Según la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, la Ley 1462 aprueba el acuerdo suscrito entre Colombia y la República Popular China en Lima, Perú, en noviembre de 2008. La intención de la iniciativa es que los Gobiernos de ambos países promuevan en sus naciones las inversiones de la contraparte, y las admitirán de conformidad con su legislación.
Se comprometen a "que ninguna de las dos naciones tomará medidas no razonables o discriminatorias en contra de la administración, mantenimiento, uso, disfrute, disposición y liquidación de dichas inversiones", afirma el documento y señala que se propenderá porque las inversiones de los empresarios del otro país tengan un trato justo y equitativo, y les otorgará protección y seguridad plenas en su territorio.
El acuerdo tendrá una duración de 10 años y se prolongará automáticamente por un período igual. Transcurrido ese tiempo, este convenio puede ser denunciado por cualquiera de las partes contratantes, con una notificación previa de 12 meses, enviada por medios diplomáticos.
Además, con la Ley 1464 del 2011 se aprueba el Acuerdo Bilateral para la Promoción y Protección de Inversiones entre Colombia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, elaborado en Bogotá el 17 de marzo de 2010. Concede el beneplácito del Entendimiento sobre el trato justo y equitativo en el Acuerdo Bilateral entre las dos naciones, firmado en Londres el 19 de mayo de 2009.
Cada país otorgará a las inversiones de la otra parte realizadas en su territorio, un trato no menos favorable que el otorgado, en circunstancias similares, a sus propios inversionistas. Según el acuerdo, en el caso de que se produzca una expropiación, el Estado que adopte dicha medida debe proporcionar una compensación pronta, adecuada y efectiva.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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