Dieciséis años después de que las Abuelas de la Plaza de Mayo denunciaran la “apropiación sistemática” de los nietos desaparecidos durante la dictadura, un tribunal integrado por dos hombres y una mujer les dio ayer la razón. El dictador Jorge Rafael Videla, de 86 años, el hombre que gobernó Argentina desde 1976 a 1981, fue condenado a 50 años de cárcel. Y su sucesor, tras la guerra de las Malvinas, Reynaldo Bignone, de 84 años, a 15 años de prisión. Además, fueron condenados también los altos mandos militares Jorge El Tigre Acosta, a 30 años y Antonio Vañek, a 40. En total, fueron 11 los acusados, de los cuales quien obtuvo la pena menor fue la única mujer, Inés Susana Colombo, condenada a cinco años.
Hasta ahora se habían condenado en Argentina a unas 25 personas por apropiación de menores. Pero se trataba de casos concretos en los que el acusado respondía por su propio delito. Lo que las Abuelas han intentado probar en esta causa es que los 500 robos de niños que ellas estiman que se perpetraron en la dictadura militar (1976-1983) obedecieron a un plan sistemático diseñado desde la cúpula del Estado. Y así lo reconoció la sentencia al considerar que se ejerció el “terrorismo de Estado” mediante “la práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de niños menores de 10 años”, bajo un “plan general de aniquilación”.
Los imputados habían asumido en sus declaraciones que hubo apropiaciones, pero las achacaron a la decisión particular de mandos medios o inferiores que actuaban por su cuenta y riesgo. Ayer, escucharon impávidos la sentencia. Cuando la jueza María del Carmen Roqueta, presidenta del tribunal, leyó que la condena de Videla era de 50 años, en la sala, repleta de familiares de desaparecidos, se escucharon gritos y aplausos.
“Es verdad que no hemos encontrado una orden escrita que pruebe que hubo un plan, pero la reconstrucción de varios elementos nos llevó a la conclusión de que hubo un plan sistemático”, indica Alan Lud, abogado de las Abuelas. “A pesar de que Videla dijo que las apropiaciones solo se produjeron en la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, en realidad se registraron también en otras provincias. Otra prueba es que había oficiales y médicos destinados al cuidado de las mujeres embarazadas, para que se garantizara que se produzca el parto… Eso tenía que haberlo decidido alguien”. Ese alguien, llámese Videla (1976-1981) o Bignone (1982-1983), nunca reconoció la legitimidad del tribunal. En sus últimas palabras de defensa, Videla alegó que las presas eran terroristas y que usaban a sus bebés como escudos humanos.
En este juicio se abordaron los casos de 35 nietos, de los cuales solo 20 se prestaron a declarar. Durante el año y medio en que se ha prolongado las sesiones de la vista oral, muchas abuelas confiaban en que alguno de los encausados asumiera su culpa y, sobre todo, revelase el paradero de algunas de las personas desaparecidas. Pero no fue así.
Victoria Montenegro, de 36 años, hija de padres desaparecidos, cree que el juicio ha servido también para dejar en evidencia la participación que tuvo la Iglesia en la sustracción de menores. “Todavía muchos de ellos siguen dando misa, y eso es lo que más perturba. Yo soy creyente y creo en la Iglesia, pero hay personas que han hecho muchísimo daño. En mi caso, mi apropiador [el militar que la crió] me contó que a mí me retiraron de una comisaría de la provincia de Buenos Aires. Había varios bebés, todos hijos de desaparecidos, cuidados por monjas. De hecho, a mí me bautizó en el cuartel Campo de Mayo un cura, no castrense, sabiendo plenamente que mis apropiadores no eran mis papás”, relata.
“La apropiación vino desde el Estado. Todos sabemos lo que es la cadena de mando y nadie en el Ejército se apropia de un bebé y lo cría porque tiene ganas. Pero además de eso, se produjo la colaboración de un montón de personas que también aportaron para que existiera ese manto de impunidad y para que 36 años después todavía estemos buscando nietos”, añade Montenegro. “Colaboraron desde el que tomaba la inscripción en silencio en el registro civil y todos los que callaron e ignoraron las denuncias de nuestros familiares. Colaboraron los curas que bendecían las armas”.
“Cuando estábamos a tientas y no sabíamos a dónde acudir, la Iglesia católica no nos ayudó en nada; al contrario, estuvo en contra”, recuerda la vicepresidenta de las Abuelas, Rosa Roisinblit, de 92 años. “Pero otras iglesias cristianas sí que colaboraron”.
Desde que se inició el juicio en 1996, ya murieron varios de los acusados, como el dictador Emilio Eduardo Massera, fallecieron también algunas abuelas, se jubilaron los abogados que iniciaron la causa y el letrado que representa ahora a las Abuelas, Alan Lud, de 31 años, no había nacido cuando se perpetraron los robos de bebés. Desde entonces, 105 nietos han recuperado su identidad biológica gracias, en buena parte, a la búsqueda de las Abuelas.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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