En medio de la disputa que mantienen el presidente Rafael Correa y la mayor organización indígena ecuatoriana por la minería a gran escala, la inversión minera china se encuentra bajo la lupa en Ecuador. Mientras sectores políticos efectúan un análisis minucioso del contrato milmillonario suscrito a inicios de este mes por la china Ecuacorriente para el desarrollo del primer megaproyecto minero en suelo ecuatoriano, grupos indígenas y sociales han expresado su rechazo a dicho acuerdo legal. La discusión en torno a este megaproyecto acabará definiendo la relación de Ecuador con su minería y con su principal cliente.
La principal preocupación tiene que ver con los efectos ambientales que produciría la extracción de cobre en una mina a cielo abierto por parte de Ecuacorriente en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe. Frente a ello, el Gobierno ecuatoriano ha insistido en que toda actividad de gran minería en el país será realizada con responsabilidad social y ambiental. Y la respuesta también ha llegado desde las autoridades chinas.
En entrevista con EL PAÍS, el embajador chino en Ecuador, Yuan Guisen, dijo que su Gobierno ha “urgido” a todas sus empresas que operan en el exterior a “prestar muy alta importancia a la protección del ambiente en las comunidades locales”, y anotó que en ello se inscribe la inversión china en minería en territorio ecuatoriano. “Las empresas chinas harán sus máximos esfuerzos por minimizar los impactos negativos de sus actividades mineras sobre el ambiente”, dijo el diplomático.
Pero para la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) persiste el temor de que las actividades mineras contaminen ríos y desplacen comunidades. La organización indígena lleva adelante desde el 8 de marzo pasado una marcha hacia Quito en rechazo a la minería a gran escala y “en defensa del agua y la tierra”. Los aborígenes, quienes recorren al momento provincias del centro del país, mantienen sus proyecciones de llegar a la capital ecuatoriana el próximo 22 de marzo. Entre tanto, este miércoles detallaron las demandas de su movilización, entre las cuales se incluye la exigencia de nulidad del contrato minero con Ecuacorriente, suscrito el pasado 5 de marzo.
El pedido indígena se suma a la protesta que efectuaron la semana pasada organizaciones ambientalistas en la Embajada de China en Quito. A las afueras de la sede diplomática, un grupo de activistas mostraron una pancarta que decía: “Fuera empresas chinas del Ecuador”. Los ecologistas entregaron una carta a la Embajada en la que señalaron su rechazo a la firma del contrato con Ecuacorriente, al afirmar que el desarrollo del proyecto minero "afectará para siempre territorios de los pueblos indígenas y a la naturaleza".
Según las autoridades ecuatorianas, la explotación a cargo de Ecuacorriente dejaría para el Estado ecuatoriano unos 5.400 millones de dólares. El presidente Correa ha señalado que si bien la explotación minera a cielo abierto “tiene más impacto ambiental”, se aplicará toda la tecnología necesaria para minimizar los efectos de la actividad extractiva. Junto con ello, el mandatario ha enfatizado en que los contratos mineros diseñados por su gobierno “seguramente son los más exigentes del mundo” y disponen de suficientes garantías ambientales.
Para el embajador chino en Ecuador las exigencias de diversos sectores en torno a la minería a gran escala no están dirigidas en contra de China en particular, sino que “parten de una preocupación por la protección del ambiente”. “La sociedad ecuatoriana mantiene una actitud abierta e incluyente frente a la cooperación que viene desde el exterior”, manifestó el diplomático.
Guisen dijo apreciar la expresión del presidente Correa de que Ecuador no puede ser “un mendigo sentado en sacos de oro”, al señalar que la inversión china en minería será muy importante para el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos de los dos países. “Innegablemente el avance de la explotación de minas en Ecuador también reviste significados positivos para China. La economía china se está desarrollando en forma incesante, lo cual exige el suministro de materias primas, incluido el cobre”, afirmó.
La presencia de China en la economía ecuatoriana es cada vez mayor y se expresa a través de inversiones directas en petróleo, minería, obras hidroeléctricas, entre otros proyectos, así como por medio de diversas líneas de financiamiento otorgadas por la banca china en los últimos años. A decir del embajador Guisen, la inversión de su país en Ecuador llega a alrededor de 7.000 millones de dólares.
En este contexto, para el analista económico Walter Spurrier, la inversión china en minería afianza una “gran dependencia” económica de Ecuador con el país asiático. China, resalta este experto, no solo busca rentabilidad en la actividad de sus empresas sino el acceso a recursos naturales, como el petróleo y el cobre, importantes para su desarrollo. Y en materia minera, si bien el Gobierno ecuatoriano espera concretar acuerdos no solo con empresas chinas, sino también con compañías canadienses y de otros países occidentales, a decir de Spurrier, el contrato ya firmado con Ecuacorriente y las discusiones alrededor del mismo pueden marcar el rumbo para futuras negociaciones en este sector de la economía en Ecuador.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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