El Gobierno venezolano tiene ahora la facultad de establecer cuánto debe costar un tubo de pasta de dental, una compota para niños, una maquinilla de afeitar o un frasco de champú. Es así desde que este martes entró en vigencia la nueva Ley de Costos y Precios Justos, decretada en julio pasado por el presidente Hugo Chávez. Una ley diseñada para poner freno a la “especulación” de las empresas privadas que, según el Gobierno, son culpables de que Venezuela tenga la tasa de inflación más alta de América Latina y atraviese constantes ciclos de escasez desde hace al menos cinco años.
El organismo encargado de la aplicación de esta ley será la nueva Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos (Sundecop): una dependencia adscrita a la Vicepresidencia de la República, que tendrá la potestad de “ejercer la regulación, administración, supervisión, inspección, control y sanciones por parte del Estado a los agentes económicos”. Las multas pecuniarias, la inhabilitación temporal del ejercicio de sus actividades, el cierre temporal de sus instalaciones o la “ocupación”, son algunas de las sanciones que puede imponer la Sundecop a empresas productoras, importadoras o comercializadoras de todo tipo de bienes y servicios, sean venezolanas o extranjeras.
Con la entrada en vigor del decreto-ley, el presidente Hugo Chávez anunció el comienzo de las tareas de la Superintendencia, con la fiscalización de 54 empresas productoras de alimentos y de artículos para el aseo personal. “Hoy [por el martes] se está aprobando el mecanismo de fiscalización a un conjunto de empresas, métanle bien el ojo. Colgate-Palmolive, por ejemplo, hay que meterle el ojo a esto de las cremas dentales, jabón de baño, desodorante…todo eso”, afirmó Chávez a través de una llamada telefónica, retransmitida durante el acto organizado para anunciar la vigencia de la ley. Algunas de las empresas que entrarán bajo la lupa de la revolución son: Pepsi-Cola, Coca-Cola, Alimentos Nestlé, Heinz, Alimentos Polar, Johnson & Johnson, Knorr, Glaxo SmithKline, Biopapel y Agrofruit. El Gobierno prometió anunciar más nombres en enero.
La ley pretende poner freno a la "especulación" de las empresas privadas
En el mismo acto, el vicepresidente ejecutivo, Elías Jaua, anunció el congelamiento de los precios de 19 de los artículos que producen estas empresas: envases para el agua mineral, jugos de frutas, cera para suelos, lejía, detergentes, jabones, champú y enjuague para cabello, papel higiénico, compresas sanitarias y enjuagues bucales, entre otros. Algunos de ellos, como los enjuagues bucales y las compresas sanitarias, comenzaron a escasear desde hace un par de años en los anaqueles de los supermercados. Estos productos “no podrán ser aumentados de precio hasta tanto se fije el precio máximo de venta el público”, ha dicho Jaua, y ese precio, dijo también, será fijado después del 15 de diciembre.
Pero los controles ya existían en Venezuela mucho antes de la Ley de Costos y Precios Justos. Desde 2003 el Gobierno ha regulado los precios del azúcar, el café, la carne de res, el pollo, el cerdo, los quesos, las pastas, los granos y la leche, en todas sus presentaciones. Justamente, los productos que escasean cíclicamente en los mercados venezolanos. Gracias a estas regulaciones, por ejemplo, el precio oficial de un kilo de carne de primera es más barato en Venezuela que un kilo de cebollas.
Estas medidas, sin embargo, no han impedido la alta tasa de inflación venezolana. En lo que va de 2011, la inflación acumulada es del 22,7% y al cierre de 2010 fue del 27,5%, según cifras del Banco Central de Venezuela. Solo en el sector alimentos, los aumentos de los costes superan el 40% cada año y más del 80% de los productos que se consumen son importados.
La opinión de los empresarios es que la Ley de Costos y Precios Justos no resolverá el problema de la inflación, sino que colocará más obstáculos a la producción y comercialización de bienes en el país. “El objetivo de esta ley no son los comerciantes, a quien va a perjudicar es a los consumidores. Con más Gacetas (leyes y decretos) no vamos a controlar la inflación”, ha dicho este miércoles Carlos Fernández, presidente de la cámara de comerciantes Consecomercio.
Lorenzo Mendoza —presidente de las Empresas Polar, la más grande productora de alimentos de Venezuela— cree que la solución al desabastecimiento en Venezuela pasa primero por la despolitización de la economía. Alimentos Polar, que ha sido amenazada en varias oportunidades con la expropiación por parte del propio presidente Chávez, es una de las 54 empresas que el Gobierno comenzó a fiscalizar desde ayer. Según Mendoza, solo en 2011 las instalaciones de esta compañía en todo el país han sido inspeccionadas por funcionarios del Gobierno 2.200 veces.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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