La justicia brasileña ha aceptado la petición del Procurador General de Campos en el Estado de Rio, Eduardo de Oliveira, de impedir la salida de Brasil de 17 altos ejecutivos de la petrolera Chevron, empezando por su presidente en este país, George Buck.
El juez Vlamir Costa Magalhães, al aceptar la petición del fiscal, ha querido destacar el “interés público”, dada la gravedad de las acusaciones contra los responsables en Brasil de esta multinacional estadounidense del petroleo, acusada del vertido de 2.500 barriles de crudo en noviembre pasado en la costa brasileña, catástrofe ambiental por la que el gobierno pide una indemnización a la compañía de casi mil millones de euros.
Además del estadounidense Buck, en la lista de los 17 a los que se les ha prohibido salir de Brasil sin una orden judicial figuran cuatro brasileños y otros doce extranjeros de EE UU, Francia, Inglaterra y Australia, entre funcionarios de Chevron y de Transocean que operaba en la plataforma donde se originó el vertido de crudo.
El dia 4 de este mes, otro vertido fue advertido en el territorio marítimo de Campos. Según la Marina se ha podido observar una mancha de un kilómetro de extesión. Con ese motivo la dirección de Chevron ha decidido parar sus actividades productivas en Brasil
“Ese nuevo vertido y la petición de suspender las actividades en Brasil demuestran el alto grado de negligencia de la empresa. La excusa de que quieren hacer nuevos estudios geológicos en la zona, es una broma”, ha afirmado el procurador de la república, Santos de Oliveira, autor de la denuncia aceptada por los jueces.
Según Santos, “no hay tecnología para parar esos vertidos. Ellos provocaron una grieta en el suelo marino. Podremos ser testigos de aquí a dos años del mayor desastre ambiental de la historia brasileña”. Y concluye que los casi 1.000 millones de euros pedidos como indemnización “no serán suficientes para los perjuicios provocados por la empresa”.
Los 17 ejecutivos a los que se les ha prohibido dejar el país -ante el temor de que, siendo extranjeros, no regresen para evitar que los procesen en Brasil- serán denunciados por delitos previstos por la Ley de Crímenes Ambientales.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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