PANAMÁ.- Un tribunal de justicia de Panamá cerró el caso del accidente del helicóptero SAN-100, donde en 2008 murieron once personas, entre ellas el jefe de Carabineros general José Bernales, al decretar un sobreseimiento definitivo, informó hoy una fuente judicial.
"De la investigación se desprende que estamos frente a un delito de homicidio culposo y no doloso, y que la posible responsabilidad que existiera se le atribuye al piloto (Juan Delgado) por hacer un manejo inadecuado de los procedimientos de emergencia por falla del motor", determinó el juez de circuito penal, Adolfo Mejía, detalló la Corte Suprema de Justicia en un comunicado.
El general Bernales y su esposa, Teresa Bianchini, así como otras nueve personas, murieron al estrellarse el helicóptero del Servicio Aéreo Nacional de la Policía de Panamá (SAN-100) donde viajaban, el cual impactó contra un comercio de la capital panameña el 29 de mayo de 2008, tras confrontar fallas en uno de sus motores.
El dictamen también libera de toda responsabilidad al copiloto y único sobreviviente, Ernaldo Carrasco, debido a que el mismo "estaba en la aeronave como un copiloto no requerido" y nunca tuvo el control de la aeronave.
El juez Mejía, de igual forma, negó la solicitud de mantener el caso abierto por otros supuestos delitos, toda vez que quedó demostrado que sólo se está "frente a un delito de homicidio culposo y no doloso".
En este accidente murieron, además, el comandante Óscar Tapia y su esposa, Carolina Reyes Cruz; el comandante Ricardo Orozco Ugalde y el capitán Mauricio Fuenzalida, todos de nacionalidad chilena.
Los oficiales panameños muertos en el accidente fueron el piloto Juan Delgado, la comisionada de la Policía Nacional (PN), panameña de origen chileno, María Angélica González de Celis, el comisionado de la PN, Gerardo Polanco, el capitán Calixto Cedeño y el sargento Reynaldo Cerna.
En abril de 2009 el Gobierno de Panamá ratificó en un informe final que un fallo humano fue la causa del accidente del helicóptero, y procedió a finales de ese mismo año al pago de 6,4 millones de dólares en concepto de reparación económica al Gobierno de Chile y a los familiares de las víctimas, y de 2,4 millones a los familiares de las víctimas panameñas.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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