MEXICO.- El capo mafioso
Arturo Beltrán Leyva, famoso por su crueldad, organizó una fastuosa fiesta de Navidad hace dos años, con músicos ganadores de Grammys, prostitutas, abundante comida y tragos a granel.
Agentes estadounidenses que espiaban electrónicamente a Beltrán Leyva informaron acerca de la fiesta a las Fuerzas Especiales de la Armada, que prestamente lanzaron un ataque. Tras una balacera de 90 minutos, Beltrán Leyva logró huir, herido en el estómago.
Detectives estadounidenses le siguieron electrónicamente los pasos a Beltrán Leyva hasta un suntuoso departamento de la vecina Cuernavaca, donde se presentaron 200 efectivos de las fuerzas especiales, muchos de ellos descendiendo de helicópteros, apoyados por tanques. Al día siguiente, las portadas de los diarios mostraban fotos del cadáver ensangrentado del narcotraficante, cubierto de billetes.
La muerte de Beltrán Leyva fue considerada en su momento un éxito aislado de la cooperación entre las fuerzas policiales de México y Estados Unidos. Hoy, una cantidad sin precedentes de agentes estadounidenses trabajan en México y prácticamente todos los meses hay arrestos de figuras prominentes del narcotráfico, facilitadas por la información suministrada por los estadounidenses mediante aviones no tripulados que vigilan a los traficantes en sus escondites y aparatos que permiten determinar el sitio exacto donde se encuentran los autos y los teléfonos de los sospechosos.
La cooperación está generando cierto malestar entre sectores que dicen que semejante presencia vulnera la soberanía nacional. También se debaten los riesgos y beneficios de esta asistencia. Los agentes estadounidenses generalmente suministran información de inteligencia y entrenamiento, mientras que los mexicanos son quienes llevan a cabo las operaciones.
"Sí, tenemos instrumentos que nos permiten seguir a la gente", expresó Brad Barker, presidente de la Corporación HALO, una firma privada de seguridad que, entre otras cosas, ayuda en los rescates de personas secuestradas en México. "La cantidad de agentes destacados allí ha subido mucho".
Ni Estados Unidos ni México dicen cuántos agentes hay, alegando razones de seguridad. La AP pudo determinar que hay varios cientos apelando a una ley de libertad de información, el estudio de presupuestos y auditorías del gobierno, testimonios ante el Congreso y otros informes.
El Departamento Estadounidense Antidrogas (DEA), tiene al menos 60 agentes en México.
Además, hay 40 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), 20 efectivos del Servicio de Alguaciles Federales y 18 de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. En los últimos tres años la cantidad de empleados del Departamento de Estado estadounidenses asignados a México subió de 19 a 69, según la Contraloría General del gobierno.
Hay tantos agentes antinarcóticos del Departamento de Estado que ocupaban dos pisos enteros de la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México antes de trasladarse a un nuevo edificio junto con sus colegas mexicanos. Este es el segundo centro compartido que tienen los dos países en México.
No se ha revelado cuánto cuestan estas operaciones. Estados Unidos ha gastado 364 de los 1,500 millones de dólares prometidos a México en el 2008 bajo la Iniciativa Mérida, y México contempla invertir unos 10 mil 700 millones de dólares en seguridad pública este año.
A pesar de la estrecha colaboración, los funcionarios mexicanos generalmente restan importancia al papel de los estadounidenses para no herir el orgullo nacional. Esas sensibilidades se hicieron evidentes el miércoles, cuando varios legisladores mexicanos reaccionaron furiosos a la noticia de que el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza viene operando aparatos aéreos no tripulados, o "drones", Predator desde hace dos años y de que en marzo se están usando en territorio mexicano "drones" Global Hawk. Los legisladores dicen que no habían sido informados del tema por el Consejo Nacional de Seguridad, que fue quien autorizó el empleo de esos aparatos.
Poco antes, este mismo mes, algunos legisladores se enfurecieron al enterarse de que agentes estadounidenses habían permitido el ingreso ilegal de cientos, si no miles de armas a México, en operaciones encubiertas que eran parte de la lucha contra el narcotráfico. La Procuraduría General de la República (PGR) ha iniciado una investigación.
Si se comprueba que en la operación trabajaron agentes estadounidenses, "eso nos obligaría a replantear muchas cuestiones en la relación", dijo Jorge Alberto Lara Rivera, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR.
Las actividades de los estadounidenses en territorio mexicano generan polémicas también en Estados Unidos. Se dice que, al margen de algunos arrestos y confiscaciones de drogas importantes, cuesta medir el éxito de esa colaboración, ya que al mismo tiempo han aumentado los riesgos. El asesinato en febrero del agente del ICE Jaime Zapata hizo que el Congreso estadounidense programase audiencias este mes para analizar el papel de los agentes estadounidenses en México, donde más de 35 mil personas murieron en episodios relacionados con el narcotráfico desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva contra los carteles hace cuatro años.
La emboscada en una carretera en la que murió Zapata y resultó herido su compañero Víctor Avila se produjo menos de un año después del asesinato de tres personas relacionadas con el consulado general de Estados Unidos en Ciudad Juárez.
