El juez inculpa a Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias

Por vez primera en la historia de la V República, un expresidente, Nicolas Sarkozy, fue detenido ayer por la mañana y trasladado a los locales de la Oficina Central para la Lucha contra las Infracciones Financieras y Fiscales (OCLCIFF) de la Policía Judicial, en Nanterre, al oeste de París, para intentar esclarecer su posible implicación en un escándalo de escuchas telefónicas y tráfico de influencias. Tras declarar durante más de quince horas, pasó a disposición del juez de instrucción, ante el que fue trasladado para prestar declaración. El magistrado inculpa al expresidente por «corrupción activa, tráfico de influencias y revelación de secretos». Posteriormente deberá decidir sobre su puesta en libertad con cargos o su eventual ingreso en prisión, con o sin fianza. Dos jueces instructores y la Policía Judicial sospechan que Sarkozy y su abogado pudieron beneficiarse de las filtraciones de dos magistrados amigos, que les habrían comunicado informaciones sensibles sobre la instrucción de otros escándalos en los que está implicado el expresidente. Algunos medios hablan de una «red de topos», instalados en el corazón de la magistratura, consagrados a informar discretamente a Sarkozy sobre la evolución procesal de varios casos que le afectan El interrogatorio de Sarkozy no comporta culpabilidad. Pero parece subrayar unas sospechas de final imprevisible. El expresidente es interrogado en el marco de una investigación sobre posible «tráfico de influencias» y «violación del secreto de la instrucción». En la noche del lunes, los inspectores de la PJ registraron los despachos y detuvieron, de manera provisional, sin cargos, al abogado de Sarkozy, Thierry Herzog, y a dos magistrados del Supremo, Gilbert Azibert y Patrick Sassoust, que pasaron la noche del lunes al martes en una celda especial de la OCLCIFF. Según varias fuentes fiables, Herzog ha sido inculpado de posibles delitos relacionados con la violación de secretos de instrucción. Sarkozy se considera víctima de un «acoso judicial sin precedentes», que comenzó el 2013, cuando la fiscalía parisina ordenó a la policía pinchar, poner bajo vigilancia y escucha secreta, todos los teléfonos personales del ex presidente. Sarkozy considera ilegales unas escuchas que han sido prolijamente filtradas a la prensa, con revelaciones de cierto alcance político y jurídico. La filtración del contenido de conversaciones privadas, grabadas por orden judicial, puede ser un delito de violación del secreto de la instrucción de un proceso en curso. Opciones Tras su interrogatorio por el juez, Sarkozy se enfrenta a un calendario jurídico que complica mucho su calendario político personal. La guardia pretoriana del expresidente estima, sin embargo, que «nada lo detendrá, ni modificará sus proyectos políticos». El juez podría dejar en libertad al expresidente con cargos, considerando que su testimonio es relevante en la instrucción de un escándalo de posible tráfico de influencias, entre un ex jefe del Estado, su abogado y dos magistrados del Tribunal Supremo. No obstante, le puede anunciar que no debe descartar otro interrogatorio como «testigo privilegiado» de un escándalo en curso de instrucción. Las tribulaciones personales y judiciales de Sarkozy caen en el peor momento para su propio partido, la Unión por un Movimiento Popular (UMP), víctima de otro escándalo interno, relacionado con la financiación de la campaña presidencial de 2012 con facturas falsas. Ese escándalo ha precipitado la dimisión de todo el equipo dirigente del partido de Sarkozy durante la campaña presidencial que concluyó con la victoria de Hollande. Lissette Garcia RosasSinEspinas