El expresidente egipcio Hosni Mubarak y sus dos hijos, Alaa y Gamal, van a ser juzgados por la muerte de manifestantes durante las protestas que forzaron la dimisión del exmandatario el pasado 11 de febrero, después de 20 años en el poder. La Fiscalía General, que ordenó su detención el pasado 13 de abril, les ha ordenado presentarse ante el Tribunal Penal de El Cairo. Los tres han sido acusados también por tres delitos de corrupción: tráfico de influencias, daños premeditados a los fondos del Estado y enriquecimiento ilícito.
Según el informe de la comisión oficial creada para investigar la represión de la revuelta, 846 personas fallecieron por agresiones de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones. El documento incluye el testimonio de un policía que recibió la orden de disparar contra los manifestantes, y los investigadores aseguran tener pruebas de que hubo francotiradores en las azoteas de la plaza de Tahrir, epicentro de las protestas.
Un día antes de su arresto, el exmandatario tuvo que ser hospitalizado al sufrir una crisis cardiaca mientras estaba siendo interrogado, lo que obligó a las autoridades a mantenerle detenido en un hospital de Sharm el Sheij, donde se refugió tras su dimisión.
El 24 de abril, la Fiscalía ordenó su envío a un hospital militar de El Cairo, después de que los médicos que le atendían dictaminaran que estaba en condiciones de viajar, aunque se desconoce cuándo será trasladado. La prisión de Tora, destino final de Mubarak, acoge ya a sus hijos.
Tres exministros de Mubarak han sido también arrestados por corrupción, acusados de desvío de fondos y blanqueo de dinero. Se trata de los extitulares de Interior, Habib el Adli; Vivienda, Ahmad el Maghrabi, y Turismo, Zoheir Garranah. El titular de Interior ha sido ya procesado y condenado a 12 años de prisión por estos cargos, aunque ahora se enfrenta a un nuevo juicio como responsable directo de la muerte de los manifestantes.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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