Una nueva grieta ha aparecido en la ya dividida oposición venezolana tras las declaraciones de Roberta Jacobson, secretaria de Estado Adjunta de EE UU para Latinoamérica, que en una audiencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense del jueves aseguró que una parte de la dirección de la oposición venezolana había pedido no sancionar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro por las reiteradas violaciones a los derechos humanos en la violenta represión de las protestas.
El ala radical de la oposición, que exige el fin del Gobierno de Maduro desde hace tres meses liderando protestas callejeras, interpretó esa declaración como una maniobra del ala moderada para copar el espacio opositor. Ese ala está representada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), una alianza de partidos políticos calificada hasta de colaboracionista por los más intransigentes del sector radical. El principal portavoz de la Mesa de Unidad, el secretario ejecutivo Ramón Guillermo Aveledo, se movilizó rápidamente para intentar atajar las sospechas. “Nunca un portavoz de la MUD ha planteado a funcionario de país alguno que se dicten sanciones que hagan que el pueblo pague las culpas de sus gobernantes. Tampoco que se exonere a personas de asumir la responsabilidad que acarrea su conducta”, expresó en un comunicado.
Las dudas sobre el papel de la MUD han continuado especialmente por el lento avance del diálogo con el Gobierno. A esto se suma el asalto que el jueves llevaron a cabo las fuerzas policiales a cuatro acampadas estudiantiles en Caracas, que derivaron en la detención de 243 personas. “A casi un mes del inicio de la mesa de diálogo hoy hay más presos, más torturados, más allanamientos e intimidación”, escribió en su cuenta de Twitter el alcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, uno de los líderes, junto a la defenestrada diputada María Corina Machado y el coordinador nacional de Voluntad Popular Leopoldo López, del sector crítico con el Gobierno partidario de intensificar las protestas en las calles.
El proyecto de la llamada Ley de Libertad Venezolana y Protección Democrática, impulsado por congresistas republicanos y demócratas para sancionar a aquellas personas implicadas en la violación de derechos humanos, calza muy bien con el propósito de debilitar al Gobierno defendido por el núcleo duro de la oposición. Sin embargo, de momento parece haberse impuesto en el Congreso estadounidense la tesis que defienden los moderados: cualquier sanción de Estados Unidos afianzaría en el Gobierno la convicción de que las protestas son parte de un ataque transnacional a la revolución bolivariana, una tesis que durante más de una década ha mantenido el chavismo con éxito.
La división de la oposición es ya inocultable y ha obligado a sus portavoces a reivindicarla como una de sus fortalezas en un intento por restarle importancia a las diferencias. Además de López, Machado y Ledezma, en la lista de supuestos responsables de los disturbios están los miembros del partido de López: su número dos, Carlos Vecchio, que hoy está en la clandestinidad, la dirigente estudiantil Gaby Arellano y los alcaldes Lester Toledo y David Smolansky. Todos han sido calificados como terroristas por el ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres.
La oposición venezolana no se reduce a los partidos, pero la alianza que los agrupa es en los hechos el legítimo contrincante al que apunta el Gobierno. El ala que propone tomar la calle hasta provocar la caída de Maduro ha perdido protagonismo dentro de la MUD. Cuando en febrero se hizo evidente que romperían con la estrategia de apostar al desgaste del Gobierno y acumular fuerzas para propinarle una derrota amplia en venideros procesos electorales, María Corina Machado quedó fuera del G7, la instancia política que traza la estrategia de la MUD, y fue sustituida por su colega Stalin González.
La parlamentaria asistía a esas reuniones desde hacía año y medio en representación de la bancada opositora de la Asamblea Nacional. Aunque Aveledo dijo no saber las razones por las cuales Machado había sido relevada como representante de los diputados, cuando se le preguntó hace algunas semanas durante un almuerzo, confesó que parecía lógico que Machado se quedara por fuera después de contradecir la estrategia electoralista trazada por la MUD.
A casi tres meses del inicio de las protestas el ala de Machado, López y Ledezma ha empujado al Gobierno a tomar decisiones difíciles de imaginar a principios de año. Gracias a esta presión la Asamblea Nacional designará a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, y reconsiderará la situación del comisario Iván Simonovis, el preso político más emblemático de la era chavista, cuyos abogados han pedido su excarcelación al Ejecutivo debido a su precario estado de salud.
No es el ala radical, sin embargo, la que se ha sentado con el Gobierno a dialogar. Han sido los moderados encabezados por Aveledo —entre los que están los miembros de Primero Justicia, el partido del ex candidato presidencial Henrique Capriles, el gobernador del estado Lara Henri Falcón, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos Allup, o el miembro de Un Nuevo Tiempo, Omar Barboza— los que han capitalizado esa oferta para posicionarse ante el Gobierno y la comunidad internacional como los interlocutores válidos de la oposición.
Los acuerdos parciales no satisfacen a los radicales. En el fondo cuestionan la decisión de sentarse a la mesa sin condiciones. Para ellos la MUD debía esperar que el movimiento acumulara más fuerzas para, entonces, sí sentarse a negociar. No reniegan del diálogo, pero sí son partidarios de que éste produzca cambios inmediatos. Un movimiento clave es la liberación de Leopoldo López. A casi tres meses de su detención aún no se ha celebrado la audiencia preliminar, que determinará si queda en libertad o si es enjuiciado como uno de los principales responsables de la ola de violencia en Venezuela. El pasado 29 de abril, el dirigente festejó su 43 cumpleaños en la cárcel.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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