La entrevista, de unos 40 minutos, que mantuvieron este lunes el embajador de EE UU en Madrid, James Costos, y el secretario de Estado español para la UE, Íñigo Méndez de Vigo, no sirvió para disipar las dudas del Gobierno sobre las actividades del espionaje estadounidense en España.
Costos, que fue convocado el pasado viernes a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores por orden de Rajoy, no negó que la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, en sus siglas en inglés) haya realizado controles masivos de comunicaciones que violan las leyes españolas, tal como publicó la semana pasada EL PAÍS. El periodista Glenn Greenwald —divulgador de los informes sustraídos por el exanalista Edward Snowden— le puso incluso cifras a esta práctica, en un artículo publicado en El Mundo: en menos de un mes (del 8 de enero de 2012 al 10 de enero de 2013) fueron rastreados más de 60 millones de llamadas telefónicas, SMS, correos electrónicos, navegaciones por Internet o intercambios a través de redes sociales. Pero el embajador tampoco pudo ofrecer garantías de que miembros del actual Gobierno, o del anterior, no hayan sido también objeto de seguimiento por parte de una agencia que controló los teléfonos de al menos 35 líderes mundiales, según un documento interno de la NSA. El Gobierno está convencido de que ha sido así, aunque asegura carecer de las pruebas.
Tras hablar en dos ocasiones con Méndez de Vigo, Margallo —de visita oficial en Polonia— decidió elevar el tono de su queja a Washington. Expresó su “seria preocupación” por las informaciones sobre el espionaje masivo, aseguró que este comportamiento es “impropio e inaceptable” entre países socios y aliados y advirtió de que “de confirmarse, podría suponer una ruptura del clima de confianza que tradicionalmente ha presidido las relaciones entre ambos países”. Aunque reiteró que al Gobierno “no le consta oficialmente” que esto haya sucedido, recordó que la legislación española protege, “al máximo nivel, con el Código Penal”, el derecho a la intimidad y la privacidad de las comunicaciones de los ciudadanos. Es decir, que la NSA podría haber cometido multitud de delitos perseguibles de oficio.
En una comparecencia conjunta con su homólogo polaco, Radoslaw Sikorski, el ministro excusó la falta de una respuesta satisfactoria por parte del embajador estadounidense, alegando que acaba de incorporarse a su puesto, y aseguró que este se ha comprometido a “pedir la información y transmitirla al Gobierno español”. La nota que hizo pública la Embajada de EE UU tras el encuentro es menos categórica respecto a este compromiso y se limita a elogiar la “comunicación abierta entre aliados” y a señalar que continuarán “las consultas bilaterales” sobre este asunto. De hecho, es la tercera vez que España reclama explicaciones (ya en julio lo hizo en Washington el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito; y en agosto se las reclamó al encargado de Negocios de EE UU en Madrid, Luis G. Moreno), hasta ahora sin éxito, aunque con un tono de creciente firmeza, ante la dimensión que va tomando el escándalo.
No es esa la única diferencia significativa entre los comunicados de los dos Gobiernos. Mientras la nota de la Oficina de Información Diplomática (OID) habla de “sistema de espionaje masivo” e insta a Washington a facilitar “toda la información necesaria sobre las supuestas escuchas realizadas en España”, la Embajada estadounidense solo se refiere a la “recopilación de información de las agencias gubernamentales”. Más aún, Estados Unidos reconoce que algunos aliados le han transmitido su “preocupación por la reciente serie de divulgación no autorizada de información clasificada”. Es decir, por la difusión de los documentos de Snowden, no por el espionaje a ciudadanos y líderes políticos.
La Embajada defiende los programas de control masivo de comunicaciones con el argumento de que “han desempeñado un papel fundamental en la protección de los ciudadanos de Estados Unidos y la coordinación con los aliados y también en la protección de sus intereses”. La única concesión es que admite que el presidente Obama “ha ordenado una revisión interna para asegurar que la información que se recaba en estos programas no es toda la inteligencia que Estados Unidos es capaz de recoger, sino más bien la inteligencia que debe ser recogida”.
Ante la falta de respuesta de Washington, Margallo no descartó encargar una investigación al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) —“no tengo noticia del trabajo de los servicios de información españoles y, si la tuviera, no se la daría”, dijo— y estudia la adopción de medidas en la ONU y la UE, además de las bilaterales. En Naciones Unidas, España podría apoyar la resolución que promueven Alemania y Brasil en defensa de la privacidad de las comunicaciones.
Respecto a la Unión Europea, y aunque Rajoy dijo el viernes que se trata de un asunto de competencia nacional y no comunitaria, Margallo recordó ayer que la UE ha puesto en marcha un grupo de trabajo para discutir con EE UU la protección de datos personales y él mismo ha mantenido conversaciones con varios ministros europeos. Quien, desde luego, no apoyará una respuesta contundente de la UE es el jefe de la diplomacia polaca, que ayer restó importancia al caso y añadió que, “desde un punto de vista personal”, le preocupa más el espionaje procedente de “otros países de los que ahora se habla menos, pero que estamos seguros de que lo practican”. Una alusión apenas velada a Rusia.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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