La liberación del italiano Cesare Battisti decretada por el Tribunal Supremo de Brasil ha caído como una auténtica bomba en el Gobierno italiano. Un día después de hacerse pública la controvertida decisión de la justicia brasileña, el Ministerio de Asuntos Exteriores italiano llamó a consultas a su embajador en Brasilia, lo que da buena cuenta de la atmósfera de crispación que se respira en el Ejecutivo de Silvio Berlusconi. En línea con la posición de Italia se situaron en los últimos dos días el Gobierno francés y sectores nada desdeñables del Parlamento Europeo y del Senado brasileño.
El titular de exteriores italiano, Franco Frattini, justificó ayer su decisión de llamar a consultas a su máximo representante en Brasil declarando que ante "una decisión política y no jurídica no hay diplomacia que se sustente". Italia también anunció que llevará el caso ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya.
Mientras el Ejecutivo brasileño guarda un silencio sepulcral, varios ministros italianos continuaron ayer echándole leña al fuego. "Boicoteemos el Mundial de Fútbol 2014", propuso el titular italiano de Simplificación Normativa, Roberto Calderoli. "Es un acto indigno de una nación civilizada y democrática", arremetió la ministra de Juventud, Giorgia Meloni. Tampoco se quiso quedar corto el presidente Giorgio Napolitano, al afirmar que la decisión brasileña "contrasta con las relaciones históricas de consanguinidad y amistad entre los dos países".
El Tribunal Supremo de Brasil decidió en la noche del pasado miércoles, por seis votos a favor y tres en contra, denegar la solicitud de extradición cursada por Italia tras la detención de Battisti en territorio brasileño en 2007. Más sangrante aún para Italia resulta que la alta instancia judicial también aprobara por aplastante mayoría la puesta en libertad inmediata del exactivista. Tras abandonar el presidio de Pampuda, en Brasilia, Battisti, de 56 años, solicitó el jueves un permiso de residencia que le dará la posibilidad de hacer vida normal en Brasil: tendrá casi los mismos derechos y deberes que un brasileño, e incluso podrá trabajar legalmente en el país sudamericano. Acosado por la prensa y refugiado en hoteles y despachos de abogados, aún no sabe si vivirá en São Paulo o en Río de Janeiro, la ciudad donde fue detenido por primera vez en Brasil.
La decisión del Supremo no hace más que hurgar en la herida abierta por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que durante su Gobierno se opuso frontalmente a la extradición a Italia de Battisti con el argumento de que allí le esperaba un juicio político sin ninguna garantía jurídica. El día antes de abandonar su cargo, el 31 de diciembre de 2010, Lula decidió no extraditar a Battisti y pasarle la patata caliente a su sucesora, Dilma Rousseff.
En el Gobierno brasileño siguen existiendo serias dudas de que los crímenes que se le imputan a Battisti en su país natal hayan sido realmente perpetrados por él. También se considera improcedente condenar a alguien por los delitos cometidos en los denominados años de plomo de la Italia de los setenta. En este sentido, la revisión de lo sucedido en la propia dictadura brasileña sigue siendo un tabú para ciertos sectores de la sociedad, especialmente el castrense.
Battisti militó durante los setenta en el grupo italiano de extrema izquierda Proletarios Armados por el Comunismo (PAC). Refugiado en Francia desde principios de los ochenta, en 1993 la justicia italiana lo juzgó en ausencia condenándolo a cadena perpetua por cuatro asesinatos atribuidos al PAC y perpetrados entre 1978 y 1979. En 2007 y tras algunas fricciones con el Gobierno galo, Battisti decidió trasladarse al otro lado del Atlántico y se instaló en Río de Janeiro, donde fue detenido al poco tiempo de su llegada en una operación conjunta entre las policías brasileña e italiana. Desde entonces se encontraba entre rejas y a la espera de una resolución de la solicitud de extradición cursada por la justicia italiana.
En enero de 2009, el entonces ministro de Justicia, Tarso Genro, concedió a Battisti el estatus de refugiado desencadenando el inicio de la crisis diplomática entre Italia y Brasil. Dos años después, el expresidente Lula denegaba por primera vez la extradición. El exactivista admitió recientemente que continuaba siendo "un comunista de verdad, pero no en el sentido partidista" y que "la lucha armada fue un error".
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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