El Gobierno enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para introducir un mecanismo de ajuste automático de la tarifa técnica de electricidad que refleje los cambios en los costos de la generación, transmisión y distribución.
La primicia sobre el proyecto, que se espera sea aprobado para finales de septiembre de este año, está contenida en la carta de intención correspondiente a la quinta y sexta revisión del Acuerdo Stand-By que el Gobierno remitió al Fondo Monetario Internacional (FMI), que será conocida por ese organismo el próximo viernes 15 de julio.
En el documento enviado al FMI el Gobierno deja claro que “en caso de un incremento significativo en los precios del petróleo antes de que se apruebe la ley, las autoridades ajustarán la tarifa eléctrica, pasando los costos más altos de la generación a los clientes, evitando desbalances financieros mayores al sector eléctrico, y manteniendo el mismo subsidio de electricidad, incluido en la modificación presupuestaria reciente”.
En la carta de intención, firmada por el gobernador del Banco Central (BC), Héctor Valdez Albizu, y los ministros de Hacienda y de Economía, Daniel Toribio y Temístocles Montás, respectivamente, el Gobierno reitera el compromiso con la estrategia y las políticas descritas en las anteriores cartas de intención, que prevén una consolidación fiscal del 1% del producto interno bruto cada año en 2011 y 2012. El objetivo es ayudar a proteger la sostenibilidad fiscal y recuperar el espacio tributario, en el contexto de una economía de crecimiento, con su producción cerca de su nivel potencial, según indica el documento.
También el BC plantea que aunque cree que la inflación está bajo control, está preparado para ajustar la tasa de interés de política según sea necesario, para cambiar a una postura de política más restrictiva, con el objetivo de lograr la meta de la inflación.
La institución reconoce el riesgo del aumento de la inflación en el contexto de las alzas de los precios internacionales de alimentos y combustibles, así como de una economía que crece a niveles cerca de su potencial. Las autoridades monetarias solicitaron varias dispensas al FMI, una de no observancia de un criterio de desempeño relacionado con el déficit corriente del sector eléctrico para fines de junio de este año, y la otra de aplicabilidad sobre los criterios de desempeño fiscal, debido a que la información no está disponible todavía.
La carta enviada cita que el PIB real creció 7.8 por ciento en el 2010, con la actividad económica, manteniéndose fuerte en el último trimestre. “El crecimiento es de base amplia y se apoya en una fuerte demanda privada interna, por las exportaciones y el turismo”, plantea el documento, publicado en otra parte de esta edición.
Recursos que podrían llegar
El BC aseguró que –aprobadas la quinta y sexta revisión del acuerdo Stand-By- el país estaría en condiciones de recibir en la segunda mitad del año los recursos pendientes de desembolso programados en la Carta de Intención y en el Presupuesto Nacional, por más de US$1,100 millones.
Explica que, primero, por parte del FMI, se recibirá de manera inmediata, 218.9 millones de Derechos Especiales de Giro, que a la tasa de 1.60042 US$/DEG ascienden a unos US$350.34 millones, de los cuales unos US$133.38 millones serán consignados para el gobierno central y los restantes US$216.96 millones para fortalecer las reservas internacionales del BC.
La aprobación de la carta facilitaría la colocación de los US$500 millones de bonos soberanos en los mercados internacionales como apoyo presupuestario, en julio.
Eso permitirá, en adición, que se aprueben los desembolsos de los recursos para apoyo presupuestario previstos del Banco Mundial, por unos US$70 millones y el BID por unos US$200.0 millones, los que sumados ascienden a unos US$270 millones.
“El influjo de estos recursos, unido al mantenimiento de una política monetaria y fiscal consistente con las condiciones externas, contribuirá a mantener la estabilidad macroeconómica de RD”.
Los pasos que se han dado
Entre las explicaciones que las autoridades dominicanas ofrecen al FMI se destaca la emisión de un decreto por parte del Gobierno –aplicado desde abril de este año- sobre la reducción de las asignaciones presupuestarias de un 12 por ciento a las instituciones estatales (excluyendo algunos ministerios).
Las autoridades informan, asimismo, al organismo internacional sobre otras medidas implementadas para incrementar las recaudaciones.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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