los tentáculos del brazo represor del régimen fuera del país. El pasado 17 de enero, responsables iraníes detuvieron a la hermana de una empleada del servicio en persa de la BBC y la encerraron en una celda de aislamiento de la cárcel de Evin. Además de tener que grabar una confesión antes de ser liberada bajo fianza, la mujer fue obligada a facilitar su contraseña de Facebook. Agentes de los servicios secretos utilizaron la clave para presionar a su hermana en relación con su trabajo en la BBC.
“El objetivo es claramente minar y dictar su información y sus fuentes”, interpreta Dyke, quien desde el cierre del informe ha conocido otro caso parecido. Cuando el periodista Mohammad Rahbar acudió a la Embajada de Irán en Malaysia para renovar su pasaporte, fue informado “de forma educada” de que debía evitar promover el boicot a las elecciones y ser más cuidadoso en sus referencias al líder supremo. De momento, no ha recibido su nuevo pasaporte.
Son los últimos incidentes de una larga lista de casos que se recogen a lo largo de las 71 páginas del informe y que presentan un panorama bastante desolador de la falta de respeto a los derechos humanos en Irán. “La mayoría de los juicios son terriblemente injustos, en particular los que tienen lugar ante tribunales revolucionarios”, denuncia AI. La organización recuerda que la mayoría se celebran a puerta cerrada, sin que los acusados tengan acceso a un abogado y apenas duran unos minutos. Según el testimonio de algunos abogados defensores, los jueces reciben instrucciones de los servicios secretos que han supervisado los interrogatorios y aceptan como prueba confesiones extraídas bajo tortura.
“Cientos de presos políticos y de conciencia están actualmente detenidos o encarcelados, aunque es difícil facilitar cifras precisas [debido al] secretismo que rodea las detenciones, la dificultad de obtener información sobre encerrados en prisiones fuera de las principales ciudades, la falta de acceso de los detenidos a sus familias y abogados, y las presiones que sufren los familiares para que no hablen de la detención de sus seres queridos”, resume el devastador informe.
Entre los casos más conocidos se encuentran los de los líderes opositores Mir-Hosein Musaví y Mehdi Karrubí, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario desde que el año pasado pidieron permiso para celebrar una manifestación de apoyo a las revueltas en Túnez y Egipto. “No se ha presentado ningún cargo contra ellos y la decisión de mantenerlos detenidos parece estar en manos del líder supremo”, denuncia AI. Las autoridades iraníes, que aseguran respaldar el “despertar islámico” de sus vecinos árabes, han endurecido, según esa organización, la represión interna para “impedir que los iraníes aireen sus peticiones de mayor responsabilidad y respeto por sus derechos”
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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