WASHINGTON—La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, (DHS, por sus siglas en inglés), Janet Napolitano, anuncio la publicación de una regla final en el Registro Federal que, en ciertas circunstancias, reduce el tiempo que los ciudadanos permanecen separados de sus familiares inmediatos (cónyuges, hijos y padres) cuando están en el proceso de obtener visas para convertirse en residentes permanentes legales de los Estados Unidos. La regla final establece un proceso que permite a ciertos individuos solicitar una exención provisional por presencia ilegal antes de salir de los Estados Unidos para presentarse a las entrevistas de visa de inmigrante en sus países de origen. El proceso estará en efecto el 4 de marzo de 2013. Bajo la ley actual, los familiares inmediatos que no son elegibles para ajustar su estatus en los Estados Unidos para convertirse en residentes permanentes legales deben salir de EE.UU. y obtener una visa en el extranjero. Las personas que hayan acumulado más de seis meses de presencia ilegal en EE.UU. deben obtener una exención para evitar la aplicación del criterio de inadmisibilidad antes de que puedan regresar a los Estados Unidos luego de haber salido con el propósito de obtener una visa. Bajo el proceso actual de exención, que permanece en vigor para aquellos que no cualifican para el nuevo proceso, los familiares inmediatos no pueden solicitar una exención sino hasta después de que se hayan presentado a la entrevista de visa en el extranjero y el Departamento de Estado ha determinado que son inadmisibles. Para obtener una exención provisional por presencia ilegal, el solicitante debe ser un familiar inmediato de un ciudadano estadounidense, inadmisible solamente por el causal de presencia ilegal, y demostrar que la denegación de dicha exención resultará en dificultades extremas para su cónyuge o padre ciudadano estadounidense. USCIS publico un nuevo formulario, Formulario I-601A, Solicitud de Exención Provisional por Presencia Ilegal, para que los individuos lo utilicen para solicitar bajo el nuevo proceso. Bajo el nuevo proceso de exención provisional, los familiares inmediatos todavía deben salir de los Estados Unidos para el proceso consular de visa de inmigrante. Sin embargo, pueden solicitar una exención provisional antes de su salida hacia la entrevista de visa de inmigrante en el extranjero. Las personas que presenten el Formulario I-601A deben notificar al Centro Nacional de Visas del Departamento de Estado acerca de su intención de solicitar a USCIS una exención provisional. El nuevo proceso reducirá el tiempo que ciudadanos estadounidenses pasan separados de sus familiares inmediatos que cualifican. Una vez que le peticionario radique una aplicacion de familiar y esta sea aprobada, entonces el Centro Nacional de Visa procedera a mandarle al peticionario instrucciones en caso de que le beneficiario necesite presentar un perdon de inadmisbilidad antes de salir del pais. Por: Mayra Joli, Esq., The Joli Law Firm, 1221 Brickel Avenue, Suite 1210, Miami, Florida 33131.

WASHINGTON.- Más de 5 mil niños en Estados Unidos están separados de sus padres indocumentados y ubicados en hogares de acogida, cifra que llegará a 15.000 en cinco años si se mantiene el ritmo actual de deportaciones.

Actualmente un 1,25% de los niños en hogares de acogida en Estados Unidos son hijos de personas indocumentadas que fueron detenidas o expulsadas, según el Centro de Investigaciones Aplicadas (ARC) que realizó el primer estudio sobre familia y leyes de inmigración.

Para el año fiscal 2011, que termina a finales de septiembre, un número récord de 397.000 personas fueron expulsadas de Estados Unidos y ARC estima que un "número creciente de personas deportadas tiene hijos".

En los seis primeros meses de 2011, más de 46.000 padres o madres de niños de nacionalidad estadounidense fueron expulsados, según la organización que denuncia que estas "expulsiones rompen familias y ponen en riesgo al menor que queda atrás".

Las víctimas indocumentadas de violencia doméstica son las primeras en arriesgarse a perder a sus hijos porque se colocan frente a una elección imposible: quedarse con quienes los someten o arriesgarse a ser separados de sus hijos, de acuerdo con la ARC.

Además, los niños no pueden reunirse con sus padres, salvo si los servicios sociales de Estados Unidos se contactan con los consultados de los países de origen, lo que es poco común en estos casos, denuncia al organización.



