WASHINGTON — Según un informe del Grupo de Trabajo sobre la Desaparición Forzada o Involuntaria (GTDFI) de la ONU, en México se han documentado tres mil desapariciones forzadas de 2006 a la fecha.
El número de desaparecidos durante el gobierno de Felipe Calderón supera en gran medida las cifras registradas durante la llamada "Guerra Sucia" en la década de los setenta, en la cual se calculan uno 600 desparecidos.
Aleida Gallangos, sobreviviente de la "Guerra Sucia" en el gobierno de Luis Echeverría, dijo a EL DIARIO LA PRENSA que México tiene las manos vacías en cuanto a una legislación clara que castigue de manera efectiva a los responsables de las desapariciones.
"En México, la ley dicta que después de 30 años de haberse perpetrado la desaparición, el delito se anula. Es vergonzoso e indignante que los responsables no sean castigados por un acto tan atroz sólo porque el tiempo transcurrió. Las heridas de una familia de desaparecidos jamás se anulan", dijo Gallangos.
La activista explicó que en México no existe una política integral que supervise la prevención, sanción y compensación de las víctimas de desaparición forzada en comparación con otros países, como Argentina.
"En el actual gobierno, las desapariciones forzadas son llamadas de manera más amable como ‘levantones’. Hay una línea divisoria entre levantones y secuestros que intenta justificar la desaparición forzada. Al final del día, ninguna de estas acciones son castigadas", afirmó Gallangos.
La activista, quien en 2010 interpuso una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado Mexicano por la desaparición de sus padres y de cuatro personas más, incluida una mujer embarazada de seis meses, indicó que hasta el momento ninguna organización mexicana ni extranjera ha respaldado su demanda.
"Hace falta un verdadero compromiso de las organizaciones pro derechos humanos. Mi hermano y yo somos el primer caso documentado de ‘niños expropiados’ y no descansaré hasta saber dónde están mis padres".
Una desaparición forzada es el término jurídico que designa a un tipo de delito complejo que supone la violación de múltiples derechos humanos y que en determinadas circunstancias, constituye también un crimen de lesa humanidad.
El caso Gallangos
En julio de 1975, Roberto Gallangos y Carmen Vargas, acusados de pertenecer a la Liga Comunista 23 de Septiembre, son detenidos en la Ciudad de México con sus hijos Aleida, de 2 años y Lucio Antonio, de 4. Carlos Gorostiola, amigo de la pareja rescata a la niña y la entrega a su hermano Alejandro, quien la registra como Luz Elba Gorostiola.
Luis Antonio, herido de bala durante la detención de sus padres, es llevado por oficiales al entonces Hospital IMAN, hoy Instituto Nacional de Pediatría. En 1975 es entregado a la Casa Cuna de Tlalpan y en 1976 lo dan en adopción a la familia Hernández Valadez. Luis Antonio recibe el nombre de Juan Carlos Hernández.
En 2001, el Gobierno Federal Mexicano abrió los expedientes de los desaparecidos políticos y la prensa nacional difundió el caso de la familia Gallangos Vargas.
"En este año me reencontré con mi familia materna. Con mis propios recursos continúe la investigación. En febrero de 2004 encontré el expediente de adopción de mi hermano. En noviembre de 2004 su tío adoptivo me dijo que él radicaba en Washington desde hace 10 años", explicó Gallangos.
En diciembre de 2004, Aleida y Luis Antonio se reencontraron. Desde entonces, la mujer de 38 años continúa buscando a sus padres. "Quiero una tumba donde llorar. Quiero los huesos o las cenizas de mis padres. Quiero un lugar sagrado donde llevar flores. Mis padres no están vivos ni muertos, está desparecidos", finalizó Gallangos.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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