México culmina la reforma que limita el poder de Slim y Televisa

El Senado de la República de México dio este viernes su aprobación a una de las iniciativas económicas más trascendentales de los últimos años: la reforma de las telecomunicaciones. La transformación del sector, dominado por los titanes Carlos Slim (América Móvil) y Emilio Azcárraga Jean (Televisa), se había convertido en el termómetro de la capacidad del presidente, Enrique Peña Nieto, para enfrentarse a los grandes poderes del país. El resultado ha sido un cambio en las reglas de juego, con una clara limitación de los perímetros empresariales de ambos gigantes y la creación de mecanismos de control. Pero la tramitación parlamentaria, larga, farragosa y a veces tumultuosa, ha traído consigo también cierta dilución de las ambiciones originales. La reforma de las telecomunicaciones, cuya letra pequeña se aprobó el viernes, es una de las joyas de la corona del gran proyecto reformista emprendido en 2012 por Peña Nieto, con apoyo del PAN, a su derecha, y del PRD, a la izquierda. El acuerdo, denominado Pacto por México, propugna una profunda transformación de la anquilosada estructura política y económica mexicana. Aunque el PRD se apeó de este consenso a causa del próximo desmantelamiento del monopolio petrolero, el PRI de Peña Nieto aún conserva la fuerza suficiente para sacarlo adelante. En la votación del viernes la iniciativa fue aprobada con 80 votos a favor y 37 en contra. El PRD rechazó en bloque el paquete legislativo, mientras que el PAN, tradicional aliado del PRI en el proceso reformista, registró una amplia dispersión de voto. Esta desunión revela las grietas abiertas por los intereses contrapuestos del sector. La piedra angular de la regulación es el concepto de preponderancia, con el que se pretende evitar los abusos de posición dominante. Bajo esta definición, fruto de la reforma constitucional de junio de 2013, caen aquellas compañías que en su sector tengan directa o indirectamente más del 50% de audiencia, tráfico, usuarios o suscriptores. La ley considera que esta atalaya distorsiona la libre competencia y permite a dichas empresas influir determinantemente en precios y servicios. Para controlar el mercado se creó, bajo mandato constitucional, un organismo autónomo, el Instituto Federal de la Competencia. Su primer dictamen, en marzo pasado, dio el primer calambrazo a Slim y Azcárraga. El instituto estableció que el primero, una de las mayores fortunas del mundo y que controla el 84% de la telefonía fija y el 70% de la móvil, debía compartir sus infraestructuras con los competidores. Y Televisa, con el 60% del mercado, ofrecer gratuitamente la señal a las televisiones de pago. El principal debate llegó a la hora de fijar el radio de acción de la preponderancia. El PRI apostó desde el primer minuto a que se midiese por sector, es decir, sólo en dos áreas: radiodifusión y telecomunicaciones. Esta propuesta soliviantó a numerosos parlamentarios de la oposición que consideraban que, al no acotar más el campo de juego, se cedía ante Slim y Azcárraga. A cambio propusieron que la preponderancia se determinase por servicio (televisión en abierto, de pago, radio, internet, telefonía móvil y fija), lo que permitía un espacio de maniobra mucho mayor al organismo controlador. Los dos líderes del PRD y del PAN defendieron esta postura. Anoche, el debate seguía abierto en el Senado, que se enfrascó en una sesión maratoniana para tratar punto por punto las leyes secundarias. La legislación aprobada, que el martes será ratificada en la Cámara de los Diputados, también permite una red de dos velocidades, de forma que determinados proveedores, a un coste más alto, puedan ofrecer mayor potencia de descarga. Esta medida, que en Estados Unidos, ha levantado críticas por acabar con la “neutralidad” de la web al someter la calidad del servicio a la capacidad de pago de usuario. Otro aspecto polémico es la posibilidad que otorga la norma para bloquear en una zona determinado las telecomunicaciones ante “la comisión de delitos”. Para las organizaciones cívicas este apartado permitirá el apagón comunicativo en manifestaciones o actividades de protesta. Lissette Garcia RosasSinEspinas