El representante republicano Michael McCaul, quien preside la Subcomisión de Investigaciones y Supervisión del Departamento de Seguridad Interior, se mostró furioso porque los atacantes le dispararon a Zapata luego de que éste se identificase, en lo que describió como una emboscada.
"Necesitamos una política y un plan para lidiar con México y con los carteles de las drogas, tanto dentro de México como en nuestra frontera", sostuvo. "No tenemos un plan en estos momentos y, si lo tenemos, nadie parece estar al tanto".
La portavoz del Departamento de Justicia Laura Sweeney confirmó que Estados Unidos y México han intensificado su cooperación, pero dijo que no podía "hablar de acciones específicas". Indicó que las operaciones conjuntas incluyen el compartir información para detener a miembros de los carteles y confiscar cargamentos de drogas, conseguir evidencia para llevar a juicio a sospechosos, extraditar fugitivos a ambos lados de la frontera, rastrear armas y capacitar a fiscales, investigadores y policías.
Las autoridades mexicanas le dan documentos diplomáticos a todos los agentes de las fuerzas de seguridad estadounidenses que viven y trabajan en el país. Esos agentes tienen prohibido portar armas. Las leyes mexicanas estipulan que los estadounidenses pueden intercambiar información y ofrecer asistencia técnica y capacitación, pero esas reglas no siempre parecen aplicarse a agentes estadounidenses que cruzan la frontera por unas horas, sin permisos especiales. Agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, que hablaron con la condición de permanecer anónimos porque podrían perder sus empleos, dijeron que eso sucede a cada rato.
Interrogado sobre las funciones que desempeñan los agentes estadounidenses que viven en México, un funcionario de la embajada estadounidense que pidió no ser identificado por razones de seguridad dijo: "Empecemos con lo que no hacen: No tiran puertas ni acompañan a los tipos que tiran puertas para hacer arrestos".
Lo que sí harían los agentes es rastrear aparatos colocados en automóviles, llamadas con teléfonos celulares y correos electrónicos. Usando imágenes de los "drones", analizan patrones de comportamiento y las rutas empleadas por los traficantes de drogas y de personas. Y procesan enormes cantidades de información sobre los traficantes y las personas que lavan dinero.
Algunos aparatos de rastreo son colocados en autos y teléfonos en Estados Unidos, con permiso judicial, antes de que el equipo sea enviado al sur. La tecnología no reconoce fronteras y sigue emitiendo información sobre el lugar en que se encuentran los sospechosos en México.
Samuel González, ex fiscal antidrogas, dijo que mientras en Estados Unidos requieren una autorización judicial para interceptar comunicaciones, no están restringidos por esas leyes en México.
"Dicho en términos llanos, ellos tienen derecho de oír todas las conversaciones que quieran sin respetar la intimidad de las personas, siempre y cuando no sean norteamericanos y estén fuera de los Estados Unidos", señaló González.
Estados Unidos envió ocho helicópteros, 78 perros rastreadores de drogas y 318 detectores de mentiras a ser usados entre los candidatos a plazas en las fuerzas de seguridad, para combatir la corrupción. Junto con ese equipo llega personal que muestra cómo funciona y se encarga de su mantenimiento.
Los estadounidenses también asesoran a cientos de abogados y jueces acerca de los procesos judiciales y han capacitado a más de 6 mil 700 soldados y policías, a quienes les inculcan que no deben torturar ni aceptar sobornos y los ponen al día con el uso de la tecnología para resolver crímenes.
La cooperación funciona también en la otra dirección y cada vez más agentes mexicanos trabajan en Estados Unidos con el FBI, la DEA y otros organismos de seguridad.
La colaboración entre mexicanos y estadounidenses ha arrojado algunos resultados concretos en el último año:
- Catorce de los líderes de los carteles más buscados fueron arrestados o muertos. En total, han muerto o están detenidos 20 de los 37 capos más importantes del narcotráfico.
- Las confiscaciones de cocaína se redujeron a la mitad, de 20 toneladas métricas en el 2009 a 9.4 toneladas métricas al año siguiente. El Departamento de Estado lo atribuye a que las nuevas medidas de seguridad hacen que resulte más difícil ingresar drogas de contrabando por mar o aire.
- México extraditó a 94 sospechosos en el 2011 y 107 en el 2009, comparado con los 12 de hace una década.
- Entre septiembre del 2009 y julio del 2010, jueces mexicanos hallaron culpables de lavado de dinero a 37 personas, a diferencia de las 17 que hubo entre el 2004 y el 2007.
A pesar de la creciente presencia de los estadounidenses, hay cada vez más inseguridad en México. Los asesinatos alcanzaron niveles sin precedentes y se está produciendo más heroína y marihuana que son exportadas a Estados Unidos.
La presión que se ejerce en México sobre los carteles hace que éstos se estén desplazando a Centroamérica, donde se confisca tres veces más cocaína que en México todos los años. Por otro lado, las autoridades estadounidenses no consiguen frenar el tráfico de armas, proyectiles y dinero en efectivo que fluyen de Estados Unidos hacia el sur. Se calcula que todos los días ingresan a México unas 2 mil armas.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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