Lissette Garcia
RosasSinEspinas

El Gobierno federal de EE UU ha solicitado al Tribunal de Apelaciones que bloquee la entrada en vigor de la ley de inmigración de Alabama, considerada la más rigurosa de todo el país. Según el texto presentado por el Departamento de Justicia, la ley incita a discriminar a ciudadanos estadounidenses nacidos en el extranjero así como a inmigrantes en situación legal. “La ley eleva la probabilidad de exponer a personas que residen en Estados Unidos legalmente, incluidos los escolares, a sufrir dificultades en sus actividades diarias”, explica el texto del recurso.

La ley de inmigración de Alabama, aprobada el pasado 9 de junio y ratificada por una juez federal hace una semana, es la única que señala en su texto a los menores de edad. Los directores de las escuelas públicas de todo el Estado están obligados a comprobar si los estudiantes o sus progenitores son inmigrantes indocumentados. Si detectan que un alumno o uno de sus padres carece de permiso de residencia, los centros escolares deben comunicarlo a las autoridades.

Además, queda prohibido salir a la calle sin documentación y la policía local tiene autoridad para comprobar la situación de cualquier persona sospechosa de carecer de documentos legales. Este aspecto de la ley también estaba presente en la legislación aprobada en Arizona en 2010, lo que provocó que la norma acabara siendo recurrida en los tribunales. Otras tres leyes de Utah, Indiana y Georgia han sido impugnadas por el Gobierno federal en todo o en parte de su articulado.

En el caso de Alabama, el Departamento de Justicia presentó el pasado verano ante un tribunal del propio Estado una primera denuncia contra la legislación migratoria. Pero la juez federal Sharon Blackburn permitió que entraran en vigor algunos de los artículos más polémicos. El texto presentado ayer ante el Tribunal de Apelaciones pretende impedir la aplicación de los artículos de la ley ratificados por la juez el pasado jueves. El gobernador de Alabama manifestó la semana pasada, tras conocer la decisión de la juez, que se mostraba “orgulloso” de tener la ley más estricta de todo el país.

El Departamento de Justicia, sin embargo, denuncia el conflicto existente entre la legislación de Alabama y las normas federales porque considera que “conducir a los inmigrantes hacia las sombras solo sirve para impedir los procesos de expulsión establecidos por la ley federal”. El Gobierno ha reforzado su política de control migratorio desde enero de 2009, poniendo un mayor énfasis en la expulsión de inmigrantes indocumentados y con antecedentes criminales. En 2011 está previsto batir un nuevo récord de expulsiones.

La inmigración ha cobrado importancia en Alabama en los últimos años gracias al importante crecimiento de la población hispana. Los hispanos apenas representan el 4% de la población del Estado, pero su presencia ha aumentado un 145% en la última década. Los inmigrantes hispanos acuden a Alabama por la elevada oferta de trabajo en la agricultura y empujados también por otras medidas de inmigración restrictivas en varios estados del sur de EE UU.

Lissette Garcia
RosasSinEspinas

WASHINGTON— El gobierno estadounidense anunció el viernes que mantendrá a las tropas de la Guardia Nacional en la frontera con México al menos hasta fines de septiembre, a fin de ayudar a combatir la inmigración ilegal y la violencia desatada por el narcotráfico.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que el gobierno de Barack Obama extenderá el despliegue temporal de las fuerzas hasta el 30 de septiembre, en un reflejo de las asignaciones del Congreso para el actual año fiscal.

"La Guardia Nacional está suministrando apoyo y funciones de ordenamiento público, destinadas a contener el tránsito hacia el norte y el tráfico ilegal hacia el sur, el paso de personas, drogas, armas y dinero a granel", dijo el portavoz del departamento, Matthew Chandler.

Los soldados fueron desplegados el verano boreal pasado y el anuncio sobre la extensión de su presencia era muy esperado.

El presidente Obama firmó en agosto una ley de 600 millones de dólares para reforzar la seguridad en la porosa frontera de casi 1,250 kilómetros. La legislación incluyó la contratación de 1,500 agentes de la Patrulla Fronteriza, inspectores de aduana y funcionarios del orden público.

La Casa Blanca inicialmente envió unas 1,200 tropas de la Guardia Nacional para ayudar a llenar la brecha mientras los agentes eran entrenados.

Tanto los republicanos como los demócratas han presionado a Obama para que refuerce la seguridad en la frontera sudoeste, ante la escalada de la violencia de los cárteles de droga en México, que ha cobrado miles de vidas.

Las autoridades mexicanas dicen que Estados Unidos aún no está haciendo lo suficiente para evitar que las armas vendidas en el país lleguen a los cárteles mexicanos, en un círculo que fomenta la guerra de la droga.

