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Brasil se dispone a juzgar al primer militar por crímenes

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El Ministerio Público Federal de Brasil (Fiscalía) está decidido a llevar adelante una denuncia penal contra un coronel retirado del Ejército por el secuestro de cinco militantes de la guerrilla del Araguaia perpetrado en los años 70, durante la dictadura militar.

La denuncia, primera acción penal en el país por un delito cometido durante la dictadura (1964-1985), será presentada contra el coronel retirado Sebastiao Curió ante un tribunal federal de la ciudad de Marabá, en el estado amazónico de Pará, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

La guerrilla del Araguaia fue un movimiento armado organizado por el entonces proscrito Partido Comunista de Brasil y al menos 62 de los cerca de 80 miembros de ese grupo murieron o desaparecieron en la Amazonía en combates con fuerzas del régimen militar entre 1972 y 1974.

Curió, que fue uno de los jefes militares que combatieron a esa guerrilla, será denunciado por el secuestro calificado de María Celia Correa (Rosinha), Helio Luiz Navarro Magalhaes (Edinho), Daniel Ribeiro Callado (Doca), Antonio de Padua Costa (Piauí) y Telma Regina Cordeira Correa (Lia), según la fuente.

Los cinco "fueron secuestrados por tropas comandadas por el entonces mayor Curió entre enero y septiembre de 1974 y, después de haber sido llevados a las bases militares coordinadas por él y sometidos a grave sufrimiento físico y moral, nunca más fueron encontrados", señala el comunicado.

En caso de que la demanda sea aceptada por la justicia y Curió sea procesado y considerado culpable, puede ser condenado a entre dos y 40 años de prisión.

"Las violentas conductas de secuestrar, agredir y ejecutar opositores del régimen gubernamental militar, a pesar de practicadas bajo el pretexto de consustanciar medidas para restablecer la paz nacional, consistieron en actos nítidamente criminales, atentatorios a los derechos humanos y al orden jurídica", argumenta la denuncia.

La Ley de Amnistía de 1979 perdonó los crímenes cometidos por militares y guerrilleros durante la dictadura y en 2010 el Supremo Tribunal Federal (STF) la ratificó, con lo cual esos delitos no pueden ser juzgados.

Sin embargo, el Ministerio Público alega que el delito de secuestro se mantiene vigente porque las víctimas no han sido encontradas y por eso sus responsables no pueden ser amparados por la Ley de Amnistía.

La organización Human Rights Watch consideró como "un paso histórico" la decisión de los procuradores del Ministerio Público Federal. Más de 400 brasileños fueron asesinados o desaparecieron durante la dictadura brasileña.



Lissette Garcia
RosasSinESpinas

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