El Congreso brasileño aprobó anoche una reforma de la ley forestal de 1965 que regula el uso de la tierra y enfrenta a los ecologistas con los grandes productores agrícolas. Estos últimos fueron finalmente los que salieron favorecidos tras una votación que eliminó la norma que exigía áreas de protección permanente de 30 a 500 metros en las orillas de ríos, considerada crucial para la preservación de las reservas fluviales del país. La nueva ley también suspende las multas y sanciones impuestas a los propietarios de tierras que talaron ilegalmente hasta 2008.
La votación se considera un revés para el Gobierno de Dilma Rousseff, que apoyaba el mantenimiento de esas áreas de protección mínimas de 30 metros. Ahora los ecologistas y muchos de los diputados de los partidos aliados del Ejecutivo que votaron en contra del texto esperan que la presidenta vete la ley.
"Se está dando una amnistía a la deforestación y se está contribuyendo a la posibilidad de que se produzcan desastres naturales en las grandes ciudades (...) Ahora es importante que la presidenta vete esta reforma", dijo el diputado opositor socialdemócrata Ricardo Tripoli. "¡Veta, Dilma!", exclamó el congresista del Partido Verde Alfredo Sirkis, y denunció que detrás de la reforma hubo "una ofensiva de los especuladores de tierra y de los grandes latifundistas". "Si vamos a considerar la opinión del Gobierno en el proceso, esto se encamina al veto, pero la decisión es de la presidenta", insistió el diputado Jilmar Tatto, líder del partido en el poder (Partido de los Trabajadores).
El sector agroindustrial, que se cuenta entre los grupos de presión con más peso en Brasilia, apoyó la nueva norma aduciendo la necesidad de ampliar la frontera agrícola para garantizar la seguridad alimentaria de los brasileños. "Es irresponsable sacarles las tierras a los brasileños [con fines ecológicos]. Los productores rurales medios, pequeños y grandes son los que dieron el superávit comercial de Brasil", afirmó el legislador Luis Carlos Heinze. El nuevo Código Forestal, dicen los partidarios de la reforma, resuelve el problema de millones de agricultores que iban a caer en la ilegalidad por el incumplimiento del pago de multas por deforestación, según los diputados que representan al sector ruralista.
Sin embargo otro grupo de legisladores, apoyados por ecologistas, se opuso a la norma alegando un impacto irreversible en los esfuerzos contra la deforestación y el calentamiento global a los que se ha comprometido Brasil, anfitrión de la cumbre climática Rio+20 que se llevará a cabo en junio. Brasil es considerado el sexto mayor emisor de gases que provocan el calentamiento global del planeta, principalmente debido a la deforestación, y los que se han opuesto a la ley creen que el gigante suramericano ha sentado un mal precedente para la preservación forestal en todo el mundo.
Paulo Piau, un diputado defensor de los agricultores. añadió que la nueva ley sí obliga a recuperar hasta 15 metros de bosques en las márgenes de los ríos pequeños, algo considerado insuficiente por ambientalistas porque deja por fuera la definición de la protección de ríos mayores. “Eso que fue aprobado no recupera nada, es absolutamente insuficiente”, comentó el abogado ambientalista Raul do Valle. Consideró además que la versión aprobada establece un precedente negativo porque envía la señal de que se puede incurrir en crímenes ambientales con impunidad.
“La votación supone un retroceso muy grande, lo que Brasil construyó durante décadas, una legislación que protege sus bosque, está siendo diezmada”, reclamó el abogado Do Valle. “La nueva ley no penaliza a los que deforestaron ni obliga a recuperar las áreas deforestadas”. Esta postura fue rechazada por el diputado Piau, quien sostuvo que Brasil posee seis ecosistemas diferentes, por lo que no se puede aplicar una única medida de protección de áreas fluviales.
La senadora Katia Abreu, presidenta de la Confederación Nacional de Agricultura, sostuvo que la ley es fundamental par que Brasil continúe entre los mayores productores mundiales de alimentos. Señaló que el país tiene 61% de su territorio bajo alguna forma de protección y 27,7% se dedica a la agricultura. Los defensores del sector productivo destacan que el sector agroindustrial representa 37% de los empleos del país, 27% del PIB (producto interior bruto) y 37% de las exportaciones brasileñas.
En otras disposiciones del nuevo Código Forestal se definen reservas legales de bosque en los diferentes ecosistemas, que llegan a 80% de área protegida en propiedades privadas de la Amazonia mientras que en otras regiones van de 35% a 20%. Brasil cuenta con cinco millones de km2 de bosques, que cubren el 60% de su territorio.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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