MADRID.- Este lunes el Tribunal Supremo español ordenó la apertura de un nuevo proceso en contra del juez Baltasar Garzón, por supuestas escuchas ilegales, acción legal que se suma a la investigación en su contra por su investigación a los crímenes del franquismo.
Garzón será juzgado por presunta prevaricación en las escuchas que ordenó durante su investigación del "caso Grtel", la gran trama de corrupción que afecta desde hace dos años al opositor Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy.
Garzón ordenó en 2009 intervenir las conversaciones que varios de los procesados por esta causa tuvieron en prisión con sus abogados.
El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro consideró hoy que la orden que dio Garzón para intervenir esas conversaciones "constituye indiciariamente un delito continuado de prevaricación judicial y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales".
Garzón "decidió acceder indebidamente a las conversaciones confidenciales", señala el auto.
El propio Garzón, sin embargo, niega haber prevaricado o vulnerado la intimidad de los imputados con esas escuchas que, no obstante, fueron consideradas ilícitas y anuladas en marzo de 2010 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y por lo tanto no pueden ser utilizadas como prueba en el proceso sobre "Grtel".
La querella contra Garzón en relación en este caso fue presentada en diciembre de 2009 por el abogado de uno de los acusados.
A la demanda se sumaron luego el presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, y su supuesto "número dos", Pablo Crespo.
En mayo del año pasado, el Tribunal Supremo ya decidió abrir juicio oral contra Garzón por su investigación de los crímenes de la dictadura franquista (1939-1975), una vista para la que aún no hay fecha pero que llevó a la suspensión del magistrado como juez instructor de la Audiencia Nacional.
En ese juicio Garzón está acusado de haber ignorado intencionadamente la Ley de Amnistía de 1977 cuando se declaró competente para investigar la desaparición de más de 100.000 personas, una investigación en la que acusó al dictador Francisco Franco y a otros 44 ex altos funcionarios de su régimen, todos ya muertos, de crímenes de lesa humanidad por las desapariciones y que tuvo que abandonar por un recurso del fiscal.
Actualmente, Garzón trabaja en La Haya como asesor del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), el argentino Luis Moreno Ocampo.
Además, el juez más famoso de España desde que en 1998 ordenó arrestar a Augusto Pinochet en Londres, está siendo investigado por presunta prevaricación y cohecho por el dinero que solicitó para unos cursos en Nueva York patrocinados por el Banco Santander.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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