A las dos de la madrugada del viernes, después de siete horas de reunión, el Gobierno de Mario Monti aprobó un decreto ley destinado a ahorrar 26.000 millones de euros en los próximos tres años, dando un tajo sin contemplaciones al que considera gasto excesivo de la administración pública italiana. Así, enviará a sus casas a uno de cada 10 funcionarios, eliminará el 20% de los cargos directivos y reducirá a menos de la mitad el número de provincias —de 110 a 50—. Según explicó el primer ministro técnico, gracias a ese ahorro se podrá evitar la subida de dos puntos del IVA prevista para octubre —hasta un 23%—, se creará un fondo para salvaguardar los derechos de 55.000 prejubilados afectados por la reforma de pensiones y se destinarán 2.500 millones de euros a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Pero, sobre todo, se pondrá el Estado a dieta y se sentarán las bases para que no vuelva a engordar.
Monti quiso aclarar que no se trata de un “corte lineal”, al tuntún, sino de una serie de intervenciones muy meditadas por una comisión creada al efecto y teniendo en cuenta, además, los 135.000 mensajes de correo electrónico enviados al Gobierno por ciudadanos preocupados por el derroche y la ineficiencia. La metodología —según se deduce de la lectura de los 12 folios divulgados tras el consejo de ministros— ha sido la de calcular el peso ideal de cada una de las administraciones, teniendo en cuenta el gasto y los servicios que presta, para eliminar después la grasa por el procedimiento de urgencia. El ejemplo más claro es la reducción, antes de fin de año, de 60 provincias. Se crearán 10 nuevas “ciudades metropolitanas” —Roma, Turín, Milán, Venecia, Génova, Bolonia, Florencia, Bari, Nápoles y Reggio Calabria— con el fin de evitar la duplicidad de funciones. De los recortes solo se salva la Sanidad y la Educación, aunque el viceministro de Economía, Vittorio Grilli, advirtió que también en esos sectores se racionalizará el gasto.
El objetivo es ahorrar 4.500 millones de aquí a fin de año, 10.500 millones en 2013 y 11.000 millones en 2014. Si se tiene en cuenta que el actual gobierno técnico acabará su mandato en primavera de 2013, el nuevo Ejecutivo que salga de las urnas deberá empezar a gobernar con un corsé muy ajustado. Tanto que el decreto ley establece la revisión de cada contrato de prestación de servicios, de cada alquiler de edificios oficiales y la derogación, en su caso, de aquellos que considere abusivos. De igual forma, el Gobierno de Mario Monti establece la reducción de al menos un 10% de la plantilla de las Fuerzas Armadas y, a partir de ahora, marcará muy de cerca a los funcionarios que consigan conservar sus puestos de trabajo. Por tasar, ha tasado a la baja los metros cuadrados de cada puesto de trabajo —entre 12 y 20 metros cuadrados por empleado—, ha dejado en siete euros la ayuda para la comida y prohíbe expresamente renunciar a los días libres a cambio de dinero.
Otro tajo importante es el que se llevarán las regiones. El decreto ley prevé la reducción de las transferencias, 700 millones de euros en 2012 y 1.000 millones en 2013. El recorte a cada una de ellas se decidirá en función “de la virtuosidad y el exceso de gasto de cada una de ellas”. En cuanto a los ayuntamientos, dejarán de percibir 500 millones en 2012 y 2.000 millones en 2013. Queda fuera de los recortes la sanidad pública, después de que la filtración del primer borrador —que preveía el cierre de un buen número de pequeños hospitales— provocará una gran polémica. Sí tiene el Gobierno especial interés en recortar de forma visible los gastos en coches oficiales, hasta en un 50%, porque de alguna forma representan los privilegios de la clase dirigente en tiempos de crisis. Mario Monti anunció que el decreto ley se discutirá en la Cámara de Diputados a partir del 31 de julio. Aunque, por si algún partido piensa amargarle el verano, ya advertido: “No acepto vetos”.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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