El Gobierno israelí amenaza con romperse. Las negociaciones de una nueva ley, que debe regular quién está obligado a ir al Ejército y quién no, han desatado una tormenta política, que mantiene al Ejecutivo de coalición pendiente de un hilo. Kadima, el partido de centro-derecha que se subió al carro gubernamental con la promesa de que conseguiría obligar a los ultrarreligiosos a alistarse en el Ejército, teme ahora defraudar a sus votantes. El diario Haaretz, que cita a fuentes de varios partidos, publica que Shaul Mofaz, el líder de Kadima y viceprimer ministro israelí, estaría dispuesto a dejar el Gobierno del derechista Benjamín Netanyahu, antes de incumplir su promesa y perder la escasa popularidad que le queda.
Mofaz ha dicho que si la nueva ley no está sobre la mesa el próximo domingo, se pasará a la oposición. La ley en cuestión debe ampliar el servicio militar obligatorio para los estudiantes de las escuelas talmúdicas y debe también regular si los palestinos con pasaporte israelí hacen algún tipo de servicio social sustitutorio. El tribunal constitucional que declaró ilegal la anterior ley por considerarla discriminatoria, ha dictado que el 1 de agosto es la fecha límite para aprobar un nuevo texto legislativo.
La composición del Ejército es una cuestión crucial en Israel, donde las fuerzas armadas forman la columna vertebral de un país, que dice estar en guerra permanente y que mantiene una ocupación militar sobre los palestinos desde hace 45 años. El servicio militar es obligatorio —tres años para los hombres y dos para las mujeres— y una vez terminado, los israelíes pasan a la reserva hasta bien entrados los 40.
Desde 1948, fecha de la creación el Estado de Israel, los haredim —temerosos de dios— que dedican su vida al estudio de los textos bíblicos, están exentos de hacer la mili. David Ben Gurión, padre fundador de Israel, concedió este privilegio a los cerca de 400 estudiantes ultrarreligiosos de aquellos días. Desde entonces, el crecimiento de los haredim, que tienen una media de casi siete hijos, se ha disparado. Hoy rondan el 11% de la población israelí. La inmensa mayoría no va al Ejército y tampoco trabaja, al tiempo que disfrutan de importantes subsidios estatales. Los sectores laicos de la población exigen con creciente fuerza el fin de las prerrogativas a los religiosos, que junto con los palestinos-israelíes suman un tercio de la población del país.
Los haredim, socios también del actual Gobierno, han amenazado con tomar las calles si les obligan a hacer la mili. Ellos se consideran a sí mismos un Ejército de estudiantes, cuyas oraciones estiman cruciales para la supervivencia del país. En el bando contrario, 20.000 israelíes, la gran mayoría laicos, se manifestaron el pasado fin de semana en Tel Aviv para exigir el alistamiento de los ultrarreligiosos y han anunciado nuevas movilizaciones para los próximos días. La división se profundiza al tiempo que el conflicto intraisraelí se agudiza.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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