El último pleno ordinario de la Llagosta (Vallès Oriental) ha aprobado por unanimidad de todos los grupos municipales, incluidos el PPC y el PSC, una moción que insta al consistorio a adoptar “las medidas necesarias” para evitar los desahucios por motivos económicos que se producen en el municipio. La iniciativa también prevé que los pisos vacíos que ya han sido embargados por las entidades financieras sean puestos “inmediatamente a disposición de las familias desahuciadas y sin recursos en régimen de alquiler social, no superando nunca el 30% de la renta familiar disponible”. En este sentido, el consistorio tilda de “inadmisible” que se estén produciendo miles de desalojos a la vez que existen “millones de pisos vacíos que no están cumpliendo su función social”. “Son este tipo de mociones las que nos acercan a la ciudadanía”, ha manifestado el alcalde de la localidad, Alberto López, a La Vanguardia.com.
Según la moción, el equipo de gobierno se compromete a mediar con los bancos y cajas de ahorros para paralizar las ejecuciones hipotecarias de las familias que de manera “sobrevenida e involuntaria” no pueden hacer frente al pago de las cuotas de la hipoteca. El consistorio considera asimismo que este tipo de desahucios “vulneran” el actual marco jurídico, “puesto que el derecho a la vivienda es un mandato constitucional”. También reconoce que los costes que generan los desahucios “recaen sobre la administración local”. Uno de los mecanismos que se adoptarán para materializar la moción es la creación de una mesa municipal de emergencia, donde participen políticos, afectados y técnicos del Ayuntamiento, para intentar encontrar una solución que garantice el derecho a la vivienda a las familias amenazadas de embargo.
La moción, presentada por los grupos municipales de Iniciativa – Esquerra Unida (ICV-EUiA) y Ciutadans Progressistes per la Llagosta (CpLl), ha sido promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). No obstante, el primer municipio que dio luz verde a una moción que iba en el mismo sentido fue Vilafranca del Penedès. La propuesta, aprobada en julio, pedía, además de paralizar los desahucios, la aprobación por parte del Gobierno español de la dación en pago. Actualmente, otros consistorios, como el de Sabadell y Santa Perpètua de Mogoda, preparan mociones similares.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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