El Gobierno israelí ha decidido “autorizar” tres grupos de viviendas construidas en territorio palestino, lo que a ojos de la legislación internacional significa la creación de nuevos asentamientos, algo que no sucedía desde principios de los noventa. Con esta decisión, el Ejecutivo de Benjamín Netanyahu da la razón a los colonos de Rehalim, Sansana y Bruhín, que desde hace años pedían que se legalice su situación, con el fin de poder expandir sus núcleos de población con el visto bueno de la ley israelí. Las cancillerías europeas han seguido con lupa este proceso legal, que contraviene la llamada Hoja de ruta entre otros compromisos internacionales israelíes. El presidente palestino Mahmud Abbas ha considerado a través de su portavoz que el Gobierno israelí “ha llevado la situación de nuevo a un callejón sin salida”.
La ley israelí distingue entre los asentamientos y los llamados outpost, algo así como embriones de asentamientos, que normalmente consisten en un grupo de caravanas plantadas en medio de alguna colina cisjordana y los asentamientos. Los outpost son ilegales según la ley israelí que sin embargo otorga plena legitimidad a los asentamientos, que figuran dentro de los planes desarrollo urbanístico y por lo tanto tienden a crecer. Tanto outpost como asentamientos son ilegales a ojos de la legislación internacional. Unos 500.000 colonos viven asentados más allá de la llamada línea verde, como resultado de la fiebre conquistadora de los sucesivos gobiernos israelíes. Buena parte de la comunidad internacional considera los asentamientos uno de los principales obstáculos para que palestinos e israelíes alcancen la paz.
En Rehalim viven unas 250 personas, que se asentaron en los años noventa imbuidas de una fuerte motivación nacionalista y religiosa. El Gobierno israelí, como en muchas otras ocasiones promovió esta empresa colonizadora. Rehalim está situado en una colina, en pleno corazón de Cisjordania, es decir en lo que la comunidad internacional considera territorio palestino y que algún día aspira a convertirse en un Estado. Mujeres con pañuelo en la cabeza y falda por debajo de la rodilla y hombres con kipá de ganchillo y tirabuzones en las sienes pasean por el enclave.
Una pequeña bodega en la que procesan uvas Merlot y Chardonay de colonias cercanas constituye el epicentro de este outpost y el lugar por el que en los últimos años ha desfilado buena parte de la clase política israelí, pera mostrar su apoyo a los colonos. Vered Sandon, embarazada de su quinto hijo, regenta la bodega. Nació y creció en Holanda, pero hace nueve años que vive en Rehalim. Ahora cree que si dan nuevo estatus legal al outpost, “podremos construir más casas y más gente podrá venir a vivir aquí”. Explica que “la Biblia dice que este es nuestro lugar. Que nuestra historia empieza aquí. Lo que tenemos que hacer es encontrar una manera de vivir con los palestinos”. Hoshyia Havary, secretario de Rehalim y sentado en el centro administrativo del outpost también espera “que finalmente lo legalicen, porque así, tal vez recibamos dinero para escuelas”.
A las afueras de Rehalim, se alza una hilera de viviendas vacías y todavía sin pintar. Esas casas son el origen de toda la disputa que ha llevado al Gobierno a optar por la legalización. Cuando esas casas empezaron a construirse, Dror Etkes, entonces activista al frente de la lucha contra los colonos con la organización Peace Now, llevó el caso da los tribunales por considerar ilegal la expansión urbanística. La justicia israelí determinó que el Gobierno debía o frenar la construcción o legalizar las viviendas. La última opción ha sido la elegida por el Ejecutivo de Netanyahu, que sin embargo niega que se trate del nacimiento de un nuevo asentamiento. “No estamos creando nada nuevo sobre el terreno. Simplemente hemos autorizado algo que estaba pendiente de autorización hace muchos años por problemas técnicos”, explica Mark Regev, portavoz del primer ministro Netanyahu.
Etkes defiende sin embargo que se trata de un precedente excepcional y que lo que pasa es que “el Gobierno quiere minimizarlo porque quiere evitar pagar el precio de la condena internacional”. Y añade: “por un lado tienen a los colonos presionando, por otro a Washington que pide a Israel que frene los asentamientos. Mi objetivo era que el Gobierno se retratara y lo ha hecho”, sostiene orgulloso.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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