La Fiscal General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha informado al mediodía de este martes que las protestas que se escenifican desde el lunes en todo el país para exigir un recuento de los votos emitidos en las elecciones presidenciales del domingo, han arrojado un saldo de siete muertos y 61 heridos.
Poco antes, la agencia oficial de noticias, AVN, había informado de cuatro muertes en los estados de Miranda, Táchira y Falcón.
Casi al unísono, el presidente electo Nicolás Maduro prometió “mano dura contra el fascismo”. El mandatario prohibió de antemano la anunciada marcha que la oposición realizaría este miércoles hacia la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas. “Que me derroquen, si quieren”, retó, e instó a los medios de comunicación privados, en particular a las televisoras privadas Venevisión y Televén, a decidir “si están con la patria". "Ha llegado la hora de las definiciones a Venezuela”, ha declarado.
La titular del Ministerio Público también dio a conocer la detención de 135 ciudadanos presuntamente implicados en actos violentos, que serán presentados el miércoles ante los tribunales.
Díaz, ficha del chavismo, anunció que se abrirá una investigación contra los detenidos, a quienes se les podría imputar por los delitos de “instigación al odio, desobediencia de las leyes y rebelión civil”. Al tiempo que advertía que se les podrían confiscar sus bienes, aseguró además que, de determinarse que actuaron de modo articulado, podrían ser acusados de “asociación para delinquir”, delito previsto en el código penal.
El presidente de la Asamblea Nacional y número dos del partido gobernante, Diosdado Cabello —exteniente del ejército— ordenó el inicio de una investigación sobre los hechos de violencia y, en particular, sobre la incitación que achaca al comando del candidato opositor, Henrique Capriles Radonski. “Cuatro niñitos ricos no van a desordenar el país”, aseguró, mientras por la capital venezolana circulan con insistencia rumores acerca de un inminente auto de detención contra el candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y también gobernador del estado Miranda.
La fiscal Díaz Ortega recordó su propia figuración personal durante los días del paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, cuando, dijo, debió atender denuncias de atentados contra los bienes del pueblo. “Este es el mismo formato”, aseguró.
Lissette Garcia
RosasSinEspinas
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