El Tribunal Supremo de México ha sentenciado que aquellos soldados involucrados en presuntas violaciones de los Derechos Humanos tendrán que ser juzgados por tribunales civiles y no por cortes militares como hasta ahora. La decisión, calificada de histórica por los medios mexicanos, supone un duro revés para el presidente Felipe Calderón y su política de mano dura contra el narcotráfico. La violencia de las bandas criminales asociadas al narcotráfico ha causado más de 35.000 muertos desde su llegada al poder, en diciembre de 2006.
Los magistrados del alto tribunal han decidido por unanimidad, aunque con los votos particulares de tres de ellos, respaldar la doctrina del conocido como caso Radilla (la desaparición forzosa del activista Rosendo Radilla. ocurrida en el estado de Guerrero en 1974, de la que se responsabilizó al Ejército) según la cual "frente a situaciones que vulneren los Derechos Humanos de civiles bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar". En última instancia,el Tribunal Supremo asumirá los casos en que haya un conflicto de competencias entre los tribunales castrenses y los civiles o entre los estatales y los federales, según informa el diario El Universal.
Detenciones ilegales
Nada más llegar a la presidencia, Calderón declaró la guerra sin tregua a los carteles de la droga y desplegó a miles de tropas en ciudades como Ciudad Juárez para contrarrestar su poder. Desde entonces han sido numerosas las denuncias contra el Ejército por su forma de proceder en su batalla contra el ascenso del narcotráfico. Organizaciones de Derechos Humanos han contabilizado cientos de casos en los que el papel del Ejército ha quedado en entredicho.
El fallo conocido hoy restringe el foro militar cuando podría haber mediado algún tipo de abuso por parte de los uniformados. El Supremo asegura que en los casos en los que el denunciado es miembro de las Fuerzas Armadas y la presunta víctima es un civil, el asunto debe de ser despachado por una corte ordinaria.
Durante los últimos años, los casos de presuntos abusos se han convertido en algo frencuente en México, ya que en muchas ciudades del país el Ejército ha asumido poderes policiales y mantiene contacto directo y a diario con la población. Los soldados han sido acusados de abrir fuego contra civiles en puestos de control en áreas infestadas de carteles de la droga y de llevar a cabo detenciones ilegales.
El Gobierno mexicano respeta y acata la decisión
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos asegura que ha recibido más de 5.000 denuncias en las que se documentan casos de posibles abusos desde que Calderón sacara de los cuarteles a los militares, una estrategia que por ahora no ha valido para frenar la violencia y las muertes en el país. La mayoría de esas denuncias, según este organismo, han caído en saco roto y solo un mínimo porcentaje han desembocado en un juicio militar y en una posterior condena.
Esta es la razón principal por la que los grupos en defensa de los derechos humanos han aplaudido este hito judicial. El Gobierno méxicano, por su parte, ha dicho que respeta la decisión de los jueces y que la acatará. En un comunicado conjunto, la Secretaría de la Defensa Nacional, de Gobernación y de la Marina Armada de México reiteran su respeto al máximo tribunal del país: "La presente administración refrenda el compromiso por el respeto a la legalidad y el Estado de Derecho como base fundamental de toda sociedad democrática". La ministra de Asuntos Exteriores, Patricia Espinosa, ha asegurado que la decisión del Supremo fortalece el respeto a los derechos humanos en el país norteamericano.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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