Chandler dijo que el departamento está contratando activamente nuevo personal y tomando otras medidas para mejorar la seguridad de la frontera. Sostuvo que la Guardia Nacional "está actuando como un puente crítico" en el intertanto.

Desde su despliegue, los soldados han asistido a la Protección de Aduanas y Frontera de Estados Unidos con la confiscación de más de 6,350 kilos de drogas y la identificación de cruces ilegales, permitiendo la captura de más de 7,000 inmigrantes ilegales, agregó.
(Reuters)

La policía tendrá más libertad para indagar sobre el estatus migratorio de un detenido, de acuerdo con una decisión del Senado, de mayoría republicana. La norma pasaría sin problemas por la Cámara de Representantes
La iniciativa fue aprobada a pesar de las objeciones y emotivas expresiones de los demócratas,que la calificaron con una invitación para acosar hispanos. La votación, con 19 a favor y 12 en contra, fue realizada después de casi ocho horas de debate.

La propuesta será ahora enviada a la Cámara de Representantes, donde se espera que una amplia mayoría republicana también la apruebe.

Eso significa que los oficiales pueden interrogar a cualquier detenido sobre su estatus migratorio, sin importar la razón de su arresto: ya sea por infracciones de tránsito o por crímenes graves, los  policías podrían detener a cualquiera.

La medida que ha impulsado el gobernador republicano Rick Perry, prohíbe a las agencias y gobiernos locales adoptar ese tipo de políticas para sus oficiales y subalternos. Las dependencias que lo hagan recibirán menos subvenciones por parte del Estado.

"Esta iniciativa es un abierto hostigamiento contra los latinos", dijo el senador Mario Gallegos, demócrata por el Estado Houston. "Este proyecto es el más racista, el que afecta más a los latinos y más antiinmigrante que he visto".

Aunque los republicanos en el Senado estaban decididos a dar facultades a los policías, desde la Justicia no se ha reclamado esta medida como necesaria. Los críticos, entre los que hay incluso comandantes policiales de Austin, El Paso, Fort Worth, Houston y San Antonio, temen que la ley será usada para acosar a los latinos y provocar la desconfianza hacia la policía en las comunidades de inmigrantes.

El Congreso de Alabama, en el este de Estados Unidos, aprobó una ley que endurece el trato hacia los inmigrantes indocumentados y es considerada discriminatoria por organizaciones civiles, reportó CNN este viernes.

La legislación fue avalada por la Cámara de Representantes y el Senado estatales, luego de una negociación entre el representante Micky Hammon y el senador Scott Beason, ambos republicanos, de acuerdo con medios locales. Fue enviada al gobernador Robert Bentley, también republicano, para su promulgación y entrada en vigor.

Entre otros aspectos, la ley permite que la policía del estado cuestione sobre su estatus migratorio a cualquier persona sospechosa de ser inmigrante indocumentado, obliga a los empleadores a corroborar el estatus legal de sus trabajadores mediante el sistema federal E-Verify y sanciona con la pérdida de sus licencias de negocios a aquellos que contraten indocumentados.

También obliga a las escuelas públicas a exigir pruebas de residencia a los estudiantes que deseen inscribirse en ellas y prohíbe la educación universitaria a los estudiantes indocumentados, según la agencia EFE.

El impulso a la legislación —que comenzó a mediados de mayo— forma parte de una tendencia contra la inmigración ilegal que se repite en al menos otras nueve entidades de Estados Unidos. La población de origen hispano en el estado aumentó en 144.8% entre 2000 y 2010, de acuerdo con el Censo del año pasado.

La ley es similar a la polémica SB 1070 de Arizona, que fue promulgada en abril de 2010 pero bloqueada en sus partes más controvertidas por una jueza federal. La gobernadora, Jan Brewer, apeló el fallo judicial argumentando que la norma sólo busca fortalecer la seguridad del estado.

Demandas a la vista

La Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, por sus siglas en inglés) criticó la legislación y llamó al gobierno estatal a vetarla o, de lo contrario, enfrentar demandas en su contra.

“Es nuestra esperanza que el gobernador Robert Bentley vete la iniciativa, salvando a su estado del costoso litigio que representaría defender esta ley en una corte federal. Pero si no lo hace, nos veremos en la corte”, señaló la ACLU en su página web.

La organización civil ya ha desafiado legalmente normas similares en Arizona, Georgia, Utah e Indiana.

“(La ley) es un indignante regreso a la era antes de los derechos civiles, e instamos al gobernador Bentley a que vete este erróneo proyecto de ley”, dijo a EFE Cecilia Wang, directora del Proyecto sobre Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) señala que en Estados Unidos habitan unos 10.8 millones de inmigrantes indocumentados, la mayoría de ellos de origen hispano.

Estados Unidos.-Por:Mayra Joli.-El 17 de octubre de 2007, el gobierno comenzó a expedir visas U. Esta visa les permite a ciertos inmigrantes víctimas de algún delito vivir y trabajar en los Estados Unidos con toda legitimidad. Los inmigrantes que reciben la visa U, después de tres años, pueden solicitar una tarjeta de residencia, green card. El gobierno planea expedir hasta 10.000 visas U por año.

Hay varias exigencias que usted tiene que satisfacer a fin de poder solicitar una visa U. Primero, usted tiene que haber sido víctima de un delito tal como la violencia doméstica, el maltrato sexual, la agresión física, el rapto, el encarcelamiento contra su voluntad, el chantaje, la violación, la tortura o el incesto.
También usted tiene que ser la víctima directa del delito, es decir, usted tiene que haber sufrido personalmente el daño físico o mental a consecuencia de dicho delito. Sin embargo, en algunos casos, los parientes de una víctima que fue asesinada, discapacitada o es muy joven también pueden llenar los requisitos para solicitar una visa U como víctimas indirectas.

Otro de los requerimientos para obtener la visa U es que usted tiene que haber ayudado o quiere ayudar a las autoridades de la fuerza pública a investigar o procesar el delito cometido en su contra. Para ilustrar, tal cosa podría ser el darle a la policía una declaración, contestar las preguntas de los funcionarios de la fuerza pública, identificar al sospechoso, declarar en el tribunal o presentar una demanda. Usted debe seguir cooperando con la investigación o el procesamiento del delito en todo momento.
Si cumple con los requisitos para recibir una visa U, usted puede solicitar a su cónyuge e hijos. Si es menor de los 21 años de edad, usted también puede solicitar a sus padres y cualquier hermano o hermana soltera que tenga menos de 18 años. Si le aprueban su solicitud, los miembros de su familia recibirán las mismas garantías que usted.

Junto con el formulario solicitando la visa U, tendrá que presentar una prueba del daño que usted sufrió como víctima de algún delito y la prueba de que ayudó en la investigación del delito. Esta prueba puede incluir fotos, declaraciones de testigos, informes policiales, documentos del tribunal, órdenes de restricción, historiales médicos, y otras pruebas. También, un funcionario de una agencia de la fuerza pública, la policía, el tribunal o la oficina del fiscal tiene que firmar un formulario declarando que usted ha sido útil en la investigación del delito cometido en su contra. Finalmente, usted tiene que presentar una declaración escrita donde describe el delito y explica en qué forma ayudó durante la investigación o el procesamiento del delito.
Si usted solicita a algún miembro de su familia, tendrá que incluir una prueba del parentesco (por ejemplo, el cerificado de matrimonio, la partida de nacimiento o fotos), junto con una solicitud de un permiso de trabajo para cada miembro de su familia.

Si ha quebrantado algunas leyes de inmigración, como el entrar a los Estados Unidos sin haber sido inspeccionado, usted tendrá que presentar, junto con su solicitud de visa U, “un formulario” pidiendo la exoneración de la inadmisibilidad. Si usted recibió cualquier fallo condenatorio penal, también tendrá que presenta este formulario. El gobierno decidirá entonces si le perdona la trasgresión a las leyes de inmigración o el fallo condenatorio penal. Sin embargo, el gobierno, solo en circunstancias extraordinarias, perdonará fallos condenatorios por delitos con violencia o peligrosos.
Los únicos costos necesarios para presentar una solicitud de visa U, es la tarifa de $80 dólares para la toma de las impresiones digitales. Sin embargo, si tiene que presentar “el formulario” pidiendo la exoneración de la in admisibilidad descrito anteriormente, usted tendrá que pagar algunos costos adicionales ($545.00). Según su situación financiera, tal vez, llene los requisitos para pedir una exoneración del pago de todos los costos.

Si en la actualidad usted está en un proceso de deportación ante el tribunal de inmigración, o si un juez de inmigración ya ordenó que le deporten, usted tal vez todavía pueda llenar los requisitos para solicitar una visa U.

Para mas informacion en referencia a su caso en particular, escribanos a la direccion de correo: mayra@jvimmigrationlaw.